Lo que proponen es un sistema integral cuidadosamente diseñado para anular toda capacidad de injerencia y relevancia de las minorías circunstanciales que quedan impotentes ante la aplanadora de la mayoría. Es un sistema construido sobre la base de ocho pilares fundamentales:
1.- Concentración de todo el poder en una nueva Cámara de Diputados y Diputadas que se toma todas las atribuciones que antes tenía el senado y algunas del presidente de la república.
2.- Se consagra la regla de que basta con la mayoría de los parlamentarios presentes en la sala para aprobar o rechazar prácticamente cualquier cosa.
3.- Se establece , un sistema unicameral de facto o “trucho”: el ente denominado Cámara Regional, que sustituye al Senado, carece absolutamente de atribuciones para interferir, revisar, corregir o modificar las decisiones de la Cámara de Diputados , lo que es de la esencia de un sistema bicameral. De modo que conceptualmente no se puede hablar de un bicameralismo. La Cámara Regional no forma parte de un poder legislativo ni tiene una situación de igualdad con la Cámara de Diputados; sino que mas bien se relaciona con las Asambleas Regionales y se involucra en asuntos que tiene que ver con las regiones.
4.- Se establecen mecanismos para maximizar las posibilidades de la izquierda de lograr la mayoría de los escaños de la asamblea todopoderosa, utilizando el expedientes de los cupos reservados para grupos identitarios, como pueblos originarios, muchos extintos o muy pequeños, afro-chilenos y diversidades sexuales. De modo que, al igual como ocurrió en la convención, personas que no compiten por el voto popular tengan escaños.
5.- Se omite del texto constitucional a los partidos políticos refiriéndose en cambio a las “organizaciones políticas” de modo de poder, a posteriori y mediante una ley aprobada por mayoría simple homologar a las organizaciones sociales, muchas veces afines la izquierda, con los partidos a efectos de participar en los procesos electorales y conquistar escaños con apoyo económico estatal.
6.- Se debilita la figura del presidente de la república al no reglar en la Constitución la tramitación de la acusación constitucional dejando la materia para una ley simple. Como desaparece el Senado, la acusación se tramita solo en la cámara que pasa a ser juez y parte. No se requiere ser muy imaginativo para entender el impacto que esta situación tendrá sobre un presidente que puede estar constantemente amenazado de destitución (miremos el triste ejemplo del Perú).
7.- Se sacan de la constitución todas las normas relativas a las reglas electorales, que son el corazón latente de una democracia; ahora se dejan al arbitrio de la ley y por simple mayoría se podrán cambiar las normas cuando convenga, aumentando el número de diputados (la constitución habla de un mínimo de 155) modificando los distritos y las circunscripciones, agregando cupos reservados, poner requisitos para constituir partidos, etcétera.
8.- Se permite la reelección inmediata del presidente, lo que puede incentivar el mal uso de los recursos públicos para ponerlos al servicio de la campaña, como por ejemplo el otorgamiento de bonos y otros beneficios, políticas económicas populistas y el aprovechamiento del aparataje estatal.
Estas son algunas de las razones por las que constituyentes de centro izquierda y de la derecha rechazaron el acuerdo. No aceptan un unicameralismo disfrazado, mentiroso, un sistema que deja asuntos fundamentales al capricho de una de la mayoría simple cualquiera que sea su color político en vez de regularlos como correspondería en la carta fundamental. Se plantea un sistema político que lejos de ayudar a superar los problemas y carencias que afligen a nuestra sociedad los exacerbarán.
Por desgracia, lo que podría pasar con nuestra democracia es la crónica de una muerte anunciada. Desde el primer día un sector de la convención ha procurado imponer su visión ideológica, aprovechando al máximo su mayoría para que las cosas sean como ellos quieren. ¡No han sido capaces de sobreponerse a la tentación de pegar el zarpazo!
El tímido espíritu dialogante que ha emergido en las ultimas semanas se debe solo a la aparición del fantasma del rechazo frente a un borrador que, en aspectos esenciales, no está cumpliendo con estándares democráticos mínimos.
El proceso de redacción del borrador de la nueva constitución está llegando a su fin; es la hora donde las declaraciones de compromiso con la democracia deben manifestarse en la voluntad concreta expresada en votaciones coherentes con ese compromiso. También es el momento en que todos los ciudadanos se preocupen y ocupen de enterarse del contenido de las normas que se están aprobando y que marcarán el futuro de cada uno de los chilenos, pues el próximo paso será decidir en la urna si aceptamos o rechazamos la propuesta de la convención constitucional.
Carolina Tohá y Paula Vodanovic pretenden representar algo cualitativamente distinto al actual gobierno, pero no hay autocrítica ni un reconocimiento de responsabilidades, solo relato. No dicen “fallamos”, sino “fallaron”. Pero no les será fácil -sobre todo a Tohá- convencer a una ciudadanía que quiere un cambio de verdad y no piruetas electorales.
Marcia Tambutti Allende, hija de la exsenadora Isabel Allende, figura como querellada en la causa de la fallida venta de la casa de Guardia Vieja y ya declaró en la causa. La documentalista y bióloga es pareja del abogado Felipe Vio quien representó a la familia en la operación inmobiliaria.
La entrevista del senador Quintana (PPD) diciendo que el gobierno había propagado el antisemitismo, despertó uno de los fantasmas de La Moneda. En 2024, la enviada del Departamento de Estado de EE.UU. para combatir este fenómeno, criticó al Presidente Boric por llamar a consulta al embajador por la guerra en Gaza y otros episodios.
El reembolso, tal como indica su nombre, sólo se entrega para cubrir aquel monto de gastos electorales autorizados y aprobados -no el crédito de consumo familiar ni la cuenta del supermercado- que no han sido previamente cubiertos por otras vías de financiamiento, con un tope máximo de 0,04 UF por voto obtenido.
Una presentación en Contraloría pidió determinar si existe inhabilidad o conflicto de interés en la designación en Curacaví del abogado Francisco Javier Eyzaguirre como nuevo director de seguridad comunal. Hasta diciembre el penalista defendía a distintos imputados incluidos casos de tráfico de estupefacientes. En el municipio señalan que el profesional renunció al patrocinio de todas […]