Del Barros Arana a La Araucanía: Por qué la violencia es parte de nuestra nueva normalidad. Por Jorge Schaulsohn

Hay un denominador común entre la delincuencia, la violencia política, el ingreso ilegal de inmigrantes y el desprecio de los estudiantes por sus colegios y es la sensación de total impunidad, de que nunca habrán consecuencias. Y eso es exactamente lo que esta ocurriendo en el Chile de hoy. Ahí esta la ley de indulto, el retiro de las querellas, la reacción tímida ante los atentados, la falta de servicio del Estado.

La transición a la democracia que comenzó en 1990 tenía como uno de sus pilares fundamentales el restablecimiento de la paz social y la condena absoluta a toda forma de violencia política. La sociedad estaba hastiada de años de enfrentamientos que culminaron con un cruento golpe de estado y diecisiete años de violaciones a los derechos humanos.

Por eso una de las primeras medidas que adoptó el gobierno del presidente Aylwin fue combatir los grupos terroristas de izquierda que habían surgido durante la dictadura y que pretendían continuar actuando en democracia bajo el pretexto que la transición pactada y pacífica era insuficiente.

El gobierno democrático recién instalado fue implacable en la persecución de los grupos subversivos de izquierdas que se negaron a aceptar de la transición, como Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que operaba bajo la protección del Partido Comunista, el Mapu Lautaro y el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR); estos grupos, en democracia participaron en 46 robos a bancos y 246 acciones de violencia política y asesinaron al Senador Jaime Guzmán.

Para combatirlos se creó una ente civil especializado que generara inteligencia “accionable” en cooperación con las policías, pues no se podía confiar en el ejercito encabezado por Pinochet. Así nació “La Oficina” encabezada por el exdiputado y dirigente histórico socialista Marcelo Schilling, cuya misión era desarticular a los grupos subversivos radicales de izquierda.

La Oficina actuó de manera implacable, utilizando infiltrados, con la colaboración ex presos políticos de la dictadura, interviniendo comunicaciones, recompensando a delatores con impunidad.

Durante su funcionamiento 1990-1993- hubo 33 muertes a manos de la policía, 150 integrantes del FPMR fueron encarcelados y siete fallecidos en acción. La Oficina se disolvió en 1993 dando paso al actual Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).

¿Qué pasó con esa izquierda democrática que supo combatir una dictadura, restablecer la democracia y defenderla de los violentistas con el apoyo y respaldo de la ciudadanía y de todas las fuerzas políticas democráticas?

Hoy nuestro país esta seriamente amenazado por la violencia política urbana y rural, legitimada y apoyada por grupos políticos que encuentran justificación en sus causas y recelan del uso de la fuerza para combatirla.

En los últimos años se ha ido imponiendo una nueva “teología”, que ahora llegó al gobierno, cuyo catecismo es que hay que comprender la violencia física en el contexto de la violencia sistemática económica o simbólica, así como a los abusos, vulneraciones y desigualdades. Y que la violencia es parte integral de las relaciones sociales y que se usa para resolver conflictos e intentar cambiar el orden social. En vez de condenar y combatir la violencia se la sanitiza y valida como una forma de lucha por los cambios. Ahí esta la ley de indulto, el retiro de las querellas, la reacción tímida ante los atentados, la falta de servicio del Estado.

Hoy observamos atónitos como en la Araucanía y sus alrededores se ha “normalizado” la violencia y el caos , con un Estado paralogizado que se muestra incapaz de cumplir con su deber fundamental de mantener el orden público; además, incentiva la violencia ofreciendo repartir tierras, lo que fomenta las ocupaciones ilegales de predios, sin exigir un alto al fuego mientras se dialoga y retirando los militares de la zona.

Peor aún, ahora ha desaparecido de discurso público oficialista toda referencia a la violencia mapuche. Bajo el liderazgo subsecretario Monsalve solo se habla de combatir el narcotráfico y el robo de madera ignorando premeditadamente que la mayoría, sino todos, los atentados, son obra de grupos terroristas mapuches que han optado por la violencia como medio lucha.

La glorificación de la violencia está afectando también a los colegios; somos testigos de la violencia desatada en los colegios públicos de todo el país, con peleas a cuchillo en los patios y accesos de los establecimientos y amenazas a las comunidades educativas y estudiantes por las redes sociales.

Un caso emblemático del deterioro de la convivencia es lo que está sucediendo en el Internado Nacional Barros Arana, hasta hace poco la “joyita” de la educación pública y que está viviendo algo parecido a lo que terminó por destruir al Instituto Nacional.

El edifico del INBA está siendo utilizado como centro de operaciones por alumnos y extraños para incendiar buses del transporte público, lanzar reiteradamente bombas molotov a un recinto militar vecino e impedir el normal funcionamiento del colegio destruyendo su infraestructura. Su atribulado rector, un exalumno, abandonado y sin apoyos observa impotente la destrucción de su amado colegio habiendo sido él mismo víctima de golpes y amenazas.

Para más remate, el sostenedor del INBA es la municipalidad de Santiago, cuya alcaldesa considera que la mantención del orden público no es problema suyo, habiendo expresado en múltiples oportunidades sus simpatías por los estudiantes movilizados.

Mientras tanto, como acusa el rector del INBA “el colegio de profesores se preocupa de la inmortalidad del cangrejo y no de lo importante”. Y tiene toda la razón. La actual directiva del colegio actúa como el peor enemigo de la educación pública y, desgraciadamente encuentra eco en un débil ministro de educación que -presionado por ese gremioL- opta por suprimir la prueba Simce para no “estresar” a los alumnos y anuncia que la información sobre rendimiento escolar de los establecimientos será reservada y secreta y no estará a disposición de la opinión pública.

No podemos resignarnos a esta “nueva normalidad” que nos condena a ser comprensivos con la violencia cuando es tipificada como política; o bajo el pretexto de que hay que atender las causas profundas del malestar o descontento; no tenemos por qué a tolerar conductas destructivas que afectan nuestros barrios, escuelas y espacios públicos.

Hay un denominador común entre la delincuencia, la violencia política, el ingreso ilegal de inmigrantes y el desprecio de los estudiantes por sus colegios y es la sensación de total impunidad, de que nunca habrán consecuencias. Y eso es exactamente lo que esta ocurriendo en el Chile de hoy.