Aula Segura: Carolina Tohá tropieza dos veces con la misma piedra. Por Jorge Schaulsohn

La ministra salió a respaldar a la alcaldesa de Santiago y le tiró la cadena a la ley aula segura, repitiendo la “fake news” de que su aplicación tuvo “resultados catastróficos”. Cuando era alcaldesa de Santiago, Tohá tuvo un comportamiento errático frente a la violencia en los colegios. Primero, en el gobierno de Bachelet, estuvo en contra de las tomas, las criticó y denunció. En el gobierno de Piñera cambió radicalmente su postura, respaldando las tomas y criticando los desalojos, un factor clave en su derrota cuando intentó reelegirse. Cuesta entender por qué vuelve a insistir en ese error.

Desde 2021 más de cincuenta mil jóvenes no regresaron nunca más a las aulas, muchos de ellos en el último año de enseñanza básica. Los que volvieron se han encontrado con un clima de violencia, intimidación, tomas y manifestaciones que impiden la celebración de clases.

Somos testigos del lanzamiento de bombas molotov desde el interior de los colegios, de su uso como refugio una vez perpetradas las tropelías en la vía pública como quema de buses, barricadas, destrucción de propiedad público y privada.

Más de 100 personas han sido detenidas durante este año por incidentes en liceos emblemáticos; según Carabineros un 53% de los detenidos fueron capturados en el perímetro del Instituto Nacional. La semana pasada más de 50 bombas molotov fueron lanzadas contra carabineros desde el liceo de aplicación.

El problema no empezó bajo este gobierno, pero ciertamente se agravó al amparo de una nueva “teología” cuyo catecismo es que hay que comprender a los estudiantes que son víctimas de un contexto sistémico caracterizado por la violencia económica, vulneración de derechos y desigualdades.

Para contener la violencia en las escuelas el ex presidente Piñera envió al Congreso el 2018 la Ley Aula Segura, cuya finalidad es entregar una herramienta eficaz a los directores de los colegios para sancionar en forma expedita a los estudiantes que atenten contra la convivencia del establecimiento; les impone la obligación de iniciar un proceso contra los estudiantes violentistas y los faculta para adoptar de inmediato la medida cautelar de suspensión , mientras se tramita su caso que puede culminar con su expulsión.

Esta ley, de sentido común, que parece tan obvia y necesaria fue duramente criticada por los parlamentarios de la izquierda desde el primer momento; les produjo el mismo rechazo visceral que los estados de emergencia, la infraestructura crítica, la ley anti-barricadas, pero al final la presión de la opinión pública los obligo aprobarla en el Congreso.

Sin embargo, nunca abandonaron su intención de eliminarla y en abril de 2021 un grupo de diputados y diputadas entre los que se encontraban Gonzalo Winter, Cristina Girardi y Camila Vallejo presentaron una iniciativa para derogarla con el argumento de que solo “había provocado la criminalización de menores de edad”.

Para la entonces diputada Vallejo, la ley aumentó la violencia a causa de la persecución de jóvenes por el solo hecho de manifestarse. “Esta ley busca sacar a los alumnos con opiniones críticas, a los que se manifestaban por sus derechos y aplicar sanciones sin el debido proceso, como cancelación arbitraria de matrículas”.

Todo lo cual es falso porque la ley solo se aplica a los actos que causen daño a la integridad física o síquica de los miembros de la comunidad y contempla un procedimiento sancionatorio que debe respetar los principios del debido proceso, la presunción de inocencia, la bilateralidad y el derecho a presentar pruebas.

Además, la medida de expulsión o cancelación de matrícula debe ser ratificada por escrito por el Consejo de Profesores. La medida cautelar de suspensión de alumnos dura mientras se tramita el procedimiento interno que debe ser resuelto dentro de diez días.

En medio de la violencia descontrolada que vivimos, hace algunos días varios directores de colegios de Santiago angustiados por la impotencia, denunciaron que la alcaldesa había instruido de que se abstuvieran de aplicar la ley Aula Segura, lo que generó una polémica en la que se involucró hasta la Corte Suprema que por intermedio de su vocera recordó que “las leyes se tienen que aplicar”.

El ministro de Educación salto a la palestra apoyando a la alcaldesa responsabilizando a la ley aula segura “de la fractura que se provocó con el mundo estudiantil”; un juicio completamente ridículo y antojadizo que fue rechazado por expertos de facultades de educación que lo consideraron como una muy mala señal.

A mí me resulta totalmente incomprensible esta hostilidad irracional que carece de toda evidencia empírica hacia Aula Segura y que comenzó el mismo día en que Piñera la anunció. Pienso que hay una mezcla de “compromiso” con las movilizaciones estudiantiles, una compulsión contra la represión de las conductas violentas de los estudiantes que culminaron en el estallido social, hasta hace poco considerado por buena parte de la izquierda como un hito histórico en el “despertar” de la nación.

Pero lo más sorprendente de todo este asunto es la aparición en escena de Carolina Tohá quien, sin tener porqué, salió a respaldar a la alcaldesa de Santiago y le tiró la cadena a la ley aula segura, repitiendo la “fake news” de que su aplicación tuvo “resultados catastróficos”.

Tohá no es nueva en estas lides y como alcaldesa de Santiago tuvo un comportamiento errático frente a la violencia en los colegios que sin duda fue uno de los factores que incidió en su derrota electoral; porque en un principio, cuando Michelle Bachelet estaba en el gobierno estuvo en contra de las tomas, las criticó y denunció, lo que le valió duras críticas de los estudiantes.

Sin embargo, en el gobierno de Piñera cambió radicalmente su postura, respaldando las tomas y criticando los desalojos ordenados por el ejecutivo alegando falta de dialogo con las autoridades.

“El gobierno no ha tomado conciencia del daño que está generando en esta generación” manifestaba entonces pidiendo “darle un espacio a aquellos dirigentes que están tratando de hacer un camino distinto”. Al menos en Santiago “estamos intentando hacer un camino distinto”. De hecho, fue denunciada ante la Contraloría por los apoderados del Instituto Nacional por no hacer nada para poner fin a una prolongada toma.

Mediante una decisión muy criticada en su momento, Tohá en la práctica “legalizó” las tomas bajo condición de que fuesen aprobadas en asamblea de estudiantes y por la mayoría de los presentes: fue como apagar un incendio con bencina. Los estudiantes hacían sus asambleas, se tomaban el colegio y la alcaldesa no podía hacer nada, pues estaban siguiendo sus reglas. Al final no resistió la presión y se vio obligada a solicitar los desalojos de todas maneras.

Resulta incomprensible que la ministra Tohá se tropiece dos veces con la misma piedra, en circunstancias que llegó al cargo para a restablecer el orden, apoyando a Carabineros, respaldando el uso de la fuerza y la legítima defensa, que hace de la lucha contra la violencia una de sus prioridades. No se entiende que ahora se oponga al uso de una herramienta útil y necesaria para controlar la violencia y destrucción en los colegios, enviando a los sostenedores la señal inequívoca de que no deben aplicar la ley.

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