Susana Jiménez por permisología: “Lo clave es avanzar en mayor certeza jurídica y reducir espacios de discrecionalidad”

Una agenda acotada —y de rápida implementación— para destrabar la inversión y hacer más eficiente al Estado. Ese es el foco del documento que el Centro de Estudios Públicos (CEP) elaboró junto al Centro de Políticas Públicas UC y la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y que ya está en manos del Gobierno. En esta entrevista, la presidenta del gremio, Susana Jiménez, detalla las claves de la propuesta y analiza el plan de Reconstrucción Nacional.

-¿Por qué decidieron impulsar ahora, junto al CEP y el Centro de Políticas Públicas UC, una agenda para modernizar el Estado?

-Esta propuesta surge de un diagnóstico compartido: que uno de los principales desafíos para el crecimiento hoy está en el funcionamiento del Estado. Desde la CPC ya veníamos trabajando estos temas en el documento “Motores para el Crecimiento Sostenible”. También, desde nuestra participación como miembro del Consejo Asesor Permanente para la Modernización del Estado, vimos la necesidad de dar un paso adicional y aterrizar los diagnósticos.

Por eso se generó esta colaboración con el CEP y el Centro de Políticas Públicas UC, dos instituciones con amplia trayectoria en políticas públicas, con el objetivo de construir una agenda común, con foco en soluciones viables y de implementación relativamente rápida.

-¿Cuál es el cambio más urgente que buscan gatillar?

-Ha habido múltiples iniciativas, pero acá fuimos a lo concreto y prioritario para generar cambios en el corto plazo. En el fondo, lo que está detrás de este esfuerzo es algo bien simple: avanzar hacia un Estado que funcione mejor, que haga bien su trabajo, a tiempo y con foco en resultados. Porque cuando eso ocurre, no solo mejora la gestión pública, sino que también se impulsa la inversión, el crecimiento y, en definitiva, las oportunidades para las personas.

-Ustedes apuestan por simplificar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que califican como un “entramado burocrático de resultado incierto”. ¿Cómo aseguran que eso no termine debilitando los estándares ambientales?

-Reducir tiempos o mejorar la tramitación no es lo mismo que bajar estándares. Hoy el problema no está en la exigencia ambiental en sí, sino en la forma en que se gestionan los procesos. Hemos pasado de evaluaciones de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) que tomaban en promedio cerca de 650 días a más de 1.100 días en la última década, lo que refleja un sistema que se ha vuelto más lento e incierto, no necesariamente más riguroso.

-Si tuviera que elegir, ¿qué es lo más urgente de implementar?

-Lo clave es avanzar en mayor certeza jurídica y criterios técnicos estables. Eso implica, por ejemplo, evitar que guías o interpretaciones administrativas terminen funcionando como normas, fortalecer las capacidades técnicas del Estado y reducir espacios de discrecionalidad. Así, se puede tener un sistema exigente en lo ambiental, pero al mismo tiempo predecible y eficiente.

De hecho, como CPC analizamos, desde la perspectiva del principio de la legalidad, al menos 22 guías y 29 criterios de evaluación, concluyendo que muchos de estos instrumentos han dejado de cumplir una función meramente orientadora. Es por esto que se propone restituir ese carácter de las guías del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), también proponemos simplificar las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), ajustando reglamentariamente el concepto de “área de influencia” para prevenir requisitos desproporcionados.

-El Gobierno impulsa el proyecto de ley de Reconstrucción Nacional para reducir la “permisología”. ¿Está en línea de lo que ustedes proponen?

-En términos generales, hay consenso en que Chile necesita avanzar en destrabar la inversión, acortar los tiempos de tramitación y dar mayor certeza, porque hoy los procesos largos e inciertos están afectando directamente el crecimiento, el empleo y las oportunidades de las personas. Desde esa perspectiva, lo relevante es que cualquier iniciativa en esta materia logre hacerse cargo de los principales cuellos de botella que hoy existen.

-¿Dónde ve coincidencias con la agenda que empujan con el CEP y el Centro de Políticas Públicas UC?

-Tal como planteamos en el documento, el foco está en medidas concretas y de corto plazo: mejorar la gestión de los servicios, acotar plazos, fortalecer la coordinación y reducir espacios de incertidumbre.

El informe incorpora trabajo previo de la CPC y sus ramas en materia de permisos sectoriales. Revisamos 382 de ellos. La propuesta es eliminar 16 y convertir 170 en THA, Técnica Habilitante Alternativa. La agenda prioritaria de modernización del Estado recoge esa metodología.

Lo importante es que las soluciones que se impulsen efectivamente simplifiquen los procesos, entreguen mayor certeza y permitan que los proyectos se desarrollen en tiempos razonables. Ahí es donde se juega el impacto real en crecimiento y empleo.

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