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En una columna de opinión, que firma como juez de Garantía, Urrutia señala que el proyecto de Kast es “una apuesta por la crueldad como política pública” y que no habrá menos vandalismo por el hecho que exista un registro. Hace pocos días publicó otra columna criticando a los magistrados de la Corte de Apelaciones de Santiago. Fuentes vinculadas al Poder Judicial consideran que sus declaraciones están al límite de infringir el Código Orgánico de Tribunales.
Lo nuevo. Un día después de que la Corte Suprema anunciara la apertura de cuadernos de remoción contra 56 jueces que salieron de Chile mientras estaban con licencia médica por enfermedad, entre ellos el juez del 7° Juzgado de Garantía, Daniel Urrutia, el controvertido magistrado volvió a incomodar al Poder Judicial.
- Urrutia publicó este miércoles una columna de opinión en El Mostrador criticando el proyecto de registro de vándalos ingresado al Congreso por el Presidente José Antonio Kast.
- “En los últimos meses hemos asistido a una sucesión de propuestas legislativas que merecen ser llamadas por su nombre: la criminalización de la pobreza. Un sector de nuestra clase política ha presentado iniciativas para crear un registro de “vándalos” con pérdida de derechos sociales”, escribió.
- También menciona otros proyectos del oficialismo como penalizar el ingreso clandestino al país o la instalación de rucos en espacios públicos.
- “El problema es que no se trata de propuestas aisladas ni de excesos retóricos de campaña. Se trata de una visión coherente del mundo social, una donde la respuesta al sufrimiento humano es el castigo (…) Es necesario decirlo con franqueza: ninguna de estas iniciativas resuelve problema alguno. No habrá menos vandalismo por el hecho de que exista un registro que prive de derechos a quien vandalizó o protesta públicamente; habrá más exclusión y más rabia acumulada”, señaló.
- “Los que promueven estas iniciativas tienen todo el derecho a hacerlo en democracia. Y nosotros tenemos el deber de llamarlas por lo que son: una apuesta por la crueldad como política pública”.
- Urrutia firma la columna como “abogado, juez de Garantía, Presidente Regional Santiago de la Organización de Trabajadoras y Trabajadores del Poder Judicial (OTJ)”.
Jueces de la Corte de Apelaciones. Hace unos días, el 9 de junio, había publicado otra columna de opinión en el mismo medio titulada “El privilegio ilustrísimo: cuando la Corte de Santiago no habita su cargo”, donde cuestiona a los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago por intentar obtener autorización para circular en sus vehículos institucionales por las vías exclusivas para el transporte público.
Telón de fondo. Fuentes vinculadas al Poder Judicial consideran que Urrutia juega al límite con sus opiniones ya que si bien los jueces tienen derecho a la libertad de expresión, también se rigen por el límite normativo del Código Orgánico de Tribunales.
- En su artículo 323 señala que se prohíbe a los funcionarios judiciales “dirigir al Poder Ejecutivo a funcionarios públicos o corporaciones oficiales, felicitaciones o censuras por su actos”. Asimismo se les prohíbe “publicar, sin autorización del Presidente de la Corte Suprema, escritos en defensa de su conducta oficial o atacar en cualquier forma la de otros jueces o magistrados”.
Posteos protegidos. Urrutia es un conocido polemista en la red social X, que es seguida por más de 30 mil personas, aunque en en los últimos días puso sus posteos protegidos, para que sólo los lean sus seguidores.
- En 2004, tras cursar un diplomado en derechos humanos, escribió un trabajo académico donde proponía al Poder Judicial adoptar medidas de reparación por su rol en las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
- Por ello, la Corte de La Serena le aplicó en marzo de 2015 una “censura por escrito”, que luego la Suprema bajó a una “amonestación privada”.
- Pero Urrutia acudió a la Comisión Interamericana y luego a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2020 condenó al Estado de Chile por vulnerar los derechos del juez a la libertad de pensamiento y expresión, además de garantías judiciales y principios vinculados al debido proceso.
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