La promulgación de la ley 20.720, también conocida como la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas, en octubre de 2014, marcó un antes y un después en el escenario concursal chileno.
Esta legislación se aventuró a favorecer decididamente la reorganización sobre la liquidación de empresas deudoras, inspirándose en precedentes europeos, especialmente el italiano. La meta era noble: ofrecer a las empresas en crisis una segunda oportunidad para su salvataje, preservando así empleo y tejido empresarial. No obstante, a más de una década de su implementación, la ley despierta una serie de dudas, planteando desafíos significativos al sistema de insolvencia chileno.
La ley ha sido un faro de esperanza para numerosas empresas solventes, permitiéndoles reestructurar sus deudas y continuar operando, un testimonio de su intención salvadora. Sin embargo, la eventual manipulación de sus disposiciones ha emergido como una sombra opacando este logro.
Algunas entidades, lejos de buscar una recuperación genuina, han utilizado la ley como un escudo para dilatar procesos y eludir responsabilidades financieras, una estrategia que distorsiona el propósito original de la legislación.
Esta práctica no solo socava la recuperación de créditos por parte de los acreedores, sino que también deteriora la confianza en el sistema chileno.
Ante este escenario, se hace evidente la necesidad de reformas profundas que rescaten el equilibrio y la imparcialidad perdidos, mirando hacia modelos internacionales como el estadounidense, donde la eficiencia procesal y las sanciones por conductas fraudulentas son la norma.
Chile enfrenta el reto de recalibrar su legislación. Se sugiere la implementación de plazos más estrictos, evaluaciones rigurosas de las propuestas de reorganización y, crucialmente, la imposición de sanciones efectivas contra el abuso de la ley.
Al ajustar la legislación para enfatizar la responsabilidad y la transparencia, Chile puede garantizar que la ley de insolvencia cumpla con su propósito original: ser una herramienta para la recuperación y el fortalecimiento del tejido empresarial, no un pasadizo para la eventual impunidad.
La solidez del sistema concursal es fundamental para la salud de la economía nacional y el bienestar de todos los chilenos, un objetivo que requiere un compromiso constante con la mejora y la adaptación legislativa.
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