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Ricardo García, gerente general de Camanchaca, aborda en esta entrevista las medidas presentadas por el Gobierno para reactivar la salmonicultura en el marco del plan de Reconstrucción Nacional y defiende la idea de modificar la Ley Lafkenche, de la cual el gobierno anunció modificaciones.
-¿Crees que las medidas del plan de Reconstrucción Nacional van en la dirección correcta?
-El proyecto de ley de Reconstrucción está bien orientado para estimular el desarrollo y el crecimiento económico, entregando incentivos, pero, sobre todo, eliminando trabas y obstáculos al crecimiento. Ese es su principal mérito.
En el caso particular de la salmonicultura, el proyecto da una señal clara para facilitar y destrabar lo que ha definido la ministra del Medio Ambiente y el ministro de Economía, que apuntan a destrabar las “micro relocalizaciones” -esto, es el corazón de las modificaciones que propone el Gobierno para el sector salmonero-, las cuales son pequeñas reubicaciones de concesiones ya otorgadas, sin que ello implique aumento de producción ni de capacidades. Estos ajustes que propone el Gobierno permitirá corregir concesiones que hoy son malas concesiones, porque con el tiempo se ha demostrado que fueron otorgadas en lugares no adecuados, y estos cambios lograrán que se puedan corregir.
-En el marco de SalmonChile, el sector privado y el Gobierno señalaron que es necesario destrabar y agilizar procesos para que la industria salmonera despegue. ¿Cómo implementarlo?
-Ayer, hubo dos niveles de discusión. El primero tiene que ver con la eficiencia del Estado. Fue muy clara la ministra Francisca Toledo al señalar que el Estado debe ser más eficiente, tiene cumplir los plazos que corresponden y entregar respuestas correctas, en base al mérito de los antecedentes presentados. Solo eso ya tendría un tremendo impacto en el sector, porque se podrán tener las respuestas del Estado a tiempo o más rápido, y esto va a acelerar los todos los desarrollos de iniciativas.
El segundo nivel son cambios legislativos que requieren la aprobación del Congreso para modificar ciertas reglas del juego, como es el caso de las micro relocalizaciones o las relocalizaciones, que ya son movimientos más distantes de la concesión acuícola. Otra medida que requiere aprobación es la medida donde el Estado asume responsabilidad cuando otorga una Resolución de Calificación Ambiental (RCA), de modo que si el Estado ha dado el permiso y, por alguna razón, hay alguna controversia posterior que busca invalidar ese permiso, sea el propio Estado quien asuma los costos.
-¿Cuán viable es que el Estado tenga un rol facilitador para desarrollar proyectos de inversión?
-El Estado, como está hoy, puede tener una actitud facilitadora cumpliendo con los plazos y evaluando ambientalmente las iniciativas de inversión sin tener un sesgo ideológico en contra.
-¿La administración del expresidente Boric tuvo un sesgo ideológico?
-Absolutamente. No hay ninguna duda. Había instrucciones claras de no avanzar.
-¿Qué opinas de la aspiración expresa del presidente Kast de “ganarle” a Noruega la primera posición en la industria salmonera?
-Me parece que tiene mucho de sentimiento, pero creo que uno no debe mirar eso. Esto no es de suma cero. Cuando Chile crece y Noruega crece, ambos estamos entregando más alimentos a las personas en el mundo que lo necesitan.
Nosotros no necesitamos ganarle a Noruega. Necesitamos producir más, generar más empleo en Chile. Este es el objetivo.
Si ocurre que le ganamos a Noruega, me parece que no es lo principal. Lo importante es trazarse una meta, de duplicar la producción en un cierto plazo, dar todas facilidades para que eso ocurra de manera sostenible y cuidando el medio ambiente. Ganarle o no a Noruega es algo más bien “deportiva”.
-Las principales críticas de los actores del sector apuntan a la Ley Lafkenche, por su generación de incertidumbre en inversionistas cuando se tramita una solicitud de espacio costero marítimo para pueblos originarios. Incluso, ex autoridades han abogado por eliminar esta ley. ¿Cuál es tu mirada?
-La Ley Lafkenche generó una bestia, un monstruo Godzilla que se escapó de la jaula y se está devorando a todos los habitantes de la isla. Lo que hay que hacer es meter a Godzilla dentro de la jaula. Es decir, no necesariamente “matar” la Ley Lafkenche, pero sí hacer que esta ley haga lo que se suponía que tenía que hacer, que es reconocer los usos ancestrales para comunidades indígenas en el borde costero, pero no es lo que está ocurriendo.
