La aprobación de la reforma de pensiones responde a una de las demandas centrales de la ciudadanía, pero deja serias dudas sobre su sostenibilidad fiscal. En un contexto de bajo crecimiento, deuda pública cercana al límite y fondos soberanos en niveles mínimos, esta reforma incrementa el gasto público permanente en hasta 1,2% del PIB, lo que tensiona aún más las cuentas fiscales.
El Consejo Fiscal Autónomo (CFA), en su análisis preliminar, identificó 11 riesgos fiscales clave. Entre ellos, la necesidad de asegurar un calce entre ingresos y gastos, reponer los fondos del FEES y condicionar la ampliación de beneficios previsionales a metas de recaudación. Veamos los principales puntos críticos:
El financiamiento de la reforma de 1,2% del PIB implica un esfuerzo fiscal significativo. Además de los US$ 4.500 millones anuales comprometidos, se suman costos indirectos, como la menor recaudación del impuesto a la renta por la reducción de utilidades en empresas privadas. La evolución de este gasto sigue una tendencia preocupante, en un entorno de crecimiento económico débil.
La versión aprobada por la Cámara de Diputados condicionaba la ampliación de la PGU a un nivel mínimo de ingresos tributarios permanentes equivalente al 25,7% del PIB. Sin embargo, el acuerdo final redujo esta gradualidad a solo dos años y eliminó la meta de recaudación estructural. Esto genera un alto riesgo de desfinanciamiento, considerando que en 2024 los ingresos estructurales cerraron en apenas 21,9% del PIB, lejos del umbral necesario (25,7% del PIB) para hacer sostenible la reforma.
La ley de cumplimiento tributario debía financiar no solo pensiones, sino también salud y seguridad. Sin embargo, con ingresos tributarios netos que en 2024 no superaron el 18% del PIB, el margen para cubrir todas estas obligaciones se reduce drásticamente. Sin un ajuste fiscal mayor, otras áreas clave podrían verse comprometidas.
El déficit fiscal superó el 3% del PIB en 2024, lejos del 1,8% proyectado, mientras que la deuda pública ya supera el 42%, acercándose al límite de sostenibilidad del 45% del PIB, y generando costos por intereses de más del 1% del PIB. A esto se suma el deterioro del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES), que se redujo un 40% solo en 2024, debilitando la capacidad de respuesta ante futuras crisis.
Conclusión: crecimiento o riesgo de ajustes fiscales
La sostenibilidad de la reforma dependerá de la capacidad del país para retomar una senda de crecimiento vigoroso. Si bien el IMACEC de diciembre 2024 alcanzó un 6,6%, el crecimiento potencial sigue en apenas 1,8%, lo que no es suficiente para sostener el mayor gasto sin ajustes adicionales.
Chile enfrenta el desafío de fortalecer su marco fiscal sin comprometer el financiamiento de las pensiones. La clave estará en recuperar la confianza de los inversionistas, impulsar la formalización del empleo y reactivar la inversión, elementos esenciales para evitar un escenario donde el ajuste recaiga en recortes presupuestarios o aumentos de impuestos.
Consultoras y compliance: dos caras de una misma moneda. Por Soledad Alonso Baeza. https://t.co/Ld3NiMUsIq
— Ex-Ante (@exantecl) February 6, 2025
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