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El Ministerio de Educación pidió la renuncia a Loreto Orellana, nombrada en agosto pasado por Boric tras ganar un concurso público. La profesional había emitido el 23 de diciembre -8 días después del triunfo de Kast- dos circulares que flexibilizan los reglamentos de disciplina escolar en los colegios. También estuvo detrás del dictamen que impide cancelar la matrícula de alumnos por deudas arancelarias.
Siete meses en el cargo. La tarde del martes, tras una reunión con el subsecretario de Educación Daniel Rodríguez, se informó la salida del cargo de la superintendenta de Educación, Loreto Orellana Zarricueta. La autoridad hará uso de días administrativos pendientes antes de dejar la institución.
- Psicóloga de la U. Católica y magíster en Políticas Públicas de la U. Diego Portales era la primera mujer en desempeñar el cargo y había sido designada el 14 de agosto de 2025 por el exPresidente Gabriel Boric, tras postular en un concurso de Alta Dirección Pública (ADP).
- Previamente había trabajado como asesora de la Supereduc y en el Ministerio de Educación durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet.
- El Presidente José Antonio Kast no hará uso en este caso de una de las 12 “balas de plata” que tiene como Mandatario y que lo facultan a designar autoridades y jefes de servicio de forma directa, en cargos que deben ser elegidos vía ADP. Por lo que se va a nombrar un subrogante en la superintendencia mientras se realiza el concurso.
- En su breve gestión, Orellana había sido cuestionada por el actual oficialismo por varios dictámenes y oficios que emitió desde la Superintendencia y que flexibilizaban las normas de disciplina escolar en los colegios.
- También trabajó en la elaboración y defensa del polémico dictamen 75 de 2025 que prohíbe expulsar alumnos por la morosidad de sus apoderados en el pago de los aranceles, decisión que para muchos establecimientos subvencionados pone en riesgo su viabilidad económica.
Revisión de medidas. En particular las autoridades del nuevo gobierno calificaron como “amarre ideológico” dos oficios emitidos por Orellana el pasado 23 de diciembre, pocos días después del triunfo de Kast en segunda vuelta.
- Estos obligan a los colegios -públicos y privados- incluir en sus reglamentos “perspectiva de género” y “autonomía progresiva” de los estudiantes.
- La circular N° 782 instruye a los planteles priorizar medidas formativas por sobre las punitivas, además de restringir los casos de expulsiones y cancelación de matrículas.
- En tanto la circular N° 781 mandata a los colegios a incorporar en sus reglamentos internos los principios de autonomía de los adolescentes y clarificar los protocolos de actuación en materia disciplinaria.
- Pese a que comenzarán a regir con el inicio del año, ambas circulares ponen el 30 de junio de 2026 como plazo fatal para que los colegios adecúen sus reglamentos internos a las nuevas normativas.
- Los oficios plantean una restricción fuerte a la expulsión de los alumnos como medidas disciplinarias ya que refuerza el principio de proporcionalidad de las sanciones y la obligación de aplicar previamente medidas formativas o psicosociales antes de iniciar la cancelación de matrícula, salvo en casos gravísimos.
- Se define que las faltas sancionadas deben ser objetivas, y las sanciones deben ser graduales, no pueden ser discriminatorias y deben considerar el género. Tampoco puede aplicarse más de una sanción por el mismo hecho.
- Para las nuevas autoridades de educación, esto atenta conta la libertad de enseñanza de los colegios y dificulta la aplicación de medidas disciplinarias en un contexto de problemas de convivencia escolar y violencia en los establecimientos.
- Las nuevas autoridades de Educación -equipo que lidera la ministra María Paz Arzola- revisará en detalle estas disposiciones y podrían ser revertidas su así lo estiman.
El dictamen 75. Los oficios se suman al dictamen emitido por la Superintendencia de Educación el 21 de julio de 2025, que prohíbe impedir la renovación de la matrícula a estudiantes que presenten deudas arancelarias en establecimientos con copago.
- Diversas agrupaciones de sostenedores presentaron recursos de protección buscando revertir la resolución, en algunos casos fueron rechazados y en otros se encuentran aún en trámite.
- El dictamen fue firmado por la superintendenta subrogante Marggie Muñoz, pero en el él trabajó directamente Loreto Orellana como su principal asesora.
- La resolución estipula la “prohibición de imponer medidas disciplinarias a estudiantes e impedir la renovación de matrícula por el no pago de compromisos pecuniarios de sus padres, madres y apoderados, por razones socioeconómicas, en establecimientos educacionales con financiamiento compartido”.
- “La potestad contractual de no renovar matrícula no puede operar como vía indirecta de sanción encubierta”, indica el dictamen.
- Según los sostenedores el dictamen genera un daño económico a los establecimientos subvencionados, poniendo en riesgo su viabilidad financiera, ya que la no renovación de matrícula es la medida que los colegios tienen para asegurar el pago y para poder incorporar a nuevos alumnos.
Qué hace la Supereduc. La Superintendencia de Educación tiene por función fiscalizar que los sostenedores de establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado se ajusten a las leyes, reglamentos e instrucciones que dicte la Superintendencia.
- También debe fiscalizar la legalidad del uso de los recursos de los establecimientos que reciban aporte estatal, con el fin de asegurar una educación de calidad, resguardando derechos, promoviendo el cumplimiento de deberes y garantizando igualdad de oportunidades para todos los niños, niñas y jóvenes de Chile, en establecimientos de educación parvularia, básica y media.
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