La convención llegó al final del camino. Por Sergio Muñoz Riveros

Ha llegado el momento de juzgar los resultados. La Convención no contribuyó en absoluto a resolver los problemas del país. Por el contrario, se convirtió en uno. El objetivo indisimulado de las izquierdas que dominan la Convención ha sido materializar una reingeniería completa del país a partir de una visión en la que se mezclan las pasiones identitarias, el culto al Estado en materias económico/sociales y las fórmulas institucionales copiadas del populismo bolivariano.

Cuando se instaló la Convención Constitucional, en julio del año pasado, abundaron las expresiones desmesuradas acerca de su supuesta trascendencia histórica. En ello, influyó el deseo de mucha gente de que el país, por la vía de elaborar una nueva Constitución, dejara atrás el traumático período de violencia, desorden e incertidumbre que se inició en octubre de 2019.

Aunque no faltaron las aprensiones respecto de una asamblea elegida con un sistema electoral cuestionable, que rompió la igualdad del voto y generó la sobrerrepresentación de las corrientes del octubrismo, prevaleció en la sociedad la buena disposición hacia esta especie de segundo parlamento. La mayoría dedujo que, si todos los partidos políticos habían coincidido en ese camino, significaba que era lo más conveniente. Ello incluyó pasar por alto el anuncio de Elisa Loncón de que se acercaba la refundación de Chile.

Ha llegado el momento de juzgar los resultados. Alguna gente dice que hay que esperar que el proceso concluya, pero en realidad no hay nada que esperar. Basta y sobra con los 289 artículos ya incorporados el proyecto de Constitución para tener una idea del espíritu que anima a la asociación de colectivos que controla la Convención. De partida, se desvanecieron las concepciones del constitucionalismo moderno que se sustentan en los principios de la democracia representativa.

De ese modo, perdió centralidad la preocupación por establecer un sistema de reglas, límites y contrapesos para el funcionamiento de los poderes del Estado, de lo cual dependen las garantías efectivas para el ejercicio de las libertades y, por supuesto, las normas de la competencia política.

El objetivo indisimulado de las izquierdas que dominan la Convención ha sido materializar una reingeniería completa del país a partir de una visión en la que se mezclan las pasiones identitarias, el culto al Estado en materias económico/sociales y las fórmulas institucionales copiadas del populismo bolivariano.

Columna vertebral del diseño es el cuestionamiento del Estado nación unitario y el intento de imponer una plurinacionalidad artificial, en realidad una construcción ideológica que, si se llevara a la práctica, sería la vía de desarticulación de la nacionalidad chilena, cuyo principio integrador nunca estuvo en discusión desde la Independencia.

Como quedó probado en la Convención, la diferenciación racial no ha sido otra cosa que una metodología para conquistar espacios de poder para los activistas del indigenismo. Tal es el sentido de los escaños indígenas en el Congreso y los municipios, como las cuotas en todas las instituciones, lo que supone anular en los hechos la igualdad ante la ley y, por ende, el principio de ciudadanía.

En el fondo, es una forma de arcaísmo con rostro progresista, que marca la ruta hacia el autoritarismo. Queda claro en el tinglado institucional ideado para sacar ventajas en el futuro: concentración del poder en la Cámara de Diputados, eliminación del Senado, reducción de las facultades del Presidente, rebaja de la autoridad del Poder Judicial, menoscabo del Ministerio Público, etc.

Chile no necesitaba ponerlo todo en discusión en 2019 y, sin embargo, eso es exactamente lo que sucedió como consecuencia de las torpezas, cegueras y oportunismos que están en el origen de un proceso que ya dejó huella en la historia por su extravagancia. Por efecto de ello, el país fue empujado a un atolladero institucional del cuál no está claro cómo saldrá.

La Convención está retratada en el borrador de Constitución, pero también en el clima de intolerancia impuesto en su seno por los jefes de la refundación. Desde el principio, se propusieron marginar de las decisiones a los representantes de la derecha, lo que reveló la intención de construir “la casa de ellos”. Ha servido para ver cómo actúan los sectarios cuando se convierten en mayoría circunstancial en un determinado espacio. Las amenazas y las funas han afectado incluso a los aliados que han desafiado el monolitismo.

Les consta a los convencionales del PS que fueron tratados de traidores por disentir de los comisarios que dirigen las votaciones. La tónica en la Convención, han sido las manifestaciones de espíritu inquisitorial y de ignorancia altanera.

Apenas se instaló el nuevo gobierno, el ministro Giorgio Jackson declaró que la nueva Constitución era indispensable para que el presidente Boric cumpliera su programa, con lo que quizás creyó que iba a crecer la aprobación a la Convención y al gobierno.

Pero lo que ha crecido es la desaprobación. El sábado 23, declaró en El Mercurio: “hasta ahora en el borrador no hay nada que yo considere que pueda justificar los temores que se han esbozado en la opinión pública”. En otras palabras, La Moneda ha hecho suyo el lema “Apruebo a ojos cerrados”. Por supuesto que están en su derecho de mantener los ojos cerrados.

La Convención llegó al final del camino. No contribuyó en absoluto a resolver los problemas del país. Por el contrario, se convirtió en uno. Frustró las posibilidades de generar una dinámica de acuerdos nacionales provechosos. Fue un mal experimento.

Resulta, por lo tanto, una burla que algunos de sus propagandistas digan ahora que no hay que preocuparse demasiado de los contenidos aprobados, porque las dudas y los vacíos se resolverán después con los artículos transitorios y las leyes complementarias. Es, a todas luces, un intento postrero de tapar el fracaso. Demasiado descaro.