Polémica por Celestino Córdova: El vuelco de la ministra de Justicia y cómo enredó más el “acuerdo contra la violencia” que busca Boric

Un día después de abstenerse de responder si el condenado por el asesinato de los Luchsinger es un preso político o preso común, la ministra Marcela Ríos salió a corregirse y dijo que es un preso común. El cambio ocurrió después que el subsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Crispi, la contradijera públicamente en CNN. Los dichos de Ríos -que antes de corregirse arriesgaba una interpelación por parte de Chile Vamos-, complicaron más la posibilidad del “acuerdo contra la violencia” que busca Boric. El presidente está buscando nombres para formar una mesa de negociaciones para impulsar el acuerdo.

Qué sucedió. Los polémicos dichos de la ministra de Justicia, que en entrevista a El Mercurio el domingo no quiso decir si consideraba preso político a Celestino Córdova (condenado a 18 años por su participación en el homicidio de los Luchsinger), fueron mal evaluados no solo por la oposición, sino también en La Moneda.

• “No me compete pronunciarme respecto de la calificación específica que tengan los casos. Creo que como Estado tenemos un conflicto con el pueblo mapuche que genera conflictividad y protestas”, fue la respuesta de Ríos.
• La mala evaluación de sus dichos en La Moneda se tradujo en primer lugar con las declaraciones a CNN este lunes del subsecretario Crispi, quien señaló “es un preso común por un caso gravísimo que está condenado por la Justicia”, dijo Crispi.
• Más tarde fue la propia Ríos: “Quisiera aclarar que se trata de un preso común condenado por un homicidio”.
• En rigor, no se trata de un polémica nueva. Tras su fallido intento de entrar a Temucuicui, la ministra Siches también usó la expresión presos políticos para referirse a los mapuches condenados por actos de violencia. En esa ocasión, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, la contradijo, pero después Jackson salió apoyando a Izkia Siches al señalar que “han existido persecuciones y muchas veces prisión política en que han sido confirmados como montaje en el pasado”. Se refería a la Operación Huracán, que fue desbaratada por la propia Justicia chilena.
• Esta vez, sin embargo, Ríos no recibió ningún tipo de apoyo. Su polémica estalló en medio de los esfuerzos del presidente Boric para buscar un “acuerdo contra la violencia” con Chile Vamos, que se como una posibilidad remota y que los dichos de Ríos dificultan más. Una de las principales causas de la baja en la aprobación del gobierno es justamente el descontrol del orden público en sus primeros dos meses.

Recados a Boric. Tras la publicación de la entrevista, el presidente recibió señales desde Chile Vamos que los dichos de Ríos eran un obstáculo muy fuerte para la búsqueda de un acuerdo. A eso hay que sumarle que la ministra en su entrevista insistió en poner como una de las prioridades del gobierno el proyecto para amnistiar a condenados por delitos en el marco del 18/10 y que no tiene los votos para ser aprobado en el Senado.

• El “acuerdo contra la violencia” surgió en una conversación el jueves entre el presidente de la UDI, Javier Macaya, y el presidente Boric, la cual éste último hizo pública el mismo día. Personeros que han tenido contacto con el Presidente en los últimos días sostienen que él está buscando nombres para formar una mesa de negociación capaz de viabilizar el acuerdo.
• En la oposición, sin embargo, cunde el escepticismo. Los dirigentes de Chile Vamos han señalado que no tiene sentido una mesa de negociaciones, sino que lo único que cabe es que La Moneda presente proyectos específicos que la oposición estaría dispuesta a apoyar.
• La primera iniciativa en esa línea sería el proyecto de infraestructura crítica que está preparando el gobierno para permitir que las FFAA participen el resguardo de las rutas en la Macrozona Sur, bajo mando civil y coordinación con Carabineros.
• En la oposición estiman que ese tipo de proyectos son necesarios, más allá de que consideran que la medida más adecuada es volver al Estado de Excepción. En todo caso, también consideran que el proyecto es una forma camuflada de volver a ocupar las FFAA en el mantenimiento del orden.