La difícil gobernabilidad en el proyecto constitucional. Por Ricardo Brodsky

Sin Senado u otro organismo que opere como contrapeso real de un congreso de diputados y diputadas plurinacional a imagen y semejanza de la Convención Constitucional, y sin medidas que corrijan los vicios del caudillismo y el clientelismo, podríamos perfectamente ir a un escenario en que la dispersión política y el poder de una cámara única favorecen la ingobernabilidad.

Es evidente que Chile desde hace un tiempo está inmerso en una crisis de gobernabilidad que no tiene su origen en este gobierno. No se trata sólo de la violencia en la Araucanía, de la delincuencia desatada en las ciudades o la crisis migratoria en el norte, sino de la ruptura de consensos básicos y las dificultades del sistema político, gracias a las cuales el gobierno es incapaz de retener sus atribuciones exclusivas y el parlamento ocupa crecientes espacios de facto.

Por otra parte, existe una opinión generalizada entre especialistas en el sentido que la “sala de máquinas” que está creando la Convención Constitucional adolece de imperfecciones, carencias y contradicciones que hacen prever un difícil funcionamiento del sistema político que han imaginado.

Siendo este el corazón de una Constitución, estas fallas deberían corregirse en la propia Convención, no dejándolas para un parlamento que obviamente no actuará contra sus propios vicios e intereses.

Para algunos observadores el sistema propuesto sigue favoreciendo excesivamente al poder ejecutivo, especialmente acusan la posibilidad de reelección inmediata del presidente de la república.

Para otros, se trata de un sistema unicameral que entrega excesivos poderes al Congreso de los diputados y diputadas, llevándolo a parecerse a un parlamentarismo camuflado. Los convencionales insisten en que su modelo es de un presidencialismo moderado y un bicameralismo asimétrico.

Que el bicameralismo es asimétrico no cabe ninguna duda. De hecho, la Cámara de las Regiones no es parte del Congreso Nacional, como está diseñada hasta ahora no incidiría en la formación de las leyes mientras que el Congreso de los diputados sería el lugar de origen y de término del proceso legislativo, además de contar con nuevas atribuciones como iniciar proyectos que impliquen gasto público y ser juez y parte de las acusaciones constitucionales.

Entregar tal poder a una cámara de diputados, para que funcione en beneficio de la gobernabilidad del país y no de intereses particulares o de grupo, supondría hacer reformas drásticas al sistema electoral y la normativa de los partidos políticos que garanticen un mínimo de coherencia y responsabilidad.

Desde luego, como en toda democracia que funcione, habría que fortalecer el rol de los partidos de manera que las preferencias de la ciudadanía vayan a los partidos y que sean sus militantes comprometidos con una política los candidatos -y no el caudillismo local- los favorecidos por la distribución de los votos de un sistema proporcional.

Tal sistema requeriría también la prohibición de los pactos electorales entre partidos o entre independientes, de manera de despejar el escenario legislativo habilitando solo a partidos que representen una fuerza considerable en la sociedad. Para ello, debería imponerse un umbral mínimo para existir legalmente y elegir parlamentarios.

Estas medidas apuntarían a limitar el peso del clientelismo en el parlamento, beneficiaría la disciplina política que permite a los gobernantes y opositores contar como cosa cierta con los votos de sus bancadas. Nada de esto impide las coaliciones para dar mayorías al gobierno, pero estas se construyen después y no antes de las elecciones.

Crear un Congreso de diputados y diputadas sin estos resguardos agudizaría los problemas de gobernabilidad que tiene el país y que hemos visto dramáticamente presentes en este primer mes de gobierno del presidente Boric, en que los parlamentarios de su coalición (o coaliciones) no respaldan al gobierno, lo mismo que le pasó al presidente Piñera en su momento.

Sin Senado u otro organismo que opere como contrapeso real de un congreso de diputados y diputadas plurinacional a imagen y semejanza de la Convención Constitucional, y sin medidas que corrijan los vicios del caudillismo y el clientelismo, podríamos perfectamente ir a un escenario -que no es ni parlamentarismo, ni bicameralismo asimétrico, ni presidencialismo, atenuado o no- en que el particularismo, la dispersión política y el poder de una cámara única favorecen la ingobernabilidad haciendo trizas a los gobernantes.