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“El Servicio de Migraciones, la Dirección Aeronáutica Civil, las personas que trabajan en el control migratorio” en la PDI son parte de quiénes —según adelantó el fiscal nacional Ángel Valencia— serán objeto de diligencias en la investigación por cohecho y eventual trata de niños haitianos. El director anticorrupción recalcó que también se indagará a la Subsecretaría de la Niñez. RN, Evópoli, la UDI y Republicanos pidieran crear una comisión investigadora por el caso.
Lo nuevo. El director del Servicio Nacional de Migraciones Frank Sauerbaum dijo este martes en La Moneda que “son mucho más de 200” los niños y adolescentes haitianos que habrían ingresado de forma irregular a Chile en 2025 bajo la figura de reunificación familiar, en referencia a un caso que estalló tras una investigación de la Contraloría y que la fiscalía indaga actualmente como presunto cohecho y posible trata.
- La investigación se originó tras la difusión de un pre informe de Contraloría, de fecha 14 de abril, donde se revisaron las actuaciones del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), encabezado entonces por Luis Eduardo Thayer; la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC); la Policía de Investigaciones (PDI) y el Servicio Nacional de la Niñez, en el ingreso de menores al país.
- El reporte del organismo encabezado por Dorothy Pérez —que todavía tiene espacio para respuestas por parte de los involucrados—, también apuntó a las líneas aéreas que organizaron los vuelos chárters en que entraron los menores de 18.
- La indagación administrativa se inició tras una presentación realizada por el hoy exdiputado de la UDI Juan Fuenzalida y tuvo como foco el plan de reunificación familiar de niños, niñas y adolescentes (NNA) haitianos que ya tenían a al menos uno de sus padres en Chile.
- El documento dijo que entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2025 entraron al país 3.235 haitianos con permiso de residencia temporal, 2.792 de los cuales lo hizo en la categoría de reunificación familiar.
- De estos, 1.476 lo hizo en vuelos chárter de las compañías Galistair GH6011, Aruba Airlines AG01 y Aruba Airlines ZZ02-E, que serán uno de los focos de la indagación penal.
- El caso derivó en que las bancadas de RN, Evópoli, la UDI y Republicanos pidieran crear una comisión investigadora por el caso.
Los involucrados. “El Servicio de Migraciones, la Dirección Aeronáutica Civil, las personas que trabajan en el control migratorio” en la PDI son parte de quiénes —según adelantó el fiscal nacional Ángel Valencia a radio Cooperativa— serán objeto de diligencias en la investigación.
- El director de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, añadió que también será objeto de diligencias la Subsecretaría de la Niñez.
- “Las figuras penales que estamos indagando son cohecho y soborno enfocados al funcionario público que dejó de hacer o que realizó con infracción de deberes propios de su cargo, actitudes que permitieron este ingreso. Segundo, aquella figura del funcionario público extranjero respecto de un soborno y cohecho. Tercero, la falsificación de instrumento público para el ingreso”, dijo Campos a radio Duna. “(Son) temas de trata de personas, lo que es bastante grave”.
El Servicio de Migraciones. El pre informe de Contraloría enumeró una serie de fallas de este servicio que, dijo, recibió la información entregada por los solicitantes de reunificación familiar, sin corroborar su dirección en Chile o el número de carnet de identidad de los tutores.
- Entre éstas, que el 30 de octubre de 2025, el Sermig envió a la Subsecretaría de la Niñez un listado con 4.483 niños y adolescentes extranjeros que habían ingresado a Chile entre enero y agosto de ese año. En el listado faltaban 98, lo que de acuerdo con Contraloría implicó un riesgo de vulneración para los menores.
- El informe concluyó también que el Sermig carecía de segregaciones para analizar las solicitudes, por lo que una misma persona podía realizar todo el proceso, abriendo la puerta a arbitrariedades.
- Su exdirector, Luis Eduardo Thayer, respondió a este medio que “el preinforme (…) primero que todo observa una deficiencia en el control migratorio en el aeropuerto. Y el control migratorio que se hace en el aeropuerto lo hace la Policía de Investigaciones”.
La DGAC. El 14 de agosto de 2025, el director de la DGAC, Carlos Madina, respondió a un oficio de Migraciones que dio cuenta de vuelos chárter que traían extranjeros sin papeles para entrar al territorio nacional. La respuesta del organismo fue que “se han remitido los antecedentes a la Sección Infraccional del Departamento Jurídico de este Servicio, con el objeto de investigar, conocer y, en su caso, sancionar eventuales infracciones al Código, sus reglamentos o a las instrucciones impartidas por esta Autoridad Aeronáutica” y que “evaluará, asimismo, la procedencia de adoptar medidas adicionales”.
- El sumario, dijeron conocedores del caso, está terminado, pero sigue sin ser evacuado. Mientras, la DGAC continuó autorizando vuelos por considerar que el estatus legal de los viajeros era materia de otros organismos.
La PDI. El reporte de Contraloría dio cuenta de que el 17 de noviembre de 2025 la PDI identificó 12 extranjeros o nacionalizados chilenos que ingresaban habitualmente con NNA. Uno de estos casos entró con 34 menores de 18 años, exponiendo su integridad.
- Por otra parte, un oficio enviado el 7 de abril de 2025 a la PDI por parte de la diputada Ximena Ossandón tuvo como respuesta que si bien les “corresponde ejercer el control migratorio de ingreso y salida del país y verificar el cumplimiento de los requisitos documentales exigidos por la normativa vigente, su sistema de registro no contempla una identificación específica de las personas que ingresan bajo la subcategoría migratoria de reunificación familiar”, consignó la solicitud de creación de una comisión investigadora, por lo que desconocían el universo de casos en esa categoría en 2024.
La Subsecretaría de la Niñez. El reporte de Contraloría apuntó a descoordinaciones entre esta subsecretaría y el Sermi, por ejemplo, en el seguimiento del caso de los tres niños que llegaron a Chile luego de que su padre, que había pedido la reunificación familiar, muriera. También dijo que fallaron en realizar el seguimiento de otros casos.
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