Por qué es importante: La Convención Constituyente comenzará a discutir a contar de la próxima semana la inclusión del derecho a la seguridad social en la nueva Carta Magna. De las 10 propuestas que ingresaron, sólo una mantiene a las AFP como parte del sistema, cuatro consideran al sector privado como parte del nuevo modelo bajo diferentes formas y las otras cinco marginan a los privados concentrándose solo en un modelo estatal.
Fecha clave: La Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención comenzará a discutir el tema entre el 9 y 10 de febrero para su votación en general.
RN y la UDI, con privados: esta iniciativa no establece de manera taxativa el derecho a la propiedad de los fondos, pero permite que los privados manejen el sistema. “La redacción que se propone se fundamenta en otorgar al Estado el rol de garante de prestaciones mínimas y el reconocimiento del principio de la libertad económica que permite la participación de la empresa privada en su provisión”. Es considerada las más pro AFP, pero dentro del mismo sistema no le ven mucho futuro.
El sistema de Fontaine: también de convencionales de derecha y centroderecha, liderados por Bernando Fontaine esta iniciativa establece que el Estado deberá asegurar al menos una pensión básica y permite a los privados participar en el sistema. “Se consagra el derecho de los afiliados al sistema a elegir las entidades prestadoras de seguridad social con el objeto de proteger a las personas frente a un mal servicio y de contar con las mejores soluciones y tecnologías al menor costo”, indica la iniciativa.
Con mi plata No: la Iniciativa Popular “Con Mi Plata No” plantea un sistema previsional donde existan prestadores públicos y privados. No margina a las AFP del sistema y consagra la libertad de elección para definir dónde cotizar.
Es mi plata y punto: la iniciativa del ingeniero Cristian Vivian (42) es muy parecida a “Con Mi Plata No”. Propone que la nueva Constitución establezca “el derecho a un sistema de seguridad social basado en cuentas individuales”, pero con aportes personales e institucionales adicionales.
La iniciativa que mejor miran los privados: presentada por un grupo de convencionales ligados a la ex Concertación, entre éstos Felipe Harboe, Eduardo Castillo, Fuad Chahín y Rodrigo Logan es una de las más amplias y de mayor consenso. Obliga al Estado a reconocer y garantizar el derecho a la Seguridad Social, constituida como servicio público. Permite la participación de privados, define una pensión mínima y deja en manos del legislador definir y regular el monto de las cotizaciones, su administración y la obligación de que el nuevo régimen sea sustentable financieramente.
Cotizaciones solo para seguridad social: la iniciativa del colectivo socialista, el Frente Amplio e Independientes No Neutrales parte definiendo el sistema de seguridad social como un servicio público sin libertad de elección ni derecho a la propiedad.
Perspectiva de género: esta iniciativa establece el derecho a la seguridad social con perspectiva transversal de género y la creación de Sistema Público de Seguridad Social y Sistema Plurinacional de Cuidados universal, autónomo, público y sin fines de lucro. Crea un sistema de reparto sin propiedad de los fondos, ni participación privada alguna.
Nacionalización de los fondos: es la única de las iniciativas que determina la forma en que desaparecerán las AFP: dos años después de aprobada la nueva Constitución las administradoras de fondos de pensiones deberán hacer traspaso de los fondos y documentos individuales de cada afiliado al nuevo órgano que se cree.
Desprivatización del sistema: “La urgencia de desprivatizar el actual sistema privado de cuentas individuales es la principal tarea”, fundamenta esta iniciativa de los convencionales del PC y la ex Lista del Pueblo, que da un año de plazo después de la aprobación de la nueva Constitución para que todos los recursos y datos de los afiliados pasen a un sistema estatal manejado por el ISP.
NO+ AFP: la Coordinadora Nacional de Trabajadoras y Trabajadores NO+AFP logró ingresar esta propuesta con más de 17 mil apoyos ciudadanos. La propuesta margina totalmente al cualquier entidad del sector privado, a las AFP ya constituidas y deja el sistema solo en manos del Estado.
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