ProCultura: Quién es y cómo opera Patricio Álvarez, el juez que dejó libre a Alberto Larraín

Lleva 20 años como juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, donde se ha inhabilitado en al menos tres causas por su amistad con el juez Urrutia. Intentó excluir un peritaje clave del caso Pío Nono y rechazó levantar el secreto de la diputada Cariola en el caso Chinamart. La fiscalía apelará en el caso ProCultura.

Lo nuevo. El juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago Patricio Álvarez se convirtió en el inesperado protagonista de las formalizaciones por fraude al fisco del caso ProCultura, luego de que el martes por la noche —tras cuatro jornadas de audiencia—, rechazara la prisión preventiva solicitada por la fiscalía para el siquiatra y cocreador de fundación Alberto Larraín y sólo lo dejara con arraigo nacional.

• La decisión —que también declinó dejarlo con arresto domiciliario como medida subsidiaria y que será apelada por la fiscalía— incluyó además a la representante legal Constanza Gómez; a la directora de estudios Teresa Abusleme y a su contraparte en el Gobierno Regional (Gore) Metropolitano, Evelyn Magdaleno.
• Fue el final de las primeras formalizaciones del caso, en que se indaga el traspaso en 2022 —sin licitación y en una sola cuota— de $1.683.788.000 para el proyecto para prevenir suicidios ‘Quédate’, por parte del Gore encabezado por el gobernador Claudio Orrego (ex DC).
• Tras el estallido del caso Convenios en 2023 quedaron sin ejecutar $1.015.283.548 del total, que la fundación habría destinado para fines distintos a los del convenio como pagar sueldos de otros proyectos.
• El juez justificó su decisión criticando la calidad de una investigación de dos años y medio. “No hay antecedentes que permitan dar cuenta de un indicio de acuerdo de voluntad en los términos en que está planteada la formalización”, dijo, consignó El Mercurio. “No hay ningún antecedente”.
• Previo a la resolución se había abierto un debate por el rechazo del juez a transmitir la audiencia por el canal del Poder Judicial, como sí ocurrió con la trama bielorrusa y otras causas de alta connotación pública.

Su perfil y fallos. Patricio Ernesto Álvarez Maldini, 54, nació en 1971 en Santiago. Estudió derecho en la Universidad de Chile, donde registra una memoria de 1998 titulada “Tráfico de drogas en Chile: política criminal y dogmática penal desde una perspectiva crítica” en coautoría con el fiscal Juan Carlos Hidalgo.

• Inicios. Entró en 1999 al Poder Judicial. Partió como secretario del Cuarto Juzgado de Letras de Copiapó, ciudad donde pasó a ser titular del Juzgado de Garantía, en 2001.
• El Séptimo. Tras cinco años en el cargo saltó en mayo de 2006 a juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, donde cumplirá 20 años. Desde 2015 ha oficiado, además, como ministro suplente de la Corte de Apelaciones de Santiago, en siete ocasiones.
• Caso Chinamart. El 23 de abril rechazó levantar el secreto bancario de la diputada y hoy senadora electa Karol Cariola (PC) en el caso Chinamart. “No se advierte la existencia de sospechas fundadas sobre la participación de la imputada doña Karol Cariola Oliva en los delitos de cohecho (…) o tráfico de influencias”, dijo su resolución, consignó La Tercera.
• Caso Pío Nono. El 22 de mayo de 2023 excluyó una evidencia clave presentada por la defensa del ex carabinero Sebastián Zamora en la audiencia de preparación de juicio oral del caso Pío Nono.
• El informe buscaba mostrar que la arremetida del 2 de octubre de 2020 fue para atrapar y no lanzar por el puente al adolescente que cayó 7,4 metros hasta el río Mapocho. Esta evidencia fue reincorporada al juicio, en que Zamora —hoy diputado electo como independiente Republicano— fue absuelto del cargo de homicidio frustrado.
• Cabo Moyano. En 2013 la Corte de Apelaciones de Santiago acogió unánimemente la recusación presentada contra el juez por la viuda del cabo Luis Moyano —quien fue asesinado el 18 de octubre de 2007 tras el asalto al banco Security en el centro de Santiago, causa en que fueron condenados los ex lautaristas Juan Aliste Vega y Freddy Fuentevilla—, que lo acusó de parcialidad al excluirla como testigo en la fase de preparación del juicio oral.

Su amistad con Urrutia. El juez se ha inhabilitado para ver al menos tres causas donde es mencionado el titular del mismo tribunal Daniel Urrutia, que en 2024 autorizó videollamadas de reos de alta peligrosidad y que ha llamado a disolver Carabineros y refundar el Poder Judicial.

• Una se remonta al 4 de febrero de 2025, cuando se inhabilitó para resolver si acogía o no a tramitación la querella que Urrutia interpuso en el marco del Caso Audios.
• “Respecto del querellante de autos, don Daniel Urrutia, se configura la causal de inhabilidad (…) por existir una relación de amistad con dicho interviniente”, escribió.

Telón de fondo. La decisión marcó un golpe para el fiscal regional de Antofagasta Juan Castro Bekios, quien tomó el caso tras la salida de la causa de su par de Coquimbo Patricio Cooper por la declaración de ilegalidad de las interceptaciones telefónicas a la ex señora de Larraín, Josefina Huneeus. Éste, a su vez, reemplazo al exfiscal de Aysén Carlos Palma, hoy con arraigo nacional por revelación de secretos al abogado Luis Hermosilla.

• La resolución ocurrió cuando se espera que la Corte de Apelaciones de Santiago ponga la próxima semana en tabla la solicitud de desafuero del gobernador Orrego, cuyo apellido fue nombrado 70 veces en la minuta de formalización del caso.
• Un elemento surgido en la jornada del martes fue la acusación de un error de la fiscalía en la formalización a la representante legal Constanza Gómez, a quien se sindicó como contraparte de Alberto Larraín en un audio para describir el “modus operandi” de la fundación. Su defensor Alejandro Alegría destacó que la voz correspondía a la jefa de estudios Teresa Abusleme.