El hundimiento de la izquierda bacheletista. Por Sergio Muñoz Riveros

Los partidos de la antigua centroizquierda no tienen otra opción que beber el trago amargo de la autocrítica hasta el fondo. Tienen la ventaja de que el negocio electoral no los presionará durante dos años y medio, ya que las elecciones municipales y regionales serán recién en octubre de 2028. Cada partido tendrá que revisar honestamente su propia situación y resolver si sigue adelante o se fusiona con otros. Ello supone que todos aclaren lo que quieren representar.


No fue extraño que la expresidenta Bachelet convocara a los partidos que respaldaron a Jeannette Jara a un encuentro en su fundación Horizonte Ciudadano, el 23 de diciembre. Todos saben que la coalición derrotada tiene el sello de su madrinazgo, y también que ella apoyó a la candidata del PC desde la partida.

La exmandataria percibe que vienen tiempos oscuros para los partidos que gobernaron primero con ella y luego con Boric. Llega a su fin el giro a la izquierda que ella lideró en su segundo gobierno, y que se proyectó más tarde en la exaltación refundacional y dejó una penosa huella en la vida nacional. El país no ha olvidado con cuánto entusiasmo ella hizo campaña por el proyecto de Constitución de la Convención, el que, si hubiera sido aprobado, habría empujado al país a una inmensa catástrofe.

Como ya se desataron las fuerzas centrífugas en el bloque oficialista, Bachelet llamó a los partidos a dejar de lado las confrontaciones y a fortalecer la unidad para enfocarse en los sectores “que apoyaron históricamente a la izquierda y que hoy no lo están haciendo”. Además, está promoviendo un cónclave que, según Paulina Vodanovic, presidenta del PS, reunirá a fines de enero a todos los partidos, “desde la DC al PC”.

Es muy difícil que las fuerzas oficialistas converjan en una interpretación común de las causas del fracaso. Ya está demostrado que las derrotas son huérfanas. Por ejemplo, Carmona, el jefe del PC, dijo que la responsabilidad de su partido llegó solo hasta la primaria, cuando Jara levantó un programa de verdaderos cambios y obtuvo un gran triunfo. Sobre la campaña de segunda vuelta, el PC se lava las manos. Al parecer, Pilatos era leninista.

¿Podría ese cónclave esquivar la autocrítica y limitarse a una puesta en escena para demostrar unidad? Sería una forma de autoengaño. Lo concreto es que desaparecerá el incentivo de compartir el poder, y cada partido tendrá que definir por su cuenta cómo se las arreglará en el futuro. Frente al nuevo gobierno, habrá quienes querrán cavar trincheras y seguir la “línea Jiles” de hacerle la vida imposible a Kast. Otros, quizás, intentarán articular una postura de racionalidad democrática.

¿Les servirán de algo los reveses a los partidos de la antigua Concertación? ¿Se darán cuenta finalmente del costo de credibilidad que pagaron al no haber defendido lo que hicieron bien entre 1990 y 2010, y haberse dejado llevar por la fascinación hacia los jóvenes de la izquierda universitaria? Lo que menos les sirve es, por supuesto, el negacionismo. Por ejemplo, entender mal la lealtad y no reconocer que la experiencia de Bachelet y la Nueva Mayoría (2014-2018) fue el momento de inflexión negativa en la vía de progreso que llevaba Chile.

La cuenta es demasiado abultada. En octubre de 2019, el PS, la DC, el PPD y el Partido Radical cedieron ante la furia y el fuego, y no se atrevieron a oponerse al golpismo de izquierda. El manifiesto que sus presidentes firmaron el 12 de noviembre de aquel año será una página vergonzosa en la historia de esos partidos. Y, por si fuera poco, se sumaron después al delirio constituyente.

Los partidos de la antigua centroizquierda no tienen otra opción que beber el trago amargo de la autocrítica hasta el fondo. Tienen la ventaja de que el negocio electoral no los presionará durante dos años y medio, ya que las elecciones municipales y regionales serán recién en octubre de 2028.

Cada partido tendrá que revisar honestamente su propia situación y resolver si sigue adelante o se fusiona con otros. Ello supone que todos aclaren lo que quieren representar. Un grupo del PPD se ha pronunciado en favor de “una casa común de la centroizquierda” y aboga por separar aguas del PC y el FA. Habrá que ver cuán solida es esa postura y cuánto respaldo consigue.

Solo el PC lo tiene todo claro. El pleno del comité central demostró que sus dirigentes se preparan para impulsar una línea de confrontación con Kast semejante a la que aplicaron contra Piñera. En el documento oficial, hay un párrafo muy revelador:“En materia de control social y autoritarismo, existen señales preocupantes. El fortalecimiento del rol coercitivo del Estado, junto con un discurso que relativiza estándares de derechos humanos, abre la posibilidad de un uso más intensivo de facultades policiales y militares en contextos de protesta social, conflicto territorial o crisis migratoria. La idea de que las Fuerzas Armadas y de orden serían aliados incondicionales del proyecto gubernamental expresa una concepción instrumental de esas instituciones, que puede tensionar el equilibrio democrático y la subordinación del poder militar al poder civil, especialmente si se normaliza su intervención en tareas de seguridad interna”.

Cuánta osadía. O, quizás, cuánta inconciencia. Al ratificar la línea de combate que aplicó en 2019, el PC revela el peso de la herencia rodriguista en sus filas. De todos modos, impresiona la soltura con que sus dirigentes piden que las FF.AA. se mantengan al margen de las “tareas de seguridad interna”. ¿Qué tienen en mente? ¿Para qué se preparan?

Aunque conserva peso histórico, la distinción “izquierda/derecha” es insuficiente para describir los dilemas actuales de la sociedad chilena. A la luz de todo lo que nos pasó en los años recientes, corresponde precisar que los demócratas de derecha y los demócratas de izquierda tienen mucho más en común entre sí, que lo que pudieran tener en común con los extremistas de derecha y de izquierda.

De ello se deriva la necesidad de acción conjunta de todos los que ponen en primer lugar la defensa de la democracia liberal y el Estado de Derecho que la sostiene. Esa es la base insustituible de la gobernabilidad y la estabilidad, como también de la posible convergencia de una amplia mayoría nacional en torno a políticas públicas que favorezcan el progreso económico, social e institucional en los próximos años.

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