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El puente está diseñado, los permisos están firmados y hay tráfico esperando en ambas orillas. Lo que falta no es regulación, ni demanda, ni escala: falta que el Ejecutivo decida construirlo. Y los que seguirán pagando el crédito más caro serán, como siempre, los mismos.
Hace dos semanas, casi sin cobertura de prensa, cambió una regla que puede transformar el financiamiento Pyme en Chile. La Circular 2.370 de la CMF, vigente desde el 1 de julio, eliminó el castigo de capital que hacía inviable securitizar carteras de crédito. El alto costo del crédito para las Pyme responde a fallas más profundas que el nivel de las tasas; una de las soluciones que es la securitización con garantía estatal parcial ya es posible.
Para entender por qué importa, hay que mirar dos mundos que hoy no se hablan. Los bancos originan créditos Pyme y los guardan en sus balances hasta el vencimiento. Los fondos de pensiones y las aseguradoras administran activos equivalentes al 70% del PIB y buscan renta fija de largo plazo con riesgo medible. Entre ambos no hay puente.
Cómo se construye el puente
El banco reúne una cartera de créditos Pyme parecidos entre sí y la traslada a un patrimonio separado, un vehículo jurídicamente aislado que emite bonos con distintos niveles de riesgo. Esos bonos los compran las AFP y las aseguradoras. El banco recupera liquidez y vuelve a prestar, pero conserva una participación y sigue administrando los créditos: su incentivo a evaluar bien a cada deudor no desaparece. El último pilar es una garantía pública que, a cambio de una prima proporcional, cubre una porción acotada del riesgo. No es un subsidio: es el pilar que sostiene el puente mientras el tráfico es escaso, y que puede retirarse cuando el mercado aprenda a cruzar solo.
Para la Pyme, el resultado es simple: más bancos compitiendo por prestarle, a tasas más bajas y plazos más largos. El puente no se construye para los bancos ni para las AFP; se construye para que crucen las Pymes.
La regulación ya existe
Durante años la normativa hizo el puente imposible: los instrumentos securitizados retenidos ponderaban al 1.250% para efectos de capital, en la práctica una prohibición. La Circular 2.370 eliminó ese castigo e incorporó la transferencia significativa de riesgo: si los activos quedan aislados durante toda la operación y el banco no puede revertir pérdidas, el tratamiento de capital se normaliza. No fue un ajuste técnico neutro. Fue política de desarrollo del mercado de capitales.
El British Business Bank, el banco público de desarrollo Pyme del Reino Unido, opera este instrumento desde 2014 mediante su programa ENABLE Guarantee. Su evaluación de impacto —descontando el crédito que habría ocurrido de todos modos— estima 43 mil millones de libras en producción adicional en una década y más de dos millones de empleos sostenidos. ¿Y el costo fiscal? No lo hubo: el banco entregó un retorno anual de 4,2% al contribuyente británico.
Chile tiene la escala y la demanda
FOGAPE Chile Apoya movilizó más de 5.500 millones de dólares en 2023 sin aportes fiscales adicionales para cubrir siniestralidad, y una garantía acotada expone aún menos recursos por peso movilizado. El stock de crédito Pyme bancario se estima entre 30 y 40 mil millones de dólares; la fracción más apta para los primeros pools, entre 15 y 25 mil millones. Y la demanda está lista: los fondos de pensiones y las compañías de seguros tienen exposición marginal al crédito Pyme no por restricción regulatoria, sino porque el instrumento no existe. Un vehículo de escala proporcional al británico podría movilizar entre mil y mil seiscientos millones de dólares al año.
Reglas claras y una salida programada
Las condiciones importan tanto como el instrumento: metas contractuales de colocaciones adicionales, publicación estandarizada de criterios, tramos y comisiones, y asignación de la cobertura mediante procesos competitivos con auditoría independiente. Una fase inicial cabe dentro del capital actual del FOGAPE. La escala plena requiere dos pasos: precisión legal sobre el traspaso de la garantía al vehículo securitizador, y ampliación del fondo por parte de Hacienda, como ya se hizo en 2020.
El puente está diseñado, los permisos están firmados y hay tráfico esperando en ambas orillas. Lo que falta no es regulación, ni demanda, ni escala: falta que el Ejecutivo decida construirlo. Y los que seguirán pagando el crédito más caro serán, como siempre, los mismos.
