Las decisiones cuestionadas que acumula Dorothy Pérez le pasan la cuenta

Las críticas del presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, y del senador Arturo Squella a la contralora evidenciaron la incomodidad que comienza a incubarse en algunos sectores por sucesivos dictámenes donde el órgano fiscalizador se habría excedido en sus atribuciones. Los cuestionamientos no vienen solo del oficialismo.

“Ojo con la Contraloría”. El dictamen en que la Contraloría concluyó que la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, no se ajustó a su “deber de abstención” al solicitar información a la PDI para aclarar las razones del traslado de los detectives que trabajaron con ella cuando era fiscal de Tarapacá generó cuestionamientos en el oficialismo.

• “Ojo con la Contraloría”, alertó este lunes en radio Duna el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI). A su juicio, “habría que mirar con detención lo que Contraloría está haciendo en ese dictamen. Está dando una opinión sobre una persona de confianza política”.
• Según Alessandri, “algunos sienten que se está pasando de sus atribuciones. Que lo que hizo la ministra no constituiría conflicto de interés”.
• A sus críticas se unió, en Radio Agricultura, el timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, quien afirmó que “hace tiempo veo algunos excesos en el plano de las atribuciones de la Contraloría” y propuso evaluar si Contraloría debiera transformarse en un órgano colegiado.
• Los cuestionamientos no sólo vienen del oficialismo. El columnista Carlos Peña, planteó en El Mercurio que la contralora no menciona en qué consiste el “deber de abstención” al que habría faltado la exministra ni tampoco precisa el “potencial conflicto de interés” que se le imputa, dando lugar a rumores y especulaciones.
• En el gobierno estaban advertidos de un informe adverso, y fue una de las causas de la remoción de Steinert. El documento se publicó 45 días después del cambio de gabinete.
• Steinert presentó un recurso de reconsideración para revertir el dictamen, argumentando que el organismo se excedió en su rol, ya que su experiencia previa como fiscal regional no constituye un conflicto de interés.

Otras controversias. El caso Steinert se suma a otros dictámenes que han generado polémica e incluso se han judicializado.

1. El reclamo de Codelco. La cuprífera estatal presidida por Bernardo Fontaine presentó el 18 de junio en la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de amparo económico contra Contraloría, a la que acusa de imponer una exigencia “completamente inédita”.

• El conflicto se originó en el negocio del litio. Codelco se asoció con Quiborax para formar “Minera Ascotán SpA” y desarrollar un proyecto de litio en el Salar de Ascotán en Antofagasta.
• El 22 de abril de 2026, mediante oficio, Dorothy Pérez cuestionó que Codelco no hubiera sometido a control previo la constitución de la sociedad.
• Según Codelco, en 50 años de existencia nunca ha tenido que dictar actos administrativos ni someter sus decisiones empresariales a toma de razón y que la exigencia de “tremendamente disruptiva” para su funcionamiento.

2. La contienda con Minsal. Desde inicios de año se libra en tribunales una disputa inédita entre Contraloría y el Ministerio de Salud por el requerimiento de datos sensibles sobre menores trans.

• El origen está en un oficio de Contraloría que pidió al Minsal y servicios de salud una nómina detallada de usuarios del PAIG (Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género): RUT, nombre registral, nombre social, identidad de género, fecha de nacimiento, hospital y arsenal farmacológico usado en terapias hormonales. Esto para fiscalizar el uso de fondos públicos.
• La información permitía identificar a menores y pacientes trans. El Minsal se negó a entregarla alegando reserva legal, derechos del paciente, protección de datos personales y estándares internacionales de niñez. La Defensoría de la Niñez advirtió que la fiscalización ponía en riesgo el interés superior del niño.
• La Corte de San Miguel declaró admisible un recurso de protección contra Contraloría y la Corte de Valparaíso ordenó a Contraloría abstenerse de exigir datos sensibles.

3. Ley Uber. El 10 de junio, la Contraloría rechazó un decreto del Ministerio de Transportes que buscaba flexibilizar los requisitos técnicos para conductores y vehículos de transporte remunerado de pasajeros, incluyendo taxis colectivos y vehículos de plataformas como Uber y Cabify.

El hecho generó malestar en el Gobierno, que abordó el asunto en una minuta interna. Fuentes de Transportes sostienen que la contralora se excedió en sus funciones al opinar sobre el contenido técnico de una política pública. La resolución de Pérez dice que en el decreto del gobierno “se incluyen modificaciones que rebajan el estándar y calidad de los servicios que la ciudadanía ya recibe”.

4. Caso “Estado en quiebra”. En marzo, para explicar el alza de los combustibles, el Segundo Piso de La Moneda difundió en redes oficiales mensajes que hablaban de un “Estado en quiebra”. La expresión generó polémica y hasta el propio ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, salió a desmarcarse.

• A partir de denuncias de diputados de oposición, el 29 de abril Dorothy Pérez emitió un dictamen que concluyó que la Segegob no pudo sustentar “fáctica y técnicamente” los términos usados y que las comunicaciones oficiales deben ajustarse a estándares de veracidad, moderación y precisión.
• El pronunciamiento fue cuestionado. Una editorial de La Tercera, indicó que el uso del lenguaje de una repartición pública “no solo resulta un exceso, sino del todo ajeno” al mandato de Contraloría.

5. Informe migrantes. La filtración de un preinforme reservado de Contraloría sobre el Programa de Reunificación Familiar de migrantes haitianos generó revuelo político al sostener que 64 niños haitianos estaban inubicables.

• Aunque el documento no hablaba de tráfico de personas, se generó alarma pública y el gobierno creó una fuerza de tarea. En pocas horas la PDI logró localizar a todos los menores de edad, aunque aún se investigan posibles casos de tráfico de migrantes.
• Tras guardar silencio varios días, Dorothy Pérez ordenó una investigación por la filtración del preinforme.

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