Las Cuentas Nacionales del segundo trimestre publicadas recientemente por el Banco Central de Chile, muestran una economía con un crecimiento débil de solo 1,6% anual, mientras que la demanda interna se contrae en términos anuales 1,4% en medio de un consumo privado que registra una tímida expansión y una formación bruta de capital fijo que completa un año continuo de caída interanual, mientras la incidencia del sector externo es positiva, producto de la expansión de las exportaciones principalmente de los sectores minero e industria.
Para la formación bruta de capital fijo las perspectivas para el segundo semestre son más auspiciosas, donde se proyecta para el total de 2024, un nivel relativamente similar a lo registrado el año previo, mientras en el mediano plazo se estima un alza en torno al 2,8% anual. Estas cifras reflejan un hecho incontestable. Para lograr repuntar el crecimiento de la economía sobre el 3% las proyecciones de expansión de la inversión no permitirían lograr dicho objetivo, en medio del estancamiento de la productividad total de los factores. Es decir, mientras Chile no logre romper el débil dinamismo de la inversión y sin mediar reformas estructurales, el país se verá abocado a registrar crecimientos anuales del PIB per cápita por debajo del 2% en el mediano plazo, en línea con un crecimiento del PIB potencial inferior al 2,5% anual.
Para generar condiciones que permitan impulsar la inversión, es necesario considerar quien realiza dicho gasto en la economía. Por sector institucional cerca del 13% de la inversión la realizan los hogares a través de la adquisición de vivienda y un 10% del gasto de formación bruta de capital lo realiza el gobierno general, mientras que un 3% lo ejecutan las sociedades financieras. Las empresas no financieras con un 74% del total de gasto de inversión es el sector institucional más relevante.
Frente a la inversión pública, su capacidad de expansión se ve restringido por el marco de la regla fiscal dual sobre el cual opera la política fiscal del país. En este sentido, el nivel de holguras fiscales y gasto comprometido deja un espacio muy acotado para esperar una aceleración de la inversión pública en el mediano plazo. Así mismo, la adquisición de vivienda por parte de las familias hoy es más difícil, toda vez que las condiciones son menos auspiciosas que en años previos, donde el sector inmobiliario enfrenta diversos desafíos.
Por lo tanto, son las condiciones para las empresas no financieras las que juegan un papel central en la inversión agregada. Detrás de cada decisión de gasto de inversión, hay un proyecto que debe económicamente rentable, ya sea que la inversión se financie con recursos propios o con recursos de terceros.
El Estado no puede garantizar el retorno de una inversión, pero sí puede generar condiciones económicas, jurídicas y regulatorias que incentiven la toma de riesgos por parte del sector privado y permitan generar un ecosistema más auspicioso.
¿Cuáles han sido las principales acciones de gobierno para lograr dicho fin?. En septiembre de 2022 el ejecutivo presento un conjunto de 29 medidas para impulsar la inversión público-privada en Chile, con un grado de avance del 90% a diciembre de 2023. Sin embargo, no es evidente que el avance de dichas medidas haya impulsado significativamente la inversión a la luz de los últimos datos de cuentas nacionales.
Por otra parte, el proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, que busca modificar el marco institucional del sistema de permisos administrativos en el desarrollo de proyectos o actividades de inversión va en general en el camino adecuado, pero su impacto en la inversión se verá el mediano plazo.
Por su parte, hoy Chile tiene la capacidad de potenciar nuevas ventajas competitivas como son la industria del hidrogeno verde y la explotación del Litio, donde se abren oportunidades de innovación e inversión. Así mismo, recientemente la Corporación de Bienes de Capital estimo para gasto de inversión en el cuatrienio de 2024 a 2027, la cifra más alta en la última década impulsado por los sectores de minería y energía.
La pregunta que surge es si estos hechos permitirán potenciar y acelerar la inversión principalmente en el sector privado. Es cierto que la información reciente permite tener un mayor grado de optimismo, pero no es menor cierto que es necesario reducir las trabas que limitan la inversión y continuar dando mayores certezas al sector privado. Entre los cuales se encuentran, reducir los problemas cada vez más complejos a nivel de seguridad, la revisión de las regulaciones sectoriales que tienen fuertes impactos agregados y potenciar cambios normativos para mejorar la competencia en el mercado, dado que la propia competencia es uno de los principales incentivos para invertir.
En este sentido, una posición clara y fuerte desde política que priorice y ponga en el centro la discusión el crecimiento económico, la inversión y la productividad es una tarea fundamental. Sin una economía robusta, mejorar el bienestar social será cada vez mas difícil, mientras se incumban mayores riesgos de desafección de la ciudadanía por la política y por el funcionamiento y legitimidad del mercado.
Patricio Rojas: “Entre los inversionistas hay una percepción de que este gobierno se acabó”.https://t.co/Gbb5qqt5Mq
— Ex-Ante (@exantecl) August 20, 2024
Avanzar en transparencia ya no es una opción, sino una urgencia. El compromiso de abrir los datos y permitir el escrutinio técnico por parte de centros de estudio y universidades sigue pendiente. Cumplirlo no solo reforzaría la credibilidad de las estimaciones, sino también la confianza en la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas.
En un nuevo podcast After Office Investing, Catalina Edwards conversa con la gerenta de Sostenibilidad de Banco Santander, Soledad Ramírez, sobre la segunda versión de los fondos concursables impulsados por la entidad, que buscan fortalecer el bienestar social y la educación financiera. A continuación lo que implica la nueva edición de esta iniciativa.
El desafío es dejar de pensar en la ética como una cuestión de carácter individual y empezar a tratarla como lo que realmente es: un problema de diseño organizacional. De un asunto de reglas y disuasión, a uno de cultura corporativa.
Si los chilenos, aún con un diagnóstico pesimista de la realidad actual, confían y depositan sus esperanzas en nuestra economía basada en recursos naturales. ¿No será tiempo de empezar a hacer las cosas bien para no seguir ahuyentando inversiones que tanto necesitamos?
Hay un abanico amplio de mecanismos tributarios que apuntan a beneficiar a las familias. No se trata de inventar la rueda. Se trata de entender que si queremos fomentar la natalidad, una medida importante es avanzar hacia un sistema tributario que no penalice —en la práctica— a quienes deciden tener hijos.