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La certeza jurídica y la celeridad que el país necesita para su crecimiento sostenible no se logran creando nuevas burocracias colegiadas ni blindando financieramente los errores administrativos. Se construyen con mejores reglas del juego, y fortaleciendo la calidad y rectoría técnica del Servicio.
El debate legislativo en torno a la reforma de nuestra institucionalidad ambiental ha tomado un rumbo preocupante. Bajo la premisa de agilizar las inversiones a través de la denominada “ley miscelánea”, el Ministro de Hacienda ha insistido en la propuesta de creación de un mecanismo de indemnización o restitución de gastos para titulares de proyectos en caso de que una sentencia firme y ejecutoriada de un tribunal de justicia anule su Resolución de Calificación Ambiental (RCA). El proyecto establece que esta anulación configura un error del Estado, por circunstancias tales como no haber solicitado al proponente información que se estime esencial para una correcta evaluación.
Quienes conocemos desde dentro el funcionamiento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) sabemos que esta disposición no solo adolece de reparos de constitucionalidad y ética pública —al pretender compensar a un privado con fondos públicos cuando un tribunal se limita a ejercer su función legal—, sino que provocará el efecto exactamente inverso al buscado.
Ante el riesgo de que una aprobación obligue al Estado a desembolsar cuantiosas sumas de dinero por una posterior anulación judicial, la reacción de los servicios públicos no será la agilidad, sino la extrema cautela. Temiendo comprometer el erario nacional y su propia responsabilidad, los evaluadores y autoridades a cargo adoptarán una postura defensiva y excesivamente cautelosa. El resultado será un sistema con procesos de evaluación más lentos, con más solicitudes de antecedentes a los proponentes y un nuevo espacio de judicialización.
Para evitar estas contradicciones y dar certezas reales, el primer paso es la coherencia legislativa. No es sano para el país dispersar y tramitar de forma apresurada estas materias, tan relevantes para el desarrollo, en iniciativas misceláneas. Lo técnicamente deseable es concentrar la discusión en un solo proyecto de ley orgánico, abordando de manera sistemática la modernización que el SEIA requiere.
Adicionalmente, es preocupante la propuesta del Ejecutivo, en el otro proyecto de ley que se analiza en la Cámara de Diputados, de incorporar una suerte de Consejo Directivo todopoderoso sobre el SEA, bajo un engorroso sistema de nombramiento equivalente al de los ministros de los tribunales ambientales. Esta solución no solo resulta onerosa, sino que atenta contra la agilidad, la eficiencia y la oportuna toma de decisiones que requiere un servicio con alta demanda de gestión como el SEA.
En definitiva, la verdadera confianza para invertir en Chile no se construye mediante un inédito seguro con cargo a fondos públicos para mitigar fallos judiciales adversos, sino que radica en la solidez de nuestro Estado de derecho y en la estabilidad que entregan instituciones que funcionan con altos estándares de transparencia, participación y rigor técnico. Y por supuesto, generando incentivos para la presentación de proyectos de inversión robustos y bien preparados.
Como miembro de la OCDE, el valor de Chile en el escenario global depende de la coherencia regulatoria y del respeto a nuestros compromisos ambientales internacionales. Hoy, los mercados globales y el mundo desarrollado entienden que la protección del entorno no es un freno al crecimiento, sino la base misma del desarrollo sostenible. El futuro de la inversión pasa también por modernizar la gestión del Estado para dar plenas garantías de seguridad y bienestar a las próximas generaciones.
La certeza jurídica y la celeridad que el país necesita para su crecimiento sostenible no se logran creando nuevas burocracias colegiadas ni blindando financieramente los errores administrativos. Se construyen con mejores reglas del juego, y fortaleciendo la calidad y rectoría técnica del Servicio.
El SEA requiere dar continuidad a la unificación de criterios de evaluación, a la capacitación de sus equipos y a la modernización tecnológica mediante la automatización de procesos, la transparencia y el análisis de datos; herramientas que ya demostraron su valor al permitir la aprobación récord de 41.500 millones de dólares en inversión durante 2025.
Hagamos un esfuerzo colectivo para construir consensos estables basados en la evidencia. Un Estado eficiente, técnicamente sólido, con instituciones y procedimientos robustos, sigue siendo el mejor aliado de una inversión segura.
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