El plebiscito de salida será el 4 de septiembre, fecha en que antes del golpe se elegían los presidentes de república. Pese a que esta vez no vamos a votar por un presidente, el resultado del plebiscito de salida tendrá un impacto tan enorme y decisivo sobre el devenir de la presidencia de Gabriel Boric que se puede decir que el eventual triunfo del rechazo tendía el efecto político equivalente a un referéndum revocatorio del mandato presidencial. Una especie de tercera vuelta en la que los ciudadanos habrían ejercido su derecho al “retracto”.
Por supuesto que no estoy hablando de una interrupción del hilo constitucional, sino que de una deslegitimación similar a la experimentada por Piñera tras el estallido social que lo dejo como un presidente disminuido y sin proyecto político.
La convención está llegando a su fin y lamentablemente más que una constitución el borrador se parece al programa de gobierno del Apruebo Dignidad. Es el proyecto político maximalista de un sector de la izquierda.
Para el país esa es una muy mala noticia; exactamente lo que no debía pasar. Al gobierno, sin embargo, le viene como anillo al dedo ya que tendrá vía libre para implementar sus reformas sin mayor interferencia del Poder Legislativo. La cancha está rayada y el Congreso tendrá que someterse a lo resuelto en la constitución.
Así, por ejemplo, la reforma a la salud que propone el gobierno plantea un sistema único estatal obligatorio para toda la población. El plan termina con las Isapre y así fue resuelto en el borrador de la constitución; no se incluyó en su texto el derecho a elegir entre un sistema público o privado de salud, por lo que en virtud del principio de “hoja en blanco” ese derecho desapareció.
El cien por ciento de la cotización de salud obligatoria será para Fonasa. Los afiliados de Isapre de clase media no podrán usar su cotización para pagar un seguro complementario y se verán forzados a ponerse a la cola abultando las listas de espera del sistema público
Lo mismo ocurre con las pensiones. La convención ya estableció un sistema de reparto financiado por impuestos manteniendo el pilar contributivo pero administrado por un ente público. Se acaban los retiros desde las AFP.
Las concesiones mineras y los derechos de agua dejan ser un derecho de propiedad otorgados mediante resolución judicial y pasan a ser concesiones otorgadas por el Estado mediante resoluciones administrativas esencialmente revocables, con efectos nefastos sobre la inversión minera y la agricultura.
La nueva constitución también pone termino a los quorum calificados. Ahora todas las leyes se aprueban por la simple mayoría de los diputados presentes en la sala sin distinguir la importancia de la materia. Se aplica el mismo quorum para aprobar un feriado, que un aumento de número de parlamentarios, el cambio del sistema electoral, reformas a la educación, pensiones, sistema de justicia, seguridad social, etc.
Todo el poder queda radicado en el “Congreso de los Diputados y diputadas” que tiene la última palabra en materia legislativa, ya que se acabó el senado.
El Congreso de los Diputados tendrá cupos reservados de origen étnico para los 10 pueblos originarios algunos extintos o muy pequeños, más los afrodescendientes y las diversidades sexuales; su número será determinado por el propio congreso, por simple mayoría de los presentes.
La nueva constitución será la llave maestra que le permitirá al gobierno implementar su programa saltándose al congreso, ya sea porque se incorporaron sus aspectos fundamentales a la constitución, o porque eliminaron los quorum calificados que obligaban a tener el consentimiento de la minoría para reformar leyes fundamentales.
Para que esta estrategia funcione es necesario que triunfe el apruebo, porque si no se cae la estantería. Si gana el rechazo volvemos a fojas cero: el gobierno queda “horquillado” por la constitución de Lagos (2005) obligado a negociar las reformas y leyes con la oposición.
El presidente Boric no puede permitirse el lujo de perder y por eso el gobierno no será neutral (diga lo que diga el contralor); es la existencia misma de su proyecto político, la razón de ser de su gobierno lo que está en juego; la derrota provocaría sisma en la izquierda, un desánimo, una desorientación gigantesca y profunda crisis en el gobierno y en Apruebo Dignidad que podría conducir a un quiebre de la coalición en medio de un mar de recriminaciones.
La intervención del gobierno en todo no garantiza el éxito; será un plus solo en la medida que sus niveles de aprobación sean muchísimo mejores que los actuales (36%); si eso no cambia podría un salvavida de plomo.
El resultado es incierto. La izquierda es una potencia electoral muy grande y Boric triunfó por un amplio margen. Apuestan a que la consagración de derechos sociales incline la balanza a su favor. Las encuestas muestran al Apruebo con 17 puntos de ventaja entre los menores de 30 años y al Rechazo con ventaja de 20 puntos entre los mayores de 60. Con el voto obligatorio e inscripción automática podrían salir a votar por primera vez millones de personas.
Sin embargo, el Rechazo ha ido ganando terreno ante lo que se percibe como una constitución sectaria improvisada y emanada de una convención intransigente dominada por colectivos de extrema izquierda que han avalado la violencia política y que buscan refundar el país.
Efectivamente se proponen cambios radicales, con territorios indígenas especiales con gobierno propio, autonomía política, educacional, financiera, judicial, control territorial. Todas las encuestas muestran que lo del Estado Plurinacional es muy impopular; podríamos llegar a tener diez Temucuicui a lo largo del país y un nación fragmentada difícil de gobernar.
Se afecta seriamente la independencia de los jueces con un Consejo Nacional de Justicia integrado, entre otros, por cinco parlamentarios con facultades disciplinarias donde desoyendo a la Corte Suprema no hay mayoría de jueces; y se politiza y debilita al ministerio público que ahora será manejado por un ente colegiado elegido en parte “democráticamente” por los fiscales.
Y se crea un sistema político que le allana el camino al surgimiento del caudillismo populista y autoritario, de izquierdas o derechas, que amenaza la estabilidad democrática porque bastará con tener la simple mayoría del Congreso de Diputados para hacer y deshacer, sin ningún control preventivo de constitucionalidad ni contrapeso legislativo , prescindiendo y dejando en la irrelevancia a la oposición.
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