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El escenario más probable para la megarreforma es un proyecto desfondado que se aprueba: pasa la rebaja corporativa con un tramo intermedio —25%, quizás 24%— pasa la reintegración, pasan el crédito al empleo, los beneficios para adultos mayores y la exención de IVA para vivienda nueva, y cae o se mutila gravemente la invariabilidad larga. El gobierno declara victoria y la oposición declara haber salvado la institucionalidad fiscal.
Hay un momento, en todo gobierno con vocación refundacional, en que el lenguaje cambia antes de que cambie el proyecto. Donde antes se hablaba de despachar la reforma en junio ahora se habla de extenderla hasta julio. Donde antes se exigía a la oposición un sí o un no, ahora se la invita a «pasar de la negación a la construcción». Donde antes se contaba con los votos, ahora se admite, púdicamente, que «los proyectos avanzan de acuerdo a la viabilidad política que tienen».
El biministro Claudio Alvarado, instalado en la doble cartera de Interior y Segegob tras el primer ajuste de gabinete, ha protagonizado un giro de tono tan abrupto que conviene preguntarse qué hay debajo. ¿Conversión sincera al diálogo republicano? ¿O aritmética parlamentaria disfrazada de magnanimidad?
La aritmética es lo primero. El Senado tiene cincuenta integrantes: veinticinco del oficialismo, veintitrés de la oposición y dos independientes que valen oro. Para aprobar la mayoría de los artículos de la megarreforma se necesitan veintiséis votos. La cuenta no cierra sola: no la cierran Republicanos, Chile Vamos y el Partido Nacional Libertario por sí solos.
La cierran, eventualmente, los independientes —Calisto, Edwards— o el descuelgue puntual de un senador del Socialismo Democrático tentado por algún beneficio sectorial. Y la cierran sólo si el oficialismo aceita la negociación con audiencias, indicaciones y, sobre todo, disposición a ceder lo accesorio para blindar lo esencial. Esa es la lectura realista del giro de Alvarado: no hay otra forma de gobernar con veinticinco senadores propios. La épica del mandato ciudadano no resiste el conteo de la pizarra.
Lo segundo es el costo en encuestas. La última Cadem entrega un dato que en La Moneda no pueden ignorar: el 53% de quienes desaprueban a Kast señala como principal motivo la reforma tributaria y la rebaja del impuesto a las empresas, y el recorte del gasto fiscal aparece en segundo lugar con 35%. El proyecto emblema del gobierno es, simultáneamente, su principal lastre de popularidad.
Y la aprobación presidencial —entre 41% y 42% en las últimas mediciones— no permite forzar una victoria en el filo. Una aprobación por veintiséis contra veinticuatro, con artículos cayéndose en particular y reservas de constitucionalidad activadas hacia el TC, sería una victoria pírrica. De ahí la apertura. No es generosidad: es supervivencia.
Pero —y aquí está el nudo— hay límites que la oposición no cruzará por mucho café que Alvarado tome en su despacho. La rebaja del impuesto corporativo de 27% a 23% es, para el Socialismo Democrático y el Frente Amplio, una línea roja redistributiva, no un detalle técnico. Y la invariabilidad tributaria por veinticinco años —calificada de «nefasta» por la senadora Sánchez, anunciada como reserva de constitucionalidad al TC por al menos cinco diputados, descrita por Calisto como un compromiso «para los próximos veinte o veinticinco años»— es directamente innegociable en su versión actual.
El gobierno ya deslizó que podría bajar el plazo de veinticinco a veinte años, gesto que no resuelve la objeción constitucional sobre el contrato-ley ni la objeción política de amarrar al Estado a una camisa de fuerza tributaria que sobrevivirá a varios gobiernos. La rebaja corporativa pura y la invariabilidad larga, juntas, no pasan el Senado tal como llegaron.
¿Qué escenario cabe esperar? Tres, ordenados por probabilidad decreciente. El más probable es un proyecto desfondado que se aprueba: pasa la rebaja corporativa con un tramo intermedio —25%, quizás 24%— pasa la reintegración, pasan el crédito al empleo, los beneficios para adultos mayores y la exención de IVA para vivienda nueva, y cae o se mutila gravemente la invariabilidad larga. El gobierno declara victoria, la oposición declara haber salvado la institucionalidad fiscal, y Chile queda con una reforma a medias que ni reactiva como prometió el oficialismo ni redistribuye como reclamaba la centroizquierda.
El segundo escenario, menos probable, es una negociación amplia tipo 2014 —audiencias prolongadas, indicaciones cruzadas, un texto sustancialmente distinto al despachado por la Cámara— que se despache a fines de julio con respaldo de algunos senadores opositores.
El tercero, el peor para Kast, es el empate técnico con artículos que se caen uno a uno, reservas que terminan en el TC y un proyecto aprobado esquelético, prácticamente irreconocible. Ese tercer escenario explica, mejor que cualquier conversión democrática súbita, la apertura del biministro.
Una última observación. La oposición denuncia —Beatriz Sánchez lo dijo con todas sus letras— que Alvarado está «pirquineando votos» para dividirla y facilitar acuerdos parciales. Probablemente tenga razón. Pero esa táctica no es incompatible con un interés genuino en un respaldo amplio: gobernar en minoría obliga a hacer ambas cosas a la vez, tensionar y conceder. Y aquí se abre, paradójicamente, una oportunidad real.
La aritmética 25-23-2, que parecía la maldición del gobierno, es también la primera condición de posibilidad de un acuerdo que ningún gobierno reciente había estado obligado a construir. Si la oposición llega con un texto alternativo articulado —y los centros de estudio progresistas ya elaboraron un documento que puede servir de base— el Senado puede convertirse, por primera vez en años, en el lugar donde Chile recupera la política como negociación entre adultos.
La invitación de Alvarado a extender la discusión, leída sin ingenuidad pero también sin cinismo, es una ventana. La pregunta no es si el biministro es sincero —la categoría no aplica al oficio que ejerce— sino si las dos partes tendrán la madurez de aprovechar el incentivo estructural que el resultado electoral les impuso. El péndulo, esta vez, podría detenerse no por agotamiento sino por aritmética. Y eso, en el ciclo chileno, ya sería una novedad bienvenida.
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