El fracaso de la Convención no debe arrastrar al Gobierno. Por Ricardo Brodsky

La tragedia de la oportunidad perdida hará correr ríos de tinta para explicarla, buscar culpables y excusarse, pero una sola lectura será inevitable: Un fracaso histórico de las fuerzas mayoritarias en la Convención, una demostración de su incapacidad para construir hegemonía e integrar miradas e intereses diversos en una perspectiva nacional.

¿Cumplirá la propuesta constitucional los estándares necesarios para garantizar la democracia, la paz social, los derechos humanos y la gobernabilidad del país?

A la fecha no es clara la respuesta a esa pregunta. Lo que sí sabemos es que el proceso constitucional parece ser una oportunidad perdida si de lo que se trataba era de restablecer la confianza de los ciudadanos a partir de una institucionalidad renovada y construir un cierto consenso político básico que fijara reglas comúnmente aceptadas y respetadas por todos, incluyendo en estas los derechos sociales.

La tragedia de la oportunidad perdida hará correr ríos de tinta para explicarla, buscar culpables y excusarse, pero una sola lectura será inevitable: Un fracaso histórico de las fuerzas mayoritarias en la Convención, una demostración de su incapacidad para construir hegemonía e integrar miradas e intereses diversos en una perspectiva nacional.

De hecho, aunque aún no hay texto constitucional, las apresuradas y hasta de mal gusto campañas del Apruebo y del Rechazo ya buscan alentar el desencanto y el miedo: según unos si gana el rechazo viene una nueva y violenta crisis social y según otros, si gana el apruebo, se acaba la democracia, viene el populismo y la ingobernabilidad. O sea, terror contra terror.

Los plebiscitos siempre deparan sorpresas: lo vimos con el Brexit y el proceso de paz en Colombia. El eventual fracaso de la Convención Constitucional no debería arrastrar al fracaso del gobierno ni del país. Es falso el dilema de aprobar la propuesta de la Convención o volver a la Constitución del 80, como también lo es el que la suerte del gobierno de Gabriel Boric esté amarrado al resultado del plebiscito. El presidente Boric ha sido prudente y desalienta esas interpretaciones.

Como lo han dicho moros y cristianos, la Constitución del 80 reformada en 2005 está desahuciada por la ciudadanía. Es imposible pretender volver a ella aunque ciertamente seguirá rigiendo mientras no culmine el proceso constituyente exitosamente. En tal sentido, el gobierno y el parlamento, los distintos sectores políticos, deberían explicitar un camino de acuerdos en caso que los ciudadanos rechacen el proyecto constitucional. En su reciente entrevista, Boric reconoció que el gobierno no excluye ese escenario.

En tal caso, un nuevo impulso constituyente debería hacer suyas un sinnúmero de normas que ha aprobado el pleno de la Convención y servir de base para un nuevo proyecto menos temerario. El reconocimiento de los pueblos originarios, la explicitación de derechos sociales y el compromiso del Estado con ellos, la búsqueda de una mayor eficacia legislativa, los derechos de las mujeres y la perspectiva medioambiental, son cuestiones que concitan amplios apoyos. No es tan claro que pase lo mismo con la definición del carácter plurinacional del país, o la apertura a la influencia política en la Justicia, o la eliminación del Senado, o nuevas sorpresas que nos deparen los días que vienen.

El gobierno de Boric empezó el 11 de marzo, no parte el 5 de septiembre. Tiene la obligación de, más allá del resultado del plebiscito, hacerse cargo con pragmatismo de la situación del país. Su responsabilidad supone llevar adelante un proceso constituyente exitoso, pero además enfrentar los problemas que angustian a la población: la inflación, la violencia, la inseguridad, las pensiones de miseria. Es hora de dejar de jugar a la ruleta rusa.