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Nombrar directores no es un acto administrativo. Es una decisión estratégica que impacta directamente en la calidad de la gobernanza. El estándar de un Estado propietario responsable no se mide por declaraciones, sino por su capacidad de sostener reglas, respetar roles y fortalecer instituciones.
Imaginemos una escena conocida en muchos directorios. Se produce un cambio de administración y se abren vacantes relevantes. En la mesa aparecen preguntas legítimas: continuidad, confianzas, señales institucionales. Sin embargo, la conversación central —qué necesita la empresa para cumplir su mandato estratégico— corre el riesgo de quedar en segundo plano. No hay mala fe; hay inercias. Y es precisamente allí donde se pone a prueba el rol del Estado como propietario.
Cada transición abre una oportunidad para reafirmar estándares. No basta con declarar compromiso con la profesionalización o con las buenas prácticas internacionales: el verdadero test está en cómo se ejerce la propiedad. En los nombramientos, en las expectativas que se fijan a los directorios y en el respeto por su rol fiduciario.
Chile no parte de cero. Durante las últimas décadas ha avanzado de manera consistente en alinear la gobernanza de sus empresas públicas con estándares internacionales, en particular con las Directrices de la OCDE sobre el Gobierno Corporativo de las Empresas Públicas. Estas recomendaciones promueven principios claros: separación entre el Estado propietario y el Estado regulador, definición explícita de los objetivos de las empresas, profesionalización de los directorios, transparencia, rendición de cuentas y resguardo del interés de largo plazo.
La adopción de estructuras de sociedad anónima para empresas públicas, el fortalecimiento de prácticas de reporte y la delimitación de roles no fueron decisiones formales. Respondieron a una pregunta de fondo: cómo asegurar que empresas estratégicas para el país sean gobernadas con criterios de estabilidad, desempeño y creación de valor sostenible, más allá de los ciclos administrativos.
Ese diseño institucional descansa en una premisa clave, también recogida por la OCDE: los directorios de empresas del Estado son órganos fiduciarios. Su función es velar por el interés de la empresa y por el cumplimiento de su mandato estratégico. Cuando esa frontera se debilita, se resiente la calidad de la deliberación, la independencia de juicio y la capacidad del directorio para anticipar riesgos y tomar decisiones complejas.
Nombrar directores no es un acto administrativo. Es una decisión estratégica que impacta directamente en la calidad de la gobernanza. El estándar de un Estado propietario responsable no se mide por declaraciones, sino por su capacidad de sostener reglas, respetar roles y fortalecer instituciones. Cuando los directorios funcionan como espacios de deliberación estratégica, alineados con estándares internacionales, la empresa gana foco, el Estado ejerce mejor su rol y el país fortalece la confianza en la gestión de sus activos públicos.
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— Ex-Ante (@exantecl) February 15, 2026
