La necesidad de recuperar la confianza en el crecimiento económico ha cobrado un nuevo impulso. En la actualidad, todos los actores destacan la importancia de este crecimiento para generar más bienes públicos y privados que mejoren las condiciones de vida de la población y brinden mayores oportunidades productivas.
Es fundamental evaluar los avances logrados hasta ahora. Es valioso el esfuerzo del gobierno por normalizar la economía después de cuatro años de grandes dificultades y errores significativos, entre los cuales se destaca la aprobación de los retiros de fondos de pensiones, atribuidos a decisiones políticas.
Las autoridades han implementado una serie de medidas destinadas a fomentar una mayor inversión, un motor crucial para asegurar un crecimiento sostenible a largo plazo. Entre ellas se incluyen el “gabinete procrecimiento”, el aumento significativo del presupuesto de inversión pública y una mayor eficacia en su ejecución, así como las políticas relacionadas con el litio y el hidrógeno verde.
Aunque la política del litio debería comenzar a dar frutos pronto, la del hidrógeno verde tomará más tiempo, pero si las instituciones vinculadas continúan con el compromiso actual, se esperan resultados en pocos años. También se deben considerar los avances en el Metro de Santiago, los programas de vivienda y el impulso al sistema de concesiones -que ha adjudicado más proyectos que en años anteriores-, y otros en licitación. A esto se suma una cartera atractiva de iniciativas para los próximos meses. A pesar de este esfuerzo, la inversión pública representa solo el 20% del total; el 80% restante, corresponde al sector privado.
El verdadero impulso al crecimiento debe provenir del sector privado, el que frecuentemente expresa preocupaciones sobre condiciones que dificultan su contribución a este objetivo. La lista de demandas es extensa: algunas son controlables por las autoridades, como la agilización de permisos a través de proyectos de ley en el parlamento, la estabilidad de condiciones en industrias promovidas por el Ejecutivo y la búsqueda de soluciones amigables ante situaciones de “fuerza mayor”.
Otras son más difíciles de manejar, como las tasas de interés, la percepción de inseguridad política, arraigada en debates pasados, y los problemas de seguridad, que también afectan a las economías regionales.
Incentivar una mayor inversión privada a corto plazo, mientras se corrigen problemas críticos, se modifican leyes y se combate la delincuencia con firmeza, podría lograrse mediante un acompañamiento más decidido en la ejecución de proyectos relevantes para el desarrollo del país.
Entre estos proyectos, se incluyen las líneas de alta tensión para conectar fuentes de generación eléctrica limpia con zonas de alto consumo, el Puerto Exterior de San Antonio, la mejora de la red ferroviaria de carga en la Región del Biobío, un significativo programa de inversión en infraestructura escolar a nivel nacional, la desaladora de Coquimbo como primer paso en una política de desalinización para la zona centro-norte y un paquete inmediato para la construcción de viviendas sociales.
Un conjunto de medidas de esta naturaleza podría enviar una señal clara de compromiso adicional con el crecimiento y de disposición para alcanzar acuerdos entre el gobierno y el sector privado, incentivando la inversión, elevando nuestras expectativas para el PIB en 2025 y expandiendo la frontera de nuestra economía a mediano y largo plazo.
Economista jefe de Itaú: “Reducir la permisología y la discreción en los procesos de aprobación ayudaría a dinamizar la inversión privada”. https://t.co/hn5UrQ7Q2l
— Ex-Ante (@exantecl) September 8, 2024
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