Septiembre 11, 2022

¿Qué se requiere ahora, después que Chile estuvo al borde del barranco? Por Sergio Muñoz Riveros

Ex-Ante

Es aconsejable que los partidos se tomen un tiempo para reflexionar respecto de cómo mejorar nuestras instituciones, y no provocar problemas peores que los que se intenta corregir. La cuestión constitucional no debe tapar a Chile. Son demasiados los problemas que deben atenderse en un contexto de recesión de la economía y reactivación del vandalismo urbano. Los cambios constitucionales deben discutirse en el Congreso. Esperemos que el gobierno actúe con sentido de Estado.


Si el proyecto de la Convención se hubiera aprobado en el plebiscito del 4 de septiembre, tal como querían Gabriel Boric y Michelle Bachelet, en este momento el país se encontraría en una situación muy crítica. Habría representado un paso hacia el dislocamiento institucional, la desorganización de la economía y la extrema incertidumbre social. Habría sido una señal definitiva para el éxodo de muchos inversionistas.

Y habría representado la exaltación sin límites del PC, el Frente Amplio y el resto de la izquierda radical, que habrían visto colmadas sus expectativas de cambiar el país hasta convertirlo en otro que cumpliera los requisitos de la sociedad feliz que promueven. Habría comenzado la refundación de Chile, que anunció Elisa Loncón al inaugurarse la Convención, cuando el griterío contra el himno nacional dio una señal clara de lo que venía.

La Convención fue un experimento que habrá que recordar como una muestra de hasta dónde puede llegar el desvarío político, la confusión entre lo real y lo imaginario, la intoxicación ideológica que no mide consecuencias. Fue heredera directa de otro momento que también se ganó un lugar en la historia, por la suma de cegueras y acomodos que representó: el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, suscrito el 15 de noviembre de 2019 bajo la presión de la violencia salvaje en las calles.

Fue firmado por todos los partidos, excepto el PC y una parte del FA, que entonces preparaban la primera acusación constitucional contra el presidente Piñera, a la que luego sumaron sus votos todos los partidos opositores.

Aquel acuerdo tuvo la apariencia de un consenso en favor de la pacificación y la concordia, pero fue una argucia que ligó la posibilidad de poner fin a la violencia con la redacción de otra Constitución. Fue también una forma de escapismo de los parlamentarios, que posaron como líderes de la República en el momento en que se hacían a un lado de las decisiones constitucionales y abrían la puerta a la creación de un segundo parlamento. El acuerdo no trajo la paz, multiplicó el populismo constitucional, alentó los negocios políticos identitarios y metió al país en un laberinto. Todos los partidos llevan velas en el entierro. También el gobierno pasado.

La aventura constituyente está unida indisolublemente a la revuelta de octubre de 2019, cuyos instigadores buscaron empujar a Chile al caos y el desgobierno. Casi lo consiguieron. Interpretado en clave de “igualdad social”, el octubrismo aportó un relato justiciero a la elección de la Convención, lo que en su momento intimidó a mucha gente porque parecía representar el signo de los tiempos.

La vieja izquierda, tributaria del modelo bolchevique/ castrista para conseguir la felicidad del pueblo, se asoció con la nueva izquierda, que surgió a la vida política en un contexto de amplias libertades y dinamismo económico, y avanzó por las grandes alamedas construidas durante 30 años. Ese fue el eje del proyecto de Constitución avalado por el gobierno. Lo redactaron los convencionales del FA y el PC, y lo respaldaron los representantes de la centroizquierda que se rindieron ante el ultraizquierdismo.

En la Convención, sacaron amplia ventaja los colectivos identitarios, a los que solo les interesaba su cuota de poder en el texto. Por ejemplo, la paridad adquirió casi rango filosófico, al punto de que ya se habla fácilmente de “democracia paritaria”, lo que equivale, entre otras cosas, a negar el principio de “una persona, un voto”.

Los grandes triunfadores en la Convención fueron, sin duda, los activistas del indigenismo, que convencieron a 2/3 tercios de los convencionales de que era posible desmembrar a Chile sin dolor. Por supuesto que se veían a sí mismos a la cabeza de las nuevas naciones que se iban a crear.

No pocos académicos y políticos se daban cuenta de que el proyecto refundacional era el germen de duros conflictos y quizás el inicio de una fractura devastadora en la vida del país y, sin embargo, prefirieron cerrar los ojos y apoyarlo de todos modos, confiando en que después se arreglaría con algunas leyes, o priorizando otras motivaciones, como no distanciarse de Boric.

El PC describió el plebiscito como la batalla en la que, al parecer, comenzaba la revolución. Y fracasó.

El país reaccionó en el límite. Después de tres años de graves confusiones, período en el que el miedo hizo lo suyo, se produjo finalmente la respuesta a la acumulación de malas señales para nuestra convivencia. Tiene un enorme valor que una mayoría tan contundente se haya expresado en todo el territorio. Se trató de una respuesta en legítima defensa ante el riesgo de que el país retrocediera en todos los ámbitos.

¿Qué se requiere ahora? De partida, extraer algunas enseñanzas de todo lo ocurrido. En lo posible, no tropezar con las mismas piedras. Es aconsejable que los partidos se tomen un tiempo para reflexionar respecto de cómo mejorar nuestras instituciones, y no provocar problemas peores que los que se intenta corregir. La cuestión constitucional no debe tapar a Chile. Son demasiados los problemas que deben atenderse en un contexto de recesión de la economía y reactivación del vandalismo urbano. Los cambios constitucionales deben discutirse en el Congreso. Esperemos que el gobierno actúe con sentido de Estado.

La mayor necesidad de este momento es reforzar la estabilidad y la gobernabilidad. Eso implica sostener el orden legal y favorecer un clima de confianza y cooperación. Es alentador que hayamos sido capaces de reaccionar a tiempo ante la amenaza surgida. No está completamente conjurada, pero se han creado mejores condiciones para defender la cohesión del país y fortalecer el régimen democrático.

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