Aprobado en el papel, reprobado en la práctica

El rigor fiscal exige medir lo que realmente compromete el futuro —la deuda— y no la medición contable de un balance que cambia de valor sin que cambie la economía, evitando además mecanismos que trasladen costos fiscales actuales hacia el futuro.

Cada vez que la Dirección de Presupuestos (Dipres) publica un Informe de Finanzas Públicas, el debate se concentra casi exclusivamente en el balance estructural: si se cumple la meta, o si hay desviación y por cuánto es esta. Es comprensible, pues el balance estructural ha sido el ancla de la política fiscal chilena desde hace un cuarto de siglo. Sin embargo, el indicador que técnicamente debería pesar más en la evaluación sobre la salud fiscal es la deuda del Gobierno Central como porcentaje del PIB, y su relación con el techo prudente de 45% del PIB.

¿De dónde viene ese 45%? No es un número arbitrario. Tampoco proviene de un consenso internacional sobre un umbral óptimo único. Surgió de estudios técnicos del Ministerio de Hacienda y el Consejo Fiscal Autónomo, que buscaron identificar el nivel de endeudamiento más allá del cual el costo de financiamiento de Chile comienza a deteriorarse, por el aumento de las primas de riesgo país cuando las clasificadoras nos miran con más escepticismo.

Ese umbral responde a factores estructurales propios de la economía chilena como el tamaño del mercado financiero, u desarrollo institucional, la historia de cumplimiento de compromisos, entre otros. Por tanto, cambiar el límite de la deuda sin consecuencias financieras adversas requiere modificar estos factores.

Por varios motivos la deuda es un mejor termómetro de la salud fiscal que el balance estructural.

• Primero, porque el balance estructural mide solo una fracción de las necesidades de financiamiento y, por tanto, de deuda, del Estado para un año. No captura la fotografía completa, pues deja fuera transacciones “bajo la línea” -uso de activos del Tesoro, capitalización de empresas públicas, garantías estatales activadas, etc.-
• Adicionalmente, el problema no es solo de cobertura: el valor del balance estructural depende de la metodología usada, la que puede cambiar discrecionalmente sin que cambie la economía real que hay detrás.
• Finalmente, el balance estructural depende de variables no observables —PIB tendencial y precio de largo plazo del cobre—, que pueden modificarse con el tiempo sin que cambie la realidad económica subyacente.

Por tanto, el balance estructural es un indicador extraordinariamente difícil de comunicar y comprender.

En contraposición a estas dificultades, la deuda es una variable observable, sin ambigüedad, simple de entender, más completa en su cobertura y el resultado es un acumulado de decisiones de política fiscal. Por ello, aunque el balance estructural sigue siendo valioso para orientar la política fiscal de corto plazo, la evolución de la deuda pública debe ocupar un lugar prioritario en la evaluación de la sostenibilidad fiscal.

Aquí conviene hacer una precisión que se olvida con frecuencia en el debate: el nivel de deuda que Chile puede sostener es sustancialmente menor al que toleran las economías desarrolladas. Países con mercados de capitales profundos, reservas internacionales relevantes, bancos centrales creíbles y una larga trayectoria de cumplimiento de obligaciones pueden alcanzar niveles de deuda por sobre 90 o 100% del PIB sin que el mercado exija un premio por riesgo más elevado y reacciona con menor sensibilidad frente a deterioros fiscales.

Chile no tiene ese margen: la capacidad de financiamiento, la profundidad de nuestro mercado de capitales y nuestra condición de economía emergente exportadora de materias primas, expuesta a shocks de términos de intercambio, no permiten comparación. Cotejar el 45% chileno con el endeudamiento de Francia o Japón, como a veces se hace para sugerir que “hay espacio”, es una comparación que conduce a decisiones fiscales riesgosas.

La adopción de una regla dual, que combina metas de balance estructural con un límite de deuda, fue un avance institucional relevante. Sin embargo, persisten problemas de diseño que merecen atención. Al establecer el límite de deuda como un ancla de mediano plazo, la evaluación de su cumplimiento presenta complejidades no resueltas.

A priori, la responsabilidad fiscal se evalúa respecto de que la deuda no supere el umbral durante el período de gobierno. Ello puede generar incentivos para contener artificialmente la deuda en el corto plazo —consumiendo los activos del Tesoro Público, extrayendo utilidades de empresas públicas más allá de lo sostenible, o postergando pagos a proveedores—, pero incubando una presión que estallará inevitablemente en el mediano plazo. Esto es exactamente lo que ocurrió en la transición 2025-2026: el umbral se “cumplió” en el papel, pero el ajuste real quedó para el período siguiente, llevando la deuda bruta a sobrepasar el 45% hacia 2028.

Esto no es un detalle técnico menor, porque cada punto adicional de deuda significa más intereses a pagar, restando recursos para salud, educación o inversión pública. El rigor fiscal exige medir lo que realmente compromete el futuro —la deuda— y no la medición contable de un balance que cambia de valor sin que cambie la economía, evitando además mecanismos que trasladen costos fiscales actuales hacia el futuro.