La convención constitucional partió (literalmente) con el pie izquierdo cuando un sector de los convencionales llamo a rodear su sede para provocar un enfrentamiento con carabineros, que obligó a suspender el acto inaugural. Desde ese momento el triste espectáculo no ha parado.
El desarrollo de la convención se ha dado en un clima de descalificaciones, funas, exclusiones, arbitrariedades, intentos reiterados de ignorar el marco jurídico que regula su funcionamiento; con una mayoría que ha optado por pasar la aplanadora lo que la ha convertido en un campo de batalla ideológico que exacerba las diferencias por sobre la búsqueda del consenso.
Hasta ahora los sectores izquierda que dominan la convención y sus máximas autoridades estaban en modo de “negacionismo”; en vez de corregir y enmendar los errores y las malas prácticas, rechazaban las críticas como parte de una campaña de la derecha y sectores que siempre fueron hostiles a la idea de una asamblea constituyente.
Sin embargo, la situación ha evolucionado ante la evidencia incontrovertible de que la mayoría de las normas aprobadas en las comisiones sobre temas fundamentales, como el sistema de gobierno y justicia y derechos fundamentales, están tan mal elaboradas, son tan confusas, incoherentes que si se ratifican podrían resultar en el rechazo del texto de nueva constitución.
Cada día son más los sectores que manifiestan públicamente una visión crítica de los frutos del trabajo de la convención, incluyendo a personeros de la centro izquierda como el grupo de “Los Amarillos” y otros militantes de partidos miembros de la coalición de gobierno.
Por primera vez en la izquierda y sobre todo en el gobierno cunde el pánico de que, si no se corrigen los errores, existiría el riesgo de que el texto propuesto por la convención sea rechazado. O que una aprobación paupérrima de la nueva constitución perpetúe el conflicto político afectando la gobernabilidad; lo que provocó una reunión inédita de los colectivos desde la izquierda a la derecha, que se extendió por cinco horas para buscar acuerdos.
Ante la incertidumbre del resultado del plebiscito de salida han surgido voces que buscan modificar las reglas que lo regulan, para poder ofrecer una tercera opción que evite que el rechazo derive en la mantención de la constitución actual; lo que le restaría dramatismo al rechazo.
Para algunos la nueva opción consistiría en convocar a una nueva convención y para otros que sea el congreso el que redacte la nueva constitución que posteriormente sea plebiscitada.
Curiosamente esta idea encuentra adeptos en todos los sectores, aunque por razones muy diferentes. Para los detractores del proceso constituyente porqué haría mucho más fácil abortar el trabajo de la convención; creen, con razón que una mayoría optaría por el rechazo si sabe que no significa un callejón sin salida que mantiene vigente la constitución de “Pinochet”. Y para la izquierda porque evita tener que gobernar con las restricciones y limitaciones que le impone la constitución actual.
En lo personal reconozco que la idea es tentadora porque el proyecto de constitución que está emergiendo es mucho peor que los defectos de la constitución actual; afectará negativamente la inversión, el empleo, el crecimiento, la independencia de poder judicial, los derechos civiles, perpetuará la incerteza jurídica en la macrozona sur, aumentará la desigualdad y la movilidad social.
Pero el fin no justifica los medios. Los chilenos votaron en octubre de 2021 y a abrumadoramente aprobaron la convención constitucional; luego, respetando las reglas fijadas se eligió a los convencionales. Así funciona el Estado de Derecho y se debe respetar.
Cambiar las reglas porque el resultado del trabajo de una convención elegida democráticamente no nos gusta es una propuesta indecente que atenta contra todos los valores y principios de la democracia; y contraproducente porque destruiría de manera irreversible la fe y la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en los políticos. La gente simplemente se sentiría estafada, se instalaría un conflicto político acompañado de movilizaciones violentas que nos retrotraería a noviembre del 2021.
La conducta democrática es participar en el plebiscito de salida y jugársela por la opción de nuestra preferencia. La circunstancias son muy diferentes pues el 25 de octubre era lógico que la mayoría de los ciudadanos eligieran la fórmula más democrática y participativa para elaborar una constitución. Ahora, lo que se vota es el contenido de la propuesta y el resultado dependerá de que los partidarios del rechazo sean capaces plantear sus reparos de forma tal que los ciudadanos puedan comprender lo que está en juego.
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