Las razones para sancionar a Putin. Por Paz Zárate

A medida que los efectos de la guerra se extienden a otras latitudes, las noticias de la misma ya comienzan a motivar la indiferencia de audiencias saturadas de estadísticas, fotos y videos del horror bélico. Pero esa apatía podría contribuir a que el conflicto dure varios meses e incluso años. Países medianos y pequeños, como Chile, deben evaluar si su propio interés compele un apoyo más concreto a iniciativas destinadas a presionar a Rusia al cese de las hostilidades.

La guerra de Rusia contra Ucrania, la mayor amenaza para la paz y la seguridad de Europa y del globo desde 1945, se extiende ya por casi dos meses. Y como si de una segunda pandemia se tratara, incluso países geográficamente lejanos del punto de origen del fenómeno están sufriendo sus consecuencias, como ilustran los recientes conflictos sociales gatillados por alzas que la guerra ha causado en precios de alimentos y energía en lugares tan disímiles como Perú y Sri Lanka.

Dejando de lado los efectos del conflicto en el orden político mundial y la crisis humanitaria producida por los millones de desplazados, es indudable que -aunque no sea de manera inmediata- más países sufriremos los costos económicos globales de la guerra. Así lo han advertido todas las instituciones internacionales.

Curiosamente, a medida que los efectos de la guerra se extienden a otras latitudes, las noticias de la misma ya comienzan a motivar la indiferencia de audiencias saturadas de estadísticas, fotos y videos del horror bélico. Esta apatía, sin embargo, podría contribuir de manera decisiva a que el conflicto dure varios meses e incluso años.

Como ha advertido la OTAN, no hay indicios fidedignos de que el objetivo original de Putin de controlar toda Ucrania haya variado. Y los bombardeos rusos de Semana Santa a Kiev y otras ciudades ucranianas así lo confirman.

Cuando nos quejamos que Naciones Unidas “no sirve para nada” porque no detiene a un dictador que cuenta con armas nucleares, a su disposición (porque los Estados no le han dado ese poder a la entidad), en realidad reclamamos contra la inexistencia de una policía central para el mundo. En el sistema internacional apenas tenemos, a nivel global, mecanismos de cooperación: no hay supraestado.

El poder de policía lo detenta cada país, a través de lo que los internacionalistas llamamos contramedidas (third-party countermeasures). Detener una guerra donde todo el mundo, al final, sale perjudicado, requiere entonces sanciones amplias que no sean meramente morales (como rebajar el nivel de la representación diplomática).

La guerra en Ucrania es un caso donde, dadas las documentadas atrocidades que se revelan cada día -a veces incluso en tiempo real- las contramedidas de terceros países contra Rusia están plenamente justificadas. Y su ampliación a países medianos, si se gesta con algún grado de coordinación, podría ayudar a empujar un cese de las hostilidades.

No cabe duda que la reputación de Rusia está hoy tan pulverizada como las ciudades ucranianas bajo ataque. Más allá de que el conflicto logre tener una salida, el estigma de una Rusia manchada por sus atroces crímenes en Ucrania se extenderá por años. Y a esto se suma el creciente autoritarismo en la propia Rusia, una autocracia que se cierra sobre sí misma, y donde las violaciones a los derechos humanos más fundamentales de sus propios ciudadanos se extenderán.

¿Cuál sería el costo para Estados que no son miembros ni de la OTAN ni de la UE, de sancionar económicamente a un país de imagen tan dañada?

En el análisis costo-beneficio, es importante mirar más allá de las apariencias. La economía rusa ya antes de la guerra era pequeña (equivalente al PIB combinado de Bélgica y Países Bajos); y hoy se está contrayendo significativamente. Los costos de cortar relaciones comerciales, pueden entonces ser marginales si el intercambio antes de la guerra era reducido.

Rusia se sumó tarde a la carrera por el libre comercio. En la última década, el fuerte de sus contactos internacionales ha sido la venta de armas y -recientemente- las vacunas contra el Covid-19; así ha sucedido, por ejemplo, en nuestra región. En lo militar las incursiones de Rusia en América Latina han sido llamativas pero episódicas: buques de guerra y bombarderos con capacidad nuclear desplegados en Venezuela, y conversaciones acerca de la construcción de “bases militares”, que en verdad eran meros puntos de reabastecimiento de naves que nunca se concretaron.

En lo sanitario, las vacunas Sputnik V llegaron a Argentina, Brasil, Bolivia, México, Nicaragua y Venezuela; pero con tan graves problemas de distribución, que se hizo mayormente inviable seguir adquiriéndola pues sin entregas seguras y planificación adecuada no se genera inmunidad en la población.

Finalmente, Rusia también hizo contactos con vistas a negociar TLCs (incluso con Chile durante las segundas administraciones de Bachelet y Piñera), pero esos planes también hoy están abandonados. Es un hecho que hoy, en las seis economías más grandes de la región, las ventas a Rusia representan el 1% o menos de las exportaciones.

Excluyendo a aliados históricos, entonces, la guerra en Ucrania expone, que la relación de Rusia con buena parte de América Latina es superficial. Este escenario de costos modestos facilitaría la adopción de sanciones que contribuyeran a empujar el fin de la guerra — y con él, de sus nocivos efectos económicos.

En el caso de Chile, el Presidente Boric ha indicado que condenar a Rusia es lo que corresponde moralmente; y la Canciller ha ratificado aquello, agregando que las sanciones necesitarían coordinación con otros países.

Si bien algunos foros viven crisis propias (como la OEA o la OMC), existen contextos multilaterales donde una coordinación respecto a sanciones sería posible, como la OCDE, donde existen algunos precedentes y se coordina también mucho trabajo (por ejemplo en materia anti corrupción/lavado de dinero), y APEC, foro de cooperación económica que Rusia integra. Por otra parte, la Alianza del Pacífico (donde Rusia no es observador) podría considerar algunas medidas modestas: por ejemplo, que sus ruedas de negocios no incluyan a empresas rusas.

Países medianos y pequeños deben evaluar si su propio interés -su propia estabilidad económica y política, por ejemplo- compele un apoyo más concreto a iniciativas destinadas a presionar a Rusia al cese de las hostilidades.

Pero sin duda la historia juzgará las reacciones de los distintos países ante la guerra en Ucrania: no alinear la política comercial y exterior con políticas de derechos humanos, defensa y energía, puede resultar – como la historia también muestra- finalmente mucho más caro.