Aula IN-Segura. Por Natalia González

13 Ago. 2025, 5:47 pm

5 min

El país se ha vuelto más inseguro, pero los colegios públicos y, sobre todo, los liceos emblemáticos y de excelencia, llevan más de una década haciendo de teloneros de la violencia que se veía venir a nivel de nuestra sociedad. Hoy, lamentablemente, muchos de ellos son protagonistas de ese macabro escenario, al que cada vez menos alumnos y familias quieren asistir, pues se han transformado en aulas altamente inseguras.

En una nueva jornada violenta (y no de “incidentes”, como suele decirse), en que se lanzaron objetos incendiarios en las inmediaciones del Instituto Nacional Barros Arana (INBA), un docente fue rociado con bencina.

No lo quemaron, pero a estas alturas eso resulta casi en un milagro pues la intencionalidad estaba más que clara. Todo ello en un contexto en el que grupos, cobardemente encapuchados, salían del establecimiento educativo lanzando objetos pesados y bombas molotov a Carabineros de Chile.

Demás esta decir que no se trata de un hecho puntual, ni por estos días ni en el pasado reciente y lejano. Hace unos meses atrás, 34 alumnos resultaban gravemente heridos y quemados en el INBA, además de otros docentes severamente afectados, tras otro violento suceso que terminó por impactar a esos estudiantes y a sus familias posiblemente para siempre. Y no solo a esas familias, sino que a todo el cuerpo docente y al resto del alumnado, que lo que busca es ejercer ni más ni menos su derecho a la educación, derecho del que buena parte de la política se solaza, pero que, a la hora de los quiubos, a lo menos una parte de ella hace poco y nada para puedan ejercerlo.

Por aquellos días en que tuvo lugar ese triste e impactante hecho de violencia, era otra la autoridad alcaldicia de la comuna de Santiago, la que, conforme sostuvo el entonces rector del INBA, había instruido no hacer uso de la ley conocida como Aula Segura, ley que por lo demás y desde su posición anterior al sillón alcaldicio, como concejala, había criticado duramente.

Hoy muchos invocan la aplicación de esta ley, la que, en suma, busca fortalecer las facultades de los directores para sancionar actos graves de violencia, incluyendo la expulsión de los estudiantes involucrados tras un debido proceso. Sin embargo, en su momento el debate político para legislar al efecto fue muy arduo. Cabe recordar los esfuerzos por renombrar la iniciativa (“aula democrática”, en un primer momento y luego ley de “convivencia escolar”, como hoy se llama la ley), como si la palabra “segura” tuviera tiña o estuviera reñida con la autonomía y libertad que la Constitución garantiza para abrir organizar y mantener establecimientos escolares. Al contrario.

Por lo muy bajo, se señaló que se trataba de una política excesivamente punitiva y que no era la solución adecuada. Fue calificada por algunos actores como un instrumento de “represión álgida” contra los estudiantes secundarios, críticas a las que el Colegio de Profesores se sumó, lo que, desde luego, no sorprende.

Nadie, no obstante, la planteó como la única y posible solución, sino más bien como una herramienta adicional, potente y proporcional a la magnitud del problema que por años han enfrentado, entre otros, los liceos emblemáticos, y acorde con nuestro Estado de derecho. Así, no es excluyente de enfoques preventivos u otros de carácter integral, que incorporen variables sociales, educativas y psicoemocionales, sino que es complementaria y muy necesaria. Colegios que, otrora, eran un trampolín de movilidad social, hoy están convertidos en antros generadores o cobijadores de delincuencia, en desmedro de aquellas familias que siguen apostando, casi heroicamente, por esos establecimientos.

Las herramientas jurídicas, entre otras intervenciones de diversa naturaleza, son un instrumento que permite orientar o plasmar ciertos valores en la sociedad, como lo es la convivencia segura y sana en ella. Ello incluye por cierto a las comunidades educativas que la integran, sobre todo cuando la violencia se ha tornado intolerablemente habitual en ellas.

Siendo ley vigente, corresponde aplicarla para garantizar los derechos, no solo del profesor agredido, sino el de los alumnos de ese establecimiento. El director del colegio debe hacer uso de ella, más allá de las querellas que en buena hora ha interpuesto el municipio y el quehacer del Ministerio Público al efecto.

El alcalde actual de la comuna, al contrario de su antecesora, está realizando un esfuerzo relevante en este sentido y debe ser valorado. Se trata de un mínimo más que esencial y necesario para que los alumnos puedan asistir a su colegio de manera tranquila y segura, que es lo que cualquier familia espera.

Sin embargo, en algunos meses más, y más allá de sus competencias como autoridad comunal, la gestión de los colegios de la comuna de Santiago será traspasada al Servicio Local de Educación, de manera que lo esperable es que exista, desde ya, una acción coordinada entre ambas instituciones pues los esfuerzos no se agotan en el corto plazo, sino que son y deben ser de mediano y largo plazo.

Resulta preocupante, a la par de descorazonador, enterarse -como ha informado la prensa-, que a las reuniones que el alcalde ha convocado al efecto a las autoridades próximas a asumir la gestión de los establecimientos, éstas no se presenten o envíen a personeros secundarios, pues ello refleja la falta de urgencia y de mirada sistemática al problema. El que hoy no tengan facultades, pues aún no han asumido la administración, no es excusa para que comiencen las coordinaciones. Entre otras preocupaciones, cabe hacer notar que en estas comunidades están enquistadas personas que en algunos casos y ni aun perteneciendo a ellas, actúan como miembros, avalando y promoviendo la acción violenta, tolerando que los escolares sean carne de cañón a demandas políticas que en reiteradas ocasiones escapan al ámbito educacional.

Así las cosas, se trata de un problema profundo, que debe abordarse con múltiples herramientas, entre las que se cuentan el orden, la seguridad y el respeto por la autoridad, como mandata Aula Segura.

El país se ha vuelto más inseguro, pero los colegios públicos y, sobre todo, los liceos emblemáticos y de excelencia, llevan más de una década haciendo de teloneros de la violencia que se veía venir a nivel de nuestra sociedad. Hoy, lamentablemente, muchos de ellos son protagonistas de ese macabro escenario, al que cada vez menos alumnos y familias quieren asistir, pues se han transformado en aulas altamente inseguras.

Es urgente y necesario revertir esa decadencia.

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