La Dipres requiere ponerse al día para hacer frente a esta más compleja realidad y seguir así cumpliendo de manera efectiva su misión de “velar por la asignación y uso eficiente de los recursos públicos, mediante la aplicación de sistemas e instrumentos de gestión financiera, programación y control de gestión, en el marco de la política fiscal”.
He desarrollado parte importante de mi carrera profesional en la Dirección de Presupuestos (Dipres). Tengo certeza de que es una institución con profesionales muy capaces y que ha jugado un rol clave para las políticas públicas de Chile.
Puede incluir entre sus logros haber contribuido a la reducción de la deuda pública en los años noventa y dos mil, la implementación de la regla de balance estructural (BE), la creación de los fondos soberanos, y la instauración de un sistema de monitoreo y evaluación de programas públicos. De hecho, estos aspectos de la experiencia chilena han servido para desarrollos en otros países.
Pero, así como hay logros claros, la realidad fiscal actual deja en evidencia nuevos y grandes desafíos. Sabido es que la deuda se multiplicó por más de 10 entre 2008 y 2025, situándose actualmente a pocos puntos de alcanzar su nivel prudente de 45% del PIB; que el gasto público ha superado a los ingresos estructurales en 16 de los últimos 18 años, con un déficit promedio anual de 2% del PIB; y que los ahorros fiscales en el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) han caído hasta solo un punto del producto, un quinto del nivel recomendado por el Fondo Monetario Internacional para poder reaccionar ante una crisis.
En definitiva, la Dipres requiere ponerse al día para hacer frente a esta más compleja realidad y seguir así cumpliendo de manera efectiva su misión de “velar por la asignación y uso eficiente de los recursos públicos, mediante la aplicación de sistemas e instrumentos de gestión financiera, programación y control de gestión, en el marco de la política fiscal”[1].
Ciertamente, la Dipres no puede controlar todos los resultados fiscales, pero sí puede perfeccionar una serie de insumos clave que inciden en ellos. A la luz de las discusiones de los últimos años, y sin ser exhaustivo, identifico las siguientes oportunidades prioritarias:
- Mejorar la capacidad predictiva de los modelos de proyección de ingresos fiscales. El incumplimiento de la meta fiscal estructural de 2024 y 2025 se debió principalmente a una sobrestimación de ingresos que no se concretaron y que no fueron compensados por ajustes de gastos. La razón puede ser que los modelos estén descalibrados para una realidad con mayor informalidad económica y mayor peso de la economía digital.
- Institucionalizar y transparentar la metodología de proyección de la deuda pública. La reciente controversia sobre la precisión de la proyección de deuda de mediano plazo dejó en evidencia que existe una asimetría institucional entre la regla de BE y la regla de deuda: mientras la primera cuenta con una metodología pública y replicable, un procedimiento de verificación de su cálculo por parte del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) y una instancia formal para cualquier modificación metodológica, nada de ello existe para la regla de deuda. Esto probablemente se debe a la madurez de la regla de BE aplicada ya por 25 años, versus el ancla de deuda recién instaurada en 2022.
- Aumentar la cobertura y capacidad de incidencia del sistema de evaluación de programas. A pesar de la disponibilidad de información de calidad que emana desde el sistema de monitoreo y evaluación, existe bastante consenso en que esta no tiene un impacto suficiente en la asignación de recursos, probablemente por los desafíos de economía política que cruzan dichas decisiones. Es decir, el sistema tiene un mayor potencial no utilizado.
- Mejorar la información que entrega la Dipres. Entre otra, es clave la información que vincula presupuestos con resultados, las necesidades de financiamiento público, los gastos comprometidos a mediano plazo y las proyecciones de ingresos. En este ámbito puede darse una ironía: a pesar de las mejoras en transparencia de la Dipres, la mayor exigencia de rendición de cuentas por parte del sistema político, la prensa y la ciudadanía, hace que la brecha de información no se cierre.
Todo lo anterior, además, en un contexto en el que desde 2019 existe el CFA, con un rol asesor no vinculante, que en los hechos exige un mayor escrutinio a la labor macro fiscal de la Dipres, le pide más información y le hace recomendaciones. Esta realidad requiere que la Dirección de Presupuestos evalúe su organización interna para una relación más expedita con el Consejo.
La modernización planteada demanda una visión técnica consensuada, pues estamos hablando de mejoras de Estado, no de críticas a un gobierno.
Esto implica alejarse de la vehemencia política que ha acompañado la discusión fiscal del último tiempo. Una forma de avanzar podría ser conformar un Comité Asesor experto que valide el diagnóstico y priorice las propuestas. Seguramente, ex autoridades de la Dipres estarían disponibles para contribuir.
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