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La Región de Antofagasta se posiciona hoy como el territorio con el mayor potencial de desarrollo en Chile. Su relevancia nace de la convergencia de motores económicos de enorme dinamismo: una minería tradicional de cobre y litio con proyecciones de inversión millonarias, el auge de las energías renovables que abastecerán al país, el emergente hidrógeno verde como sustituto de combustibles fósiles, un sector logístico potenciado por el Corredor Bioceánico -que nos une con Brasil, Paraguay y Argentina-, y un turismo basado en condiciones geográficas excepcionales.
La necesidad de precisar los aportes de la infraestructura al desarrollo es cada vez más urgente, especialmente, cuando entendemos que este no es un concepto genérico, sino un proceso ligado a las particularidades de cada territorio. Cada región posee potencialidades únicas y es sobre ellas donde debemos identificar las claves para que la infraestructura actúe como una dinamizadora de inversiones, capaces de transformar la realidad y, así, mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
La Región de Antofagasta se posiciona hoy como el territorio con el mayor potencial de desarrollo en Chile. Su relevancia nace de la convergencia de motores económicos de enorme dinamismo: una minería tradicional de cobre y litio con proyecciones de inversión millonarias, el auge de las energías renovables que abastecerán al país, el emergente hidrógeno verde como sustituto de combustibles fósiles, un sector logístico potenciado por el Corredor Bioceánico -que nos une con Brasil, Paraguay y Argentina-, y un turismo basado en condiciones geográficas excepcionales.
Sin embargo, el gran desafío reside en transformar esta bonanza en un desarrollo sustentable de largo plazo, evitando que sea solo un episodio pasajero como los que ya ha vivido la región en otras épocas. Pese al escenario optimista, persiste la “paradoja del crecimiento”, manifestada en brechas críticas como niveles de desempleo altos, pobreza, déficit de habitabilidad y sistemas de educación y salud que aún no están a la altura de su potencia económica.
Lograr un desarrollo integral requiere de una responsabilidad compartida. El sector privado debe ser, además de un inversor activo, un actor propositivo en el diseño de políticas públicas que integren a las industrias y extiendan el impacto económico más allá de las faenas, mientras que el sector público debe crear las condiciones para que las inversiones se materialicen con agilidad y eficiencia. Para ello es fundamental la coordinación entre el Gobierno Regional y el Gobierno Central.
Desde el Consejo de Políticas de Infraestructura, sostenemos que es posible impulsar iniciativas clave. Un tema de alta relevancia es explorar la posibilidad de llevar a cabo inversiones de infraestructura compartida como por ejemplo en agua desalinizada, transmisión energética y fibra óptica. En este sentido, un objetivo estratégico podría ser convertir a Antofagasta, en un plazo de diez años, en la región con el agua y la energía más barata del país, mejorando simultáneamente el entorno urbano con un transporte de última generación, autopistas que aseguren la conectividad y servicios de salud y educación.
Para ello será necesario pensar en una institucionalidad facilitadora, donde converjan el mundo público, el privado y la comunidad para priorizar resultados sobre procesos burocráticos. Sólo así se podrá asegurar que la riqueza regional se traduzca en una mejora medible de la calidad de vida, consolidando a Antofagasta como un hogar de excelencia y no solo como una zona de paso.
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Agilización de permisos y desregulación. Por Jeanette Bruna.https://t.co/VjmmuQk8NV
— Ex-Ante (@exantecl) February 12, 2026
