Llevamos años hablando de la violencia de los grupos radicales mapuche y hasta hemos inventado un eufemismo para referirnos a ella (“violencia rural”). Nos negamos a aceptar que en el sur de Chile tenemos una guerrilla, una resistencia armada mapuche capaz de causar muertes y destrucción con total impunidad. Porque ningún gobierno esta dispuesto a pagar el costo de enfrentar a los grupos armados.
Hemos llegado a tal punto en el negacionismo que preferimos echarle la culpa de los atentados al “crimen organizado” a los “narcos” y a los “ladrones de madera”, haciendo contorsiones para omitir el hecho de que los atentados son perpetrados por grupos radicales mapuches que, por lo demás, dejan constancia de su autoría.
Pero la violencia en la Macrozona Sur no terminará en un futuro predecible por la sencilla razón de que a los grupos radicales mapuches les está yendo bien, van ganado la “guerra”, abriéndose camino, recuperando tierras, ganando reconocimiento y legitimidad. Si hasta han escrito parte importante de la nueva constitución, estableciendo una justicia paralela, la expropiación de las tierras ancestrales en manos de dueños no mapuches, representación en todos los organismos públicos, derecho de veto en temas ambientales, cupos reservados en el congreso.
No hay en el mundo ninguna guerrilla exitosa que deponga las armas.
Y aún les queda mucho camino por recorrer porque si gana el Apruebo la materialización de las conquistas requiere de la dictación de una batería de leyes en el congreso que no serán fáciles de aprobar como, por ejemplo, la individualización de las “tierras ancestrales” expropiables y la regulación de la relación entre sus territorios con el Estado de Chile.
La resistencia armada no colgará los guantes; gracias a ella los grupos radicales mapuches están logrando cambiar la esencia del Estado de Chile y la forma cómo entendemos nuestro pasado adoptando el concepto plurinacional.
En Chile está demostrado que la violencia rinde resultados. ¿Acaso la convención constitucional no es uno de sus frutos? Esta idea quedaría entronizada en una de las propuestas aprobadas como preámbulo del borrador escrito por Baradit que glorifica la violencia del estallido social:
“…pero el río de la historia siempre sigue su curso y el 18 de octubre de 2019 ese mismo pueblo se reencontró en su lucha histórica en busca de igualdad y justicia social y fueron los mismos estamentos los que llenaros las calles…e iluminados por la dignidad decidieron el camino común hacia un mejor futuro para nuestros pueblos..”.
En otro párrafo ningunea la gesta de la independencia del 18 de septiembre de 1810, señalando que ella “respondió a un contexto excluyente que dejaba fuera de toda participación a mujeres, trabajadores y pueblos originarios …que fueron esquilmados y perseguidos por el mismo estado que debió haberlos respetado e incluido”. El “historiador” olvida que los mapuches apoyaron a los españoles con quienes tenían un acuerdo formal que ambas partes respetaron rigurosamente.
El gobierno tiene otra mirada sobre el conflicto que apuesta a un dialogo sin condiciones. No pide el cese de las hostilidades y está incómodo con el uso de la fuerza para controlar la violencia desatada. Sus ministros han hablado de presos políticos mapuches lo que es una aberración jurídica y un craso error político: legitima y presta ropa a las guerrillas poniendo en entredicho el carácter democrático de Chile y su propio gobierno puesto que la única forma en que podrían existir “presos políticos” es si el Estado los tolera.
Para Apruebo Dignidad involucrar a las fuerzas armadas en la Araucanía es una especie de pecado mortal, algo así como pedirle a un sacerdote que respalde el aborto. El gobierno estuvo sin conducta por varias semanas, que no supo que hacer, hasta que una caída meteórica en las encuestas y el bloqueo de las carreteras por los choferes de camiones lo forzó a recurrir a las fuerzas armadas, desatando una rebelión en su coalición, que intentó aplacar inventando un Estado de Excepción Intermedio no contemplado en la constitución y que al final tuvo que abandonar por falta de apoyo de sus propios parlamentarios.
Finalmente, y con el apoyo del Partido Socialista el presidente terminó decretando un Estado de Emergencia descafeinado que limita severamente el radio de acción de los militares afectando la eficacia de su misión; que no deja contentos a los habitantes de la zona y le significa una importante pérdida de su capital político frente al mundo mapuche y a un sector de la izquierda.
El gobierno tiene pánico de que se produzca un enfrentamiento en el que pudiera resultar muerto o herido un comunero mapuche por un disparo efectuado por un militar, lo que sería catastrófico para Boric; un escenario que no se puede descartar porque en la Araucanía existen guerrillas con entrenamiento y armamento militar.
¿Que pueden lograr los mapuches por la vía del dialogo que la “violencia rural” no les haya permitido obtener cuando sus aspiraciones más sentidas forman parte de la nueva constitución? ¿Qué incentivo hay para que dejen las armas cuando enfrentan un gobierno vacilante que carece de la voluntad necesaria para imponer el pleno imperio del estado de derecho?
No podemos actuar con tanta ingenuidad. Es irracional y contrario a los intereses permanentes de Chile aprobar un borrador de constitución que concede absolutamente todo a las demandas mapuches sin obtener nada a cambio, sin un compromiso formal de que se pondrá fin de inmediato a la violencia y a los actos terroristas desmantelando las guerrillas y haciendo devolución de las armas.
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