Cómo opera el proyecto de Kast para frenar una nueva alza en las cuentas de la luz

El Ejecutivo ingresó este lunes el proyecto de ley de protección tarifaria eléctrica, bautizado como “Ordenemos la cuenta”, con discusión inmediata. El objetivo es evitar que la deuda pendiente con las distribuidoras se traspase ahora a las cuentas de la electricidad, tal como lo había anticipado la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Qué observar. El Gobierno ingresó al Congreso el esperado proyecto de ley “Ordenemos la Cuenta”, que busca evitar el alza en las cuentas de la electricidad prevista para julio por la Comisión Nacional de Energía (CNE), cercana a 4,9%, considerando el ajuste por generación y el cargo por transmisión.

• En lo medular, la iniciativa propone postergar el inicio del pago de la deuda del sistema eléctrico hasta 2028. A ello se suman otros componentes, como la extensión del subsidio eléctrico hasta 2027 para el 40% de los hogares más vulnerables, además de la posibilidad de revisión excepcional de contratos de suministro eléctrico de largo plazo.
• La discusión del proyecto comenzará en la comisión de Minería y Energía de la Cámara, con discusión inmediata, por lo que deberá ser despachado en un plazo máximo de seis días.
• Según ha señalado la ministra de Energía, Ximena Rincón, el objetivo de la propuesta es ordenar las cuentas de la luz.
• La iniciativa surge en un contexto de alzas tarifarias asociadas al descongelamiento de precios y a los retrasos acumulados en los procesos de fijación tarifaria, lo que ha derivado en reliquidaciones y en la acumulación de deuda con empresas del sector eléctrico.

Los ejes. La iniciativa contempla, por un lado, la mitigación del impacto tarifario; además de la regularización y certeza en las tarifas; y también la seguridad y suministro energético.

• Respecto del primer punto, los clientes mantienen una deuda con las empresas distribuidoras de energía del orden de US$900 millones, debido principalmente al retraso de 43 meses de la publicación del Valor Agregado de Distribución (VAD) del periodo 2020-2024.
• De acuerdo con el académico de la Universidad de Santiago, Humberto Verdejo, este rezago no responde a la ley de estabilización de precios, sino a atrasos en la implementación regulatoria desde 2019 —a propósito del estallido social y luego por la pandemia—, lo que mantuvo congelado el componente de distribución —que representa entre 10% y 20% de la tarifa— durante casi cuatro años.
• Según explicó, la deuda es “por medidor”, lo que implica que cada cliente tiene un saldo asociado a su consumo.

Se aplaza la deuda. El proyecto no elimina la deuda, sino que la reprograma. En la práctica, se busca evitar que su cobro impacte las cuentas de julio, tal como instruyó la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), que había ordenado su incorporación inmediata en tarifas.

• Para ello, el Ejecutivo propone trasladar su cobro a partir de 2028, mediante un cargo de US$5 por kWh aplicado directamente al consumo.
• Verdejo ejemplifica el impacto: bajo esas condiciones, un hogar que consume 180 kWh mensuales —con una cuenta cercana a $41.500— pagaría en torno a $1.000 adicionales por este concepto desde 2028, considerando IVA.
• En tanto, en hogares de mayor consumo, el impacto se multiplica proporcionalmente. Así, aquellos consumidores que pagan cerca de $90.000 podrían ver un aumento cercano al doble.
• El esquema, en todo caso, mantiene el principio de proporcionalidad: quienes consumen más, pagan más; y quienes consumen menos, pagan menos, según el texto del La Moneda.

Subsidio. En paralelo, el proyecto propone extender el subsidio eléctrico hasta 2027, con US$ 120 millones, manteniendo su focalización en el 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares e incorporando a hogares electrodependientes.

• En materia regulatoria, la iniciativa busca además reducir los rezagos en la aplicación de decretos tarifarios, con el objetivo de evitar ajustes bruscos en el sistema de distribución y transmisión.
• Asimismo, La Moneda propone que el próximo decreto del VAD —correspondiente al período 2024-2028— sea extendido hasta 2030, con el objetivo de evitar nuevos desfases en su implementación.

Contratos. Finalmente, el texto incorpora una medida excepcional: la revisión voluntaria de contratos de suministro eléctrico de largo plazo, una flexibilidad poco habitual en el mercado que busca introducir márgenes de ajuste en condiciones específicas.

• “Lo que se establece es habilitar un marco voluntario donde las empresas, de manera voluntarias, pueden optar a renegociar su contrato. ¿Eso qué quiere decir? Bajar el precio ahora y, pero quizás compensarlo con una extensión del contrato, y eso va a permitir, de una u otra manera, también bajar la cuenta”, dice Verdejo.