El regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos puede tener consecuencias profundas para nuestro desarrollo económico y jurídico en aspectos insospechados.
Es uno de esos fenómenos internacionales cuya magnitud mediática puede ocultar efectos menos evidentes, especialmente en tiempos en que la política se parece más a un espectáculo de expresiones emocionales que a un ejercicio de toma de decisiones responsables entre distintos grupos para alcanzar “soluciones políticas”.
Su reciente anuncio de aplicar un alza generalizada de aranceles ya ha comenzado a desatar una nueva guerra comercial, pasando por alto tratados de libre comercio y tensionando el orden económico global.
En Chile, más allá del golpe directo a nuestras exportaciones, se abre una oportunidad estratégica menos evidente: la posibilidad de que, en las negociaciones para evitar o mitigar estos aranceles, Estados Unidos exija a nuestro país garantías y certezas jurídicas para sus inversiones.
Y aquí aparece la paradoja.
Chile fue durante décadas un referente entre los países emergentes, precisamente porque ofrecía estabilidad institucional, un Estado de Derecho confiable y reglas claras. Ese marco institucional permitió atraer inversión extranjera, consolidar relaciones económicas de largo plazo y alcanzar tasas de crecimiento que nos diferenciaron de la región. Ello fue posible gracias a un consenso entre los distintos grupos políticos acerca de la relevancia de una posición unificada de las políticas de Estado y de cómo actuar ante el resto de la comunidad internacional.
Pero ese capital institucional se ha venido deteriorando a lo largo de la última década. Pese a que estos problemas se arrastran desde antes, el estallido social marcó un antes y un después en la percepción sobre nuestro país. Desde entonces, hemos visto cómo la certeza jurídica se ha erosionado en distintos frentes: órganos del Estado que actúan sin límites claros, revisión antojadiza de normas, permisología asfixiante, discrecionalidad y arbitrariedad administrativa respecto a proyectos de inversión y una creciente politización de decisiones con impacto jurídico. Hoy, invertir en Chile implica navegar un entorno muchas veces incierto, confuso e incluso hostil.
Por eso es tan llamativo que sea precisamente un actor como Trump —emblema del desorden y la confrontación— quien pueda forzarnos a reordenar la casa, a exigir garantías frente a nuestras propias fragilidades y a retomar el camino que nos permitió posicionarnos internacionalmente como una economía abierta y un buen socio para los países más desarrollados.
En todo caso, esta no debiera ser una reacción puntual frente a presiones externas, sino una llamada de atención para recuperar la seriedad institucional que nos permitió crecer y destacar. Y también una invitación a elevar el debate público. Mientras seguimos absortos en peleas estériles y encuestas semanales, dejamos de mirar las tendencias y hechos que realmente pueden marcar la diferencia en nuestro desarrollo futuro.
Quizás, y de forma tan paradójica como inquietante, la amenaza Trump nos recuerde lo que nunca debimos dejar de valorar: la confianza, el respeto por la ley y reglas del juego claras y con objetivos a nivel del país y no de sectores políticos.
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