La Justicia chilena ha vuelto a sentar un precedente negativo para el desarrollo de proyectos. A principios de este año, un juez de garantía de Limache absolvió a un grupo de personas que, en abril de 2019, escalaron una torre de alta tensión de más de 40 metros de altura para instalar allí un campamento e impedir así que continuara la construcción de una línea de transmisión mandatada por el Estado.
La sentencia del juicio oral no tuvo por probado que la torre fue escalada “en la fecha y lugar” que dijo la empresa, porque ni los videos y fotos existentes, ni las propias declaraciones de algunos querellados indican esos datos. Solo se acreditó —de algún modo, en contradicción con lo anterior— que “[a] principios de abril de 2019, en el sector ‘Cuesta La Dormida’, ubicado en la comuna de Olmué, con la finalidad de impedir las faenas correspondientes a la instalación de las torres de alta tensión […] un grupo de personas se ‘tomaron’ la torre ‘826’, la que se encontraba en construcción en el lugar, permaneciendo en dicha instalación por varios días”. Más de una semana, en realidad, según se puede corroborar con una breve investigación de la prensa de la época.
Junto a la supuesta insuficiencia de la prueba, la sentencia absolvió a los responsables basándose en que no se habrían configurado “vías de hecho”, ya que se requería demostrar violencia física a personas, y no solo una “oposición a las torres de alta tensión”.
Finalmente, la sentencia también sostuvo que los acusados habrían tenido un “motivo justificado” para interrumpir los trabajos: proteger el medio ambiente. Más allá de las discusiones jurídicas antes vistas, este último es claramente el punto más alarmante.
¿Desde cuándo la legítima preocupación ambiental justifica poner en riesgo la vida propia y la de otros, e impedir la ejecución de obras públicas legalmente mandatadas por el Estado? ¿Qué mensaje entrega el fallo a quienes quieran imitar los hechos, aunque sea por otras razones?
De hecho, hace solo unas semanas, un joven deportista viñamarino se grabó escalando otra torre de alta tensión, por suerte desenergizada (aunque lista para ser energizada, cuestión que el aventurero no tendría porqué haber sabido), y compartió el video en redes sociales, donde se viralizó rápidamente. Incluso un canal de televisión lo mostró en su noticiario. El joven lo hizo “por deporte”. Distinta razón, pero no menos válida a ojos de quienes ponen sus propias convicciones por delante, no importando el riesgo o los derechos de los demás.
La historia de la primera torre puede tener un final aún peor. La empresa afectada presentó un recurso de nulidad, pero la Fiscalía de Limache no quiso hacer lo mismo, y la Corte de Apelaciones de Valparaíso terminó por desestimarlo hace unas semanas. Los afectados ahora han amenazado públicamente con demandar a la empresa por “criminalizar la protesta”.
Nada más lejos de eso. Que un tribunal de la República falle que existe motivo justificado para casi cualquier cosa por el hecho de tener una convicción no solo resulta absurdo: es peligroso. Proteger la infraestructura crítica del país también es proteger la vida y la seguridad de todos. Decisiones como esta solo abren la puerta a nuevos actos temerarios, que algún día pueden terminar en tragedia.
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¿Cuál es el riesgo de corridas bancarias digitales hoy? Por Patricio Jaramillo. https://t.co/Q2M4NRShI2
— Ex-Ante (@exantecl) April 28, 2025
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