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Tras la modificación a la ley antiterrorista en 2025, el gobierno pasado comenzó a querellarse por este delito tras los hechos de violencia en el sur. El criterio fue usar la figura legal sólo cuando hubiera un grupo radical conocido tras los atentados. Este lunes, la nueva administración cambió el criterio y la usó en un ataque en Curaco sin atribución.
Lo nuevo. Este lunes, la jueza María Fernanda Lagos del Juzgado de Garantía de Collipulli declaró admisible una querella por incendio con carácter terrorista interpuesta ese mismo día por el Ministerio de Seguridad. Fue la respuesta legal a un ataque incendiario que marcó el regreso de la violencia rural a La Araucanía, en el nuevo gobierno.
- En el ataque —realizado el jueves 16 en la ruta R-49 de Curaco, al noreste de Ercilla—, encapuchados armados interceptaron a los ocupantes de una camioneta, que quemaron. Luego huyeron sin dejar lienzos reivindicatorios ni pancartas asociadas a algún grupo radical.
- El uso de esa figura legal, contra quienes resulten responsables, marcó el endurecimiento del criterio usado hasta ahora para aplicar la nueva ley antiterrorista, la que fue publicada en febrero de 2025 tras los cuestionamientos internacionales que recibió la norma que la precedió.
- El gobierno del expresidente Gabriel Boric la usó sólo en casos en que los ataques incendiarios fueran reivindicados por alguno de los grupos radicales conocidos del sur.
- La querella interpuesta el lunes mostró, en cambio, su aplicación basada en que se buscó “infundir temor en la población civil”, dijo el documento, aunque se desconociera quiénes estaban detrás.
- El cambio de criterio amplió así el espectro de casos en que se podrá aplicar esta ley, que contempla penas de hasta 15 años por pertenecer a una asociación terrorista.
- La Araucanía está desde 2022 bajo estado de excepción constitucional de emergencia, que permite el despliegue del Ejército en apoyo de las policías para combatir la violencia rural.
Qué dijo la querella del atentado en Curaco. “El día 16 de abril de 2026, aproximadamente a las 20:00 horas, en el kilómetro 15,5 de la Ruta R-49, vía de tránsito estratégico para la zona, un grupo armado y organizado ejecutó una emboscada con el objetivo de infundir temor en la población civil”, dijo la querella, que además de incendio terrorista incluyó el porte ilegal de arma de fuego.
- “Mientras las víctimas se desplazaban en su vehículo particular hacia el oriente, fueron interceptadas por una camioneta de color verde desde la cual descendieron al menos tres sujetos con el rostro cubierto”.
- “Los atacantes, actuando de forma coordinada y premunidos de un alto poder de fuego, incluyendo armas de fuego de corto y largo alcance, intimidaron violentamente a los ocupantes y los obligaron a descender del móvil”.
- “Una vez que las víctimas se encontraban indefensas, y sin mediar intención alguna de sustraer el vehículo o especies personales, los sujetos procedieron a ejecutar un acto de violencia simbólica y destrucción: arrojaron artefactos de naturaleza incendiaria al interior del automóvil, provocando un incendio que consumió la totalidad del bien”.
La fundamentación. “Este acto, ejecutado a plena vista de las víctimas y en una ruta pública, no tuvo una finalidad patrimonial, sino que se realizó como un medio para someter y desmoralizar a la comunidad, transmitiendo un mensaje de inseguridad y control territorial por sobre la autoridad del Estado”.
- “En cuanto al carácter de conducta terrorista de este delito, más allá de la consagración expresa del artículo 475 del Código Penal como tal en el artículo 5 de la Ley Antiterrorista, el artículo 4 señala que siempre serán considerados delitos terroristas aquellos que busquen ‘someter o desmoralizar a la población civil o a una parte de ella’”.
El criterio del gobierno de Boric. El 25 de abril de 2025, el gobierno pasado ingresó una querella por el delito de asociación terrorista tras el atentado a la central hidroeléctrica Rucalhue del Biobío, en que la empresa de capitales chinos resultó con una cincuentena de máquinas quemadas.
- El ataque fue reivindicado entonces por el grupo radical Weichan Auka Mapu (WAM).
- “El Ejecutivo considera que son organizaciones terroristas y son asociaciones terroristas que deben ser tratadas como tal”, dijo el entonces ministro de Seguridad Luis Cordero al anunciar la presentación de la acción penal.
- El gobierno reiteró ese criterio en otros casos. El 27 de agosto de 2025 se querelló por incendio con carácter terrorista y otros delitos por el atentado del sábado 23 de ese mes en Carahue, vinculándolo —tras una reivindicación indirecta publicada en radio Kurruf— con la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), el grupo radical más antiguo del sur.
Lea la querella:
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