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El lunes el presidente tendrá la oportunidad de dar un discurso que no quede atrapado en la contingencia legislativa ni en la herencia recibida, sino que hable con convicción de seguridad, muestre con orgullo lo que se ha hecho en salud e inversión, proponga una agenda de modernización del Estado y le recuerde al país por qué este gobierno existe. Si logra hacer eso sin caer en la trampa de un discurso interminable, puede marcar un punto de inflexión.
Cada vez que se acerca la cuenta pública, el debate político termina ordenándose en torno a las urgencias del gobierno de turno. Este año esa urgencia tiene nombre propio: el Plan de Reconstrucción Nacional. Con todo, sería un error que el discurso presidencial quedara excesivamente atrapado en ese punto. No solo porque ya domina buena parte de la agenda, sino también porque el oficialismo tiene una oportunidad poco habitual de cambiar el tono de su relato y mostrar que todavía existe un horizonte político más allá de la emergencia económica.
En seguridad, por ejemplo, el presidente tomó una decisión valiente al nombrar a Martín Arrau como ministro. Sin embargo, más allá de esa señal, el gobierno todavía le debe al país un relato coherente en esta materia.
Acciones no faltan. Hay más de veinticinco proyectos de ley en seguridad a los que el ejecutivo le ha dado algún tipo de urgencia, autoridades recorriendo pasos fronterizos y coordinaciones con las policías que han culminado en operativos exitosos en zonas donde antes el Estado parecía incapaz de ingresar. El problema es que todo eso ha llegado sin un hilo conductor claro y termina transmitiendo más reacción que planificación.
A fin de cuentas, la ciudadanía no distingue solamente entre buenas y malas medidas, sino entre gobiernos que parecen tener el control de aquellos que no. La cuenta pública es una oportunidad para demostrar que esa promesa de seguridad no era simplemente retórica.
Por otro lado, es importante que el oficialismo rescate resultados que están en un segundo plano de la conversación pública.
El plan para reducir listas de espera oncológicas probablemente ha sido una de las políticas sanitarias más ambiciosas. Ha requerido recursos, reorganización institucional y capacidad de gestión. Según datos del Ministerio de Salud, ya se han resuelto más de 20 mil atenciones de pacientes con esperas prolongadas. Y, sin embargo, fuera del sector salud casi nadie parece hablar de ello.
Algo parecido ocurre con la inversión regional. La Región de Valparaíso, por poner el caso más cercano, ha visto avanzar en pocos meses proyectos que llevaban años paralizados: la extensión del metro hacia La Calera, Maratué y las expansiones portuarias de Valparaíso y San Antonio. Cuesta recordar un período reciente con un impulso similar en iniciativas de esa escala. Y no es un dato menor, porque es precisamente en las regiones donde el presidente conserva parte importante de su capital político y donde persiste una expectativa real de cambio.
Hay también una agenda que debiera ocupar un lugar más central en la cuenta pública: la modernización del Estado. La simplificación de permisos es quizás el ejemplo más evidente. El gobierno anterior impulsó la ley de permisos sectoriales y esta administración decidió doblar la apuesta. Reducir los tiempos de tramitación no es un capricho tecnocrático, sino una política pública que impacta directamente en el bolsillo de los chilenos.
En esa misma discusión aparecen otros temas igual de relevantes, como el uso eficiente de los recursos públicos, el régimen de contratación de funcionarios, las brechas tecnológicas a nivel municipal y los desafíos que plantea la inteligencia artificial para un Estado que todavía funciona con demasiada lentitud.
A eso se suma una reforma que ha pasado relativamente desapercibida, pero que puede tener efectos profundos. Me refiero a la modernización del sistema procesal civil impulsada por el Ministerio de Justicia. El país lleva más de quince años discutiéndola y, si se implementa correctamente, podría transformar la experiencia de miles de personas que hoy enfrentan un sistema lento, caro y deslegitimado. Que el gobierno haya decidido mover esa discusión habla bien de su disposición a impulsar reformas cuyos resultados probablemente no tendrán una rentabilidad política inmediata.
Pocas cosas generan más consenso que un Estado que funciona mejor. Por eso, anunciar con claridad una agenda de modernización sería también una forma inteligente de recuperar iniciativa política en un momento en que el Plan de Reconstrucción Nacional ha absorbido casi toda la atención mediática.
Por último, el discurso debiera evitar dos tentaciones habituales.
La primera es insistir excesivamente en la herencia recibida. El diagnóstico ya es conocido y repetirlo demasiado solo transmite la sensación de que el pasado se usa como explicación permanente para eludir el presente. Basta con contextualizar y seguir adelante.
La segunda tentación es más sutil, pero igual de peligrosa. Es la de una coalición que gestiona bien pero que ha perdido el hilo de por qué está ahí. Este gobierno no llegó al poder por el trabajo de los partidos de la coalición ni por una campaña particularmente brillante.
Llegó porque una cantidad extraordinaria de personas, muchas de ellas sin militancia ni adhesión doctrinaria, decidieron que había algo que valía la pena defender. Son los mismos que se unieron para rechazar una propuesta constitucional que habría desmantelado los contrapesos institucionales del país y abierto un proceso refundacional sin retorno.
Eso fue un triunfo histórico, y la mística que lo hizo posible no debería evaporarse en el día a día de la administración. La cuenta pública es una buena oportunidad para recuperar ese hilo y recordarle al país que este ciclo presidencial es la continuación de ese esfuerzo colectivo.
El lunes el presidente tendrá la oportunidad de dar un discurso que no quede atrapado en la contingencia legislativa ni en la herencia recibida, sino que hable con convicción de seguridad, muestre con orgullo lo que se ha hecho en salud e inversión, proponga una agenda de modernización del Estado que convoque a todos, y le recuerde al país por qué este gobierno existe. Si logra hacer eso sin caer en la trampa de un discurso interminable, puede marcar un punto de inflexión.
