El gobierno del Presidente Boric ha tomado una decisión muy gorda: dialogar con los grupos mapuches violentistas que han cometido actos terroristas en la Araucanía para tratar de resolver el conflicto; y lo hace ahora que tiene el capital político necesario para intentarlo.
Es una estrategia controvertida, ética y políticamente compleja, que generará profundas divisiones en la sociedad y puede tener un costo altísimo para el presidente, especialmente si no resulta.
Pero eso no significa que sea una estrategia equivocada. La experiencia demuestra que es muy improbable que un dialogo que excluya a quienes han tomado las armas sea capaz de resolver el conflicto y restablecer la paz, que es el fin deseado por todos chilenos. Como lo ha dicho con mucha claridad el Senador Huenchumilla, todos los mapuches comparten los mismos objetivos aun cuando discrepen en los métodos y nadie debe ser excluido.
Por tratarse de una política extremadamente audaz y controvertida, y para que la cosa resulte, es necesario que exista un consenso lo más amplio posible en torno a la idea de que, desgraciadamente hay que sentarse a la mesa también con los violentos. En caso contrario la negociación se transformará en una pelea política entre el gobierno y la oposición y no habrá piso político para avanzar.
Este gobierno está mejor posicionado que ningún otro para lograr una solución pacífica por la sencilla razón que ideológicamente comparte, apoya y abraza las aspiraciones del movimiento mapuche y representa una nueva generación de políticos en los cuales tal vez los mapuches estén dispuestos a confiar.
A diferencia de los anteriores, al gobierno actual, hay decirlo con todas sus letras, no les resulta intolerable el uso de la violencia con fines políticos toda vez que ellos mismos la avalaron durante el estallido social y le asignan a ella un rol protagónico en la existencia de la Convención Constituyente. De modo que no tienen ningún inconveniente existencial para sentarse a conversar con los que han cometido delitos terroristas. Además, es un gobierno que, como lo manifestó la ministra Izkia Siches, cree que en Chile hay presos políticos.
Hay agua en la piscina pues algunos grupos violentos ya se han manifestado por dialogo. En este contexto es muy relevante el comunicado del jueves emitido por la Comunidad Temucuicui en la que manifiestan su voluntad de dialogo y proponen una agenda de temas. Pero también hay que considerar la hipótesis de que no todos estarán disponibles para sentarse a la mesa. A mi modo de ver, eso de ninguna manera sería un fracaso, siempre y cuando el gobierno esté dispuesto a reprimir con todo el peso de la lay a los grupos que insistan en la violencia.
La principal incógnita es si el gobierno estará a la altura del desafío que se ha autoimpuesto. A ratos parece que no está preparado, que no tiene conciencia de lo delicado de un asunto que le puede explotar en las manos como quedo de manifiesto con lo ocurrido en la atarantada visita que organizó la ministra del interior a la zona y que terminó en un bochorno.
Un cambio de 360 grados en la estrategia para abordar el conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, como el que propone el presidente Boric necesita convencer, persuadir; empaparse en profundidad de la geopolítica de la zona y los intersticios de la dinámica de la política interna mapuche, algo que no se puede improvisar. Tiene que haber una carta de navegación, un plan comunicacional y muchas reuniones privadas.
La ministra del Interior hizo todo lo contrario, se dejó llevar por la ansiedad y su afán de protagonismo. Partió a la Araucanía sin preparación, con una plétora de ministros cuya presencia era totalmente innecesaria y pasó lo que tenía que pasar. Agravando la falta la ministra, no ha sido capaz de reconocer con humildad sus errores.
El actual escenario es propicio para iniciar el dialogo con todos porque se da la circunstancia única e irrepetible de hay una convención constitucional en pleno desarrollo. Por eso el gobierno tiene que actuar en complicidad y coordinación con ella, que es el instrumento de que se dispone para plasmar los acuerdos a los que puedan llegar; un incentivo para los líderes mapuches que tienen la garantía que sus demandas se incorporan inmediatamente en el texto constitucional.
El momento es propicio pues el país ha cambiado muchísimo; hay un respeto, una apertura a considerar el tema de los pueblos originarios desde una perspectiva de derechos y no puramente asistencial; un revisionismo histórico que revaloriza su aporte. De hecho, la convención ya está consagrando (concediendo) una buena parte lo que los lideres mapuches vienen exigiendo por años como por ejemplo reconocimiento de su cultura y tradiciones, la creación de territorios autónomos con formas de autogobierno, control sobre su propio sistema de justicia (pluralismo jurídico) y participación mediante cupos reservados en los principales organismos del Estado; incluso, se está discutiendo otorgar un mandato expreso para el Estado para la restitución de las tierras ancestrales. Cosas que solo hasta un par de años años atrás eran inconcebibles.
Vivimos un momento histórico único, especial e irrepetible; por primera vez desde 1850 se abre la posibilidad de resolver el conflicto mapuche y terminar con el alzamiento armado que tanto sufrimiento esta causando a los habitantes de la macrozona sur en los último 30 años, reestableciendo el imperio del estado de derecho y la paz. Para eso el dialogo con todos los que estén disponibles, incluso aquellos que han escogido el camino de las armas, es necesario, inevitable y fundamental.
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