No hay duda de que la infraestructura implementada en Chile en los últimos 30 años mejoró la vida de las personas, con autopistas, hospitales, cárceles, centros culturales y aeropuertos, entre otros, que posicionan al país como una de las naciones ejemplares en América Latina en este ámbito.
Se trata de obras que -de la mano de la Alianza Público-Privada por la vía de las concesiones y con una inversión de US$ 28 mil millones en 30 años-, generan servicios indispensables para las comunidades. Pero también en los últimos años se ha consensuado que debido a las dimensiones de estos proyectos, muchas veces generan impactos en el entorno. Por eso, resultan clave los aportes a través de obras complementarias.
En esa línea se creó el plan “Buen Vecino” por parte del Ministerio de Obras Públicas, el que tiene como objetivo consensuar con los habitantes de las comunas las obras que le permitan a las concesionarias y al ministerio convertirse en un mejor vecino.
La idea ha sido implementar proyectos de mitigación, los que van desde paseos, áreas verdes, parques deportivos, hasta juegos para niños, pasarelas y luminarias. La cartera de Obras Públicas estima que las inversiones a 2026 ascenderán a US$ 364 millones. Solo este año se invertirán US$ 152 millones.
En su cuenta pública el Presidente Boric reafirmó el compromiso con este plan, anunciando el diseño y construcción de cuatro nuevas plazas sobre la Ruta 68 en Pudahuel y otras seis, en la Ruta 5 y la de Américo Vespucio, señalando que las carreteras no deben seguir siendo “cicatrices que dividan las ciudades”. Además, debemos destacar el reciente anuncio de un parque urbano sobre la Autopista Central.
Este programa contempla la construcción de 163 obras este año, lo que generará 7.340 puestos de trabajo en momentos en que más empleo se requiere en las regiones de Antofagasta, Atacama, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Biobío, Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, beneficiando a mas de 500 mil personas.
Con estas iniciativas los alcaldes de las comunas donde se han llevado adelante estas obras han hablado de “justicia urbana” y los vecinos afirman que estas iniciativas mejoran la calidad de vida.
Esto acoge lo que en los últimos meses expertos han destacado respecto del valor de la Alianza Público-Privada, donde también -han señalado- deben estar incorporadas las personas. Vemos que los destinatarios de esta infraestructura habilitante son los vecinos, quienes deben ser escuchados acerca de sus necesidades de accesibilidad a servicios y otros espacios públicos para desarrollar sus vidas y de mayor seguridad.
El desafío de continuar poniendo en el centro a las personas es un tema aún más desafiante si se miran obras prioritarias para el país, como la ampliación del Puerto de San Antonio y su relación con la comuna o bien las nuevas autopistas proyectadas en las urbes. Estas deben incorporar las necesidades de las comunidades, transformando estas intervenciones en hitos para las ciudades que sean en un orgullo y puntos de encuentro para sus habitantes.
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