Fernando Atria: “No creo que este acuerdo nos lleve a una nueva constitución, pero sí a una nueva ordenación administrativa del Estado”

El abogado y académico Fernando Atria fue uno de los principales protagonistas del anterior proceso constitucional: “Nuestra propuesta fue una constitución plebeya, y a los patricios eso les parecía insoportable”. Sobre los indultos, dice: “La decisión fue valiente y la aplaudo”. Respecto de la elección de Fiscal Nacional, comenta: “Es una receta para la deslegitimación institucional, que es por lo demás exactamente lo que ha producido”.

-En general, ¿qué te parece el nuevo acuerdo constitucional?

-El acuerdo cobra en caja la derrota del 4 de septiembre. La idea subyacente del acuerdo es que los problemas de la democracia se solucionan con despotismo ilustrado (“todo por el pueblo, sin el pueblo”). No recuerdo un caso en que se haya negado más claramente eso de que “los problemas de la democracia se solucionan con más democracia”. Quizás vivimos el ocaso de la época de la democracia.

Dicho eso, lo que de verdad salga de este procedimiento es algo que está por verse. Si la “comisión de admisibilidad”, por ejemplo, se comporta como el Tribunal Constitucional de la era Aróstica, imponiendo desatadamente una lectura política ideologizada y extrema, será un problema grave. Pero si entiende su función como facilitadora más que fiscalizadora, puede que no sea un problema. Por eso, y porque mantiene abierto un proceso que nos permitirá deshacernos de una constitución tramposa y obsoleta, creo que lograr ese acuerdo fue una buena cosa.

-¿Cuáles son tus expectativas?

-No creo que este acuerdo nos lleve a una nueva constitución, entendiendo “nueva constitución” como “nuevos términos de la convivencia”. Anticipo que nos llevará a lo que llamaría una nueva ordenación administrativa del Estado, que no será tramposa porque no será unilateralmente impuesta. Eso permitirá una política distinta. No va a ser lo que salga de este proceso lo que produzca la relegitimación institucional que Chile necesita, pero esa política distinta, sin trampas, quizás pueda en el tiempo producir relegitimación. La pregunta es si tenemos tiempo para esperar que eso pase, si una forma demagógica de populismo de la cual ya hemos tenido algunos anuncios no llegará antes.

-El sistema político fue una decepción en el anterior proceso. ¿Qué errores se cometieron en la comisión en la que participaste?

-La comisión construyó un acuerdo apoyado por 2/3, y ofreció al país algo que yo creo que no era un sistema ideal, pero sí un claro avance respecto de lo que tenemos hoy y que hizo estallar al país. Durante la campaña se dijeron muchas cosas falsas respecto del sistema propuesto. Una senadora que se pasó al rechazo y que fue a vernos en la comisión para defender lo que ella llamó un “bicameralismo asimétrico” hizo campaña diciendo que el bicameralismo asimétrico era unicameralismo disfrazado.

Un profesor de economía socialista dijo que su voto rechazo había quedado decidido cuando se enteró de que la propuesta constitucional permitía que una cámara cambiara con mayoría simple la legislación electoral, lo que le parecía “pornográficamente totalitario”… y era doblemente falso: no era por mayoría simple y no era de tramitación unicameral. Creo que la discusión sobre sistema político, como lo muestran estos dos ejemplos, fue acerca de encontrar excusas para un voto de rechazo que se fundaba en razones difíciles de presentar en público. Pero esto no se debe decir, porque está prohibido pensar con rigor: si lo haces, te acusan de estar “ninguneando” a los votantes.

-¿Cuáles eran las razones difíciles de presentar?

-Muchas personas, especialmente con autoimagen de “centroizquierda”, no podían aceptar una constitución plebeya. Porque eso era la propuesta: una constitución plebeya, y a los patricios eso les parecía una derrota cultural insoportable.

-¿Qué evaluación haces de tu rol en la Convención y cómo explicas una derrota tan apabullante?

-El colectivo FA+, hicimos lo que podíamos hacer. Tuve y tuvimos, por ejemplo, una participación decisiva en las normas medioambientales de la nueva Constitución, y a pesar de todas las ideas poco razonables que salieron de esa comisión, el contenido medioambiental de la propuesta quedó en mi opinión bien y de hecho no fue impugnado en la campaña. El clima de enfrentamiento, que se manifestó desde la ceremonia inaugural, se explicaba en buena parte por las condiciones de un proceso constituyente que solo se pudo iniciar después de que había alcanzado el punto de estallar, cuando las acusaciones eran de violadores de derechos humanos por un lado y de apologetas de la violencia por el otro.

Pero uno puede volver la vista atrás y dar una mirada retrospectiva. Yo entendí que el desafío de la Convención Constitucional era proponer a Chile una nueva Constitución en el breve plazo que teníamos, y actué con la finalidad de lograrlo. Un conocido profesor de derecho constitucional de la Universidad de Chicago dijo que era “prácticamente un milagro” que la Convención haya logrado hacer la propuesta que hizo. Ahora, retrospectivamente, es claro que el precio de eso fue una suerte de “ensimismamiento” de la Convención, una restricción de la discusión solo a ciertos sectores, y que todo eso contribuyó al fracaso.

Por otro lado, no pudimos/supimos conducir la generación de mayorías en la Convención y aislar a los disruptivos. Fuimos incapaces de centrar el debate público sobre el Estado Social de Derecho, que era lo esencial que proponía el texto.

-¿Qué piensas del rol de los expertos y los “bordes”?

-Creo que los “bordes” son irrelevantes, y que por eso fueron lo primero que se acordó. El proceso que viene ya tiene bordes dados políticamente: por la izquierda la propuesta de la Convención, por la derecha la constitución existente.

En cuanto a los expertos, creo que quienes han llevado esta discusión no han dimensionado el desajuste entre la expectativa y lo que se mostrará como realidad cuando se los nombre. Lo de los expertos surgió con fuerza porque contenía la promesa de que podría haber una discusión constituyente “seria”, sin el espectáculo que mostró la Convención.

-¿Hubo un desprecio a las formas?

-Yo estoy convencido que el desprecio por las formas de la Convención fue extraordinariamente grave. Esas formas son ritos y protocolos republicanos que las personas razonablemente valoran. Si la Convención era poco seria, entonces era razonable dudar de la seriedad de la propuesta constitucional.

Creo que después del 4 de septiembre había indignación con el espectáculo que dio la Convención, que va desde la convencional Labraña tuteando a gritos a la Sra. Valladares en la sesión inaugural hasta sectores ecologistas abucheando en el hemiciclo al colectivo socialista, pasando por disfraces de animé, votos desde la ducha, convencionales votando descalzos. “Los expertos” son una manera de escapar de eso, sin caer en “los políticos”. Pero los expertos no serán nombrados de un modo que aseguren que serán expertos: no serán nombrados por concurso público, no tendrán que mostrar su CV, sus publicaciones en revistas indexadas, etc. Al contrario, serán nombrados por los partidos políticos, en un acuerdo parlamentario que además se votará en bloque… por 4/7! Cuando las personas vean que los expertos son en realidad el opuesto de lo que ellas esperan, que son mandatarios y delegados de los partidos políticos, el desengaño va a ser, creo, significativo.

-El Presidente Boric haciendo uso de sus atribuciones indultó a 13 personas condenadas por la justicia. Sin embargo, dijo que no eran delincuentes. ¿Estás de acuerdo?

-Si “delincuente” es quien ha sido condenado como autor de un delito, es evidente que son delincuentes. Es evidente también que por definición todo indultado siempre es un “delincuente”. En cuanto a la declaración de la Corte Suprema y estas ideas que han aparecido en la prensa, debo decir que me sigue sorprendiendo como se inventan inconstitucionalidades y se repiten lugares comunes, como que el indulto es un resabio monárquico.

La potestad de indulto es consecuencia de que a veces es socialmente conveniente que la pena sea retirada, por diversas razones que exigen un juicio político, no jurídico, y por eso no puede ser decisión judicial. Algunos abogados piensan que sería bueno que la facultad presidencial tuviera algunas limitaciones, y concluyen que esas limitaciones existen. Como esta idea, totalmente inventada, de que sería inconstitucional que el Presidente indulte para corregir lo que cree que es un error judicial. Creo que la decisión fue valiente y la aplaudo.

-En 2021 dijiste: “La violencia no se justifica, pero los hechos mostraron que lo que ocurrió el 18 de octubre fue necesario”. ¿Fueron necesarios la destrucción del Metro, el grave deterioro de los centros urbanos, los saqueos? ¿Para qué?

-Yo solo junté dos afirmaciones que creo obvias: que sin estallido no habría habido proceso constituyente, y que el proceso constituyente era entonces una oportunidad celebrada por prácticamente todos. Todavía recuerdo a quienes en 2013 decían que no era necesario un proceso constituyente porque el país “no estaba en crisis”. Quienes se arrogan la facultad de dar a los demás certificados calificando cuan categórica es la condena que cada uno hace de la violencia, son precisamente quienes tienen mayor responsabilidad en haber hecho imposible que el problema constitucional se enfrentara antes, cuando las condiciones para solucionarlo eran mejores.

-La elección del Fiscal Nacional ha sido más compleja de lo esperado. ¿Qué revela de nuestra institucionalidad?

-Es difícil pensar un mejor ejemplo de la disfuncionalidad de la cultura política que floreció bajo la Constitución de 1980. ¿Qué es lo que esperaría uno de un sistema de designación de autoridades como estas? Lo más importante: que alguien se hiciera responsable de las designaciones, que sea claro a quién aplaudir o criticar en caso de designaciones acertadas o desacertadas.

En principio, la designación debería estar en manos del gobierno, porque el Fiscal Nacional es parte central de la política criminal, que es parte de la política de gobierno. Si fuera así, el gobierno asumiría responsabilidad, y la oposición se la cobraría. Pero nada de esto funciona, porque el Fiscal Nacional requiere un “gran acuerdo”; es decir todos son responsables, y entonces nadie paga las cuentas. No pudiendo cobrar la cuenta a unos y no a otros, la gente se las cobra a todos, a la “clase política”, a “los partidos”, a la institucionalidad completa.

-De hecho el Presidente debió aclarar: “Yo no hago monedas de cambio en estas cosas, acá me parece que hay que actuar por convicción”.

-En este caso, el Gobierno se está viendo forzado a nombrar al fiscal que quiere la oposición o la Corte Suprema. Pero no es ni la oposición ni la Corte la que nombra, es el gobierno. ¿Quién se hará responsable de este nombramiento? ¿A quién podrá cobrarle la cuenta la ciudadanía, la Corte Suprema acaso? El proceso es como una receta para la deslegitimación institucional, que es por lo demás exactamente lo que ha producido.