A no dudarlo: la Convención Constitucional entró en tierra derecha y el nerviosismo crece a medida que pasan los días y las encuestas muestran que el desenlace no será el que podría haberse imaginado el día en que casi el 80% de los chilenos se manifestó por la redacción de una nueva Constitución.
De hecho, algunos, motivados por los estudios de opinión, ya se entusiasman con la campaña del rechazo, organizando incluso manifestaciones callejeras como la ocurrida en la plaza Pedro de Valdivia hace unos días. Es obvio que ha habido un sector que no ha querido dar una oportunidad al cambio. Primero votó en contra del proceso constituyente y una vez instalado este, ha buscado desacreditar a la Convención, aportando a un clima controversial. Si esa derecha del 20% cree que puede asumir el liderazgo de una campaña por el rechazo, estaría garantizando el triunfo del apruebo, cualquiera sea el texto que salga de la Convención.
Otra cosa es la intervención de Ricardo Lagos, que motivó respuestas de algunos convencionales que quedarán en la antología de lo paupérrimo. Sin embargo, es evidente que Lagos interpretó la inquietud de miles que ven con creciente distancia el discurso autocomplaciente de convencionales que afirman que en nuestra historia republicana “no hemos conocido la democracia”.
La táctica de desacreditar a quienes osan criticar el curso de la Convención, así como el adelantamiento de una campaña publicitaria por el apruebo de un texto que no ha sido redactado aún, no son el camino recomendable. Sólo habla de soberbia e incapacidad de escuchar a la ciudadanía, de enclaustramiento en una burbuja que la aleja del sentido común de los chilenos.
Por cierto, hay avances positivos en los debates de la Convención. Notoriamente, la reciente definición de que Chile es un estado social y democrático de derecho fue muy mayoritaria y representa una paso relevante en sintonía con la demanda de derechos que en gran medida ha motivado este proceso.
No obstante, la frase inmediatamente sucesiva afirma el carácter plurinacional del Estado, lo que genera muchas dudas y oposiciones puesto que cuestiona la unidad de la nación chilena y ciertamente abriría las puertas a querellas nacionales e internacionales, con las que tendríamos que lidiar en el futuro.
Entre las normas aprobadas que causan desconcierto está el Consejo Nacional de la Justicia. La Convención no ha querido escuchar a la Corte Suprema dejando en minoría a los jueces ante un organismo de amplios poderes en cuya conformación el Congreso de los diputados y las diputadas tendrá una voz cantante. La puerta a la politización de la justicia podría quedar abierta y la autonomía del poder judicial un triste recuerdo.
Tampoco la convención quiere escuchar al Senado. Acusado con arrogancia de defender privilegios de una casta aristocratizante, se ignoran 200 años de historia y el papel fundamental que esta instancia ha tenido en momentos claves de nuestra historia, así como el rol que en ésta han desempeñado políticos que han ocupado su presidencia como Arturo Alessandri Palma, Eduardo Frei Montalva o Salvador Allende Gossens. En este caso no solo se trata de un desconocimiento a una instancia clave en nuestra historia republicana, sino también se evidencia el menosprecio a los necesarios equilibrios que en un sistema democrático deben construirse para evitar la tentación autoritaria o populista.
El éxito de la Convención depende de los consensos que sea capaz de construir. La mayoría de los chilenos que dio luz verde al proceso constituyente vio en él la posibilidad de encauzar la grave crisis de 2019. Su fracaso prolongaría la inestabilidad y dañaría profundamente al gobierno actual. Por eso, se puede decir con claridad y fuerza que no es hora de la arrogancia ni de la autocomplacencia que exudan algunos convencionales, sino que mejor sería hacerle caso al vicepresidente Gaspar Domínguez que recomienda “escuchar las voces”. Aún es tiempo.
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