En tanto, los ministros con peor evaluación son Ximena Rincón y Jorge Quiroz. Respecto a los recientes cobros por deuda del CAE, un 48% de los encuestados está de acuerdo con que el Estado exija su pago, mientras que un 28% se manifiesta en desacuerdo. En cuanto a las condiciones de cobro, el embargo de cuentas bancarias alcanza un 42% de aprobación cuando se plantea para quienes tienen capacidad de pago y no cumplen con sus obligaciones, pero disminuye a un 30% cuando se evalúa como una medida de aplicación general.
Aprobación presidencial. Hoy se dio a conocer la última encuesta Criteria, que señala que la aprobación del gobierno de José Antonio Kast registra una disminución respecto a su última medición, bajando un punto porcentual y ubicándose en 39%.
- En tanto, su aprobación móvil de las últimas cuatro semanas se sitúa en 38%. Por otro lado, la desaprobación aumenta cinco puntos porcentuales desde la última semana, alcanzando un 52%.
- Respecto a la percepción sobre el manejo de la situación de emergencia, aumenta en 6 puntos la proporción de personas que considera que el gobierno está tomando un rumbo incorrecto, llegando a un 46%. Por su parte, quienes evalúan que el manejo ha sido correcto disminuyen en 4 puntos, situándose en 36%.
- En tanto, la proporción de personas que declara no tener claridad al respecto también disminuye, alcanzando un 18% (dos puntos menos que la semana pasada).
Gabinete. Respecto a la evaluación de los ministros del gobierno de José Antonio Kast, entre los ministros con mayor nivel de conocimiento se encuentran Ximena Rincón (80%), Natalia Ducó (74%) y Jorge Quiroz (64%).
- En contraste, los ministros con menor nivel de conocimiento son Daniel Mas (21%) y Francisca Toledo (21%). El ministro que más aumenta su conocimiento respecto a la medición anterior del 10 de mayo es el nuevo ministro de Seguridad, Martín Arrau, pasando de un 30% a un 56%.
- Por otro lado, considerando únicamente a los ministros con más de un 30% de conocimiento, los mejor evaluados son Martín Arrau (56%), May Chomalí (55%) e Iván Poduje (55%).
- En tanto, los ministros con peor evaluación son Ximena Rincón (36%) y Jorge Quiroz (37%).
Ley de Reconstrucción. En relación al proyecto de ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social, su evaluación positiva registra una importante disminución en la última medición.
- Un 38% (siete puntos menos que hace una semana) considera que sus efectos serán más bien positivos para el país, mientras que la percepción negativa aumenta a un 36% (cinco puntos más). Por su parte, el grupo que no tiene una postura definida al respecto se mantiene estable, ubicándose en un 26%.
- La percepción sobre quiénes serían los principales beneficiarios de la ley muestra un aumento en las brechas entre las distintas alternativas. Se mantiene en primer lugar la idea de que la iniciativa beneficia principalmente a los sectores de mayores ingresos, alcanzando su nivel más alto en las últimas cinco semanas (49%, cuatro puntos más respecto de la semana anterior).
- En contraste, la opción que señala que la ley apunta principalmente a la creación de empleo para la población general disminuye respecto a la última medición, ubicándose en un 34% (cuatro puntos menos).
Cobros del CAE. Respecto a los recientes cobros por deuda del CAE, un 48% de los encuestados está de acuerdo con que el Estado exija su pago, mientras que un 28% se manifiesta en desacuerdo.
- En cuanto a las condiciones de cobro, el embargo de cuentas bancarias alcanza un 42% de aprobación cuando se plantea para quienes tienen capacidad de pago y no cumplen con sus obligaciones, pero disminuye a un 30% cuando se evalúa como una medida de aplicación general.
- Mientras esta herramienta cuenta con un apoyo mayoritario entre quienes se identifican con la derecha, es ampliamente rechazada entre quienes se identifican con la izquierda.
- Por último, un 57% considera que el anuncio de una posible condonación del CAE incentivó a algunas personas a dejar de pagar sus cuotas.
Secreto bancario. En relación al levantamiento del secreto bancario, la mayoría de los encuestados apoya su utilización como herramienta para investigar delitos graves, aunque con ciertos resguardos.
- Un 56% considera que esta medida debe requerir autorización judicial, mientras que un 49% manifiesta preocupación por posibles efectos sobre la privacidad de personas inocentes.
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