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Las próximas semanas veremos en el trámite senatorial de la Ley de Reconstrucción si definitivamente el gobierno pasa a escribir su historia en prosa o continúa en la lírica para contentar a los suyos.
Quizás nunca antes se había ilustrado con tanta claridad -al extremo de la caricatura- que la lírica de las campañas electorales contrasta radicalmente con la prosa realista a la que se ve obligado quien gobierna, independientemente de cuán altas e ilusorias fueron las cumbres de las promesas que se hicieron para conquistar la adhesión electoral que les dio acceso a gobernar.
Sin mediar presión periodística, el presidente Kast, en cuya campaña pedía a los inmigrantes irregulares descontar los días que quedaban para su arribo a La Moneda, explicó que su promesa de expulsar a 300 mil migrantes era una metáfora y que, si alguien creyó que se trataba de un compromiso literal, entendió mal el mensaje. Más tarde corrigió, especificando que se trataba de una hipérbole, figura retórica que consiste en exagerar desproporcionadamente la realidad para enfatizar una idea o provocar un fuerte impacto emocional.
Las hipérboles en los diagnósticos y las promesas son muy frecuentes en las campañas, pero inadmisibles e inconvenientes en el ejercicio de gobernar. Esto quedó en evidencia cuando un posteo oficial reprodujo la hipérbole diagnóstica de la economía usada en campaña, que Chile estaba quebrado, recibiendo el repudio del mundo empresarial, del ministro de Hacienda e incluso Contraloría, por los riesgos que genera la proyección al mundo de ese diagnóstico hiperbólico desde el propio gobierno de Chile.
En mayo de 2025, cuando todavía no era el favorito en la carrera opositora por el paso a segunda vuelta, José Antonio Kast junto a todo su equipo presentó “El plan implacable”, descrito como “una propuesta integral para enfrentar el crimen organizado, restablecer el orden y devolverle a los chilenos su derecho a vivir sin miedo”.
A juzgar por lo ocurrido con el ministerio de Seguridad, esta vibrante poesía de campaña no logró en tiempo y forma traducirse en prosa de gobierno, pues casi dos tercios de los chilenos se convencieron de que carecían de un plan concreto para enfrentar la delincuencia y el narcotráfico, lo que desencadenó el ajuste gubernamental más tempranero desde 1990.
El nuevo ministro de Seguridad, hombre fuerte del primer círculo de confianza del presidente Kast, marca el inicio de su gestión decepcionando a su barra brava, validando la Política Nacional de Seguridad Pública del gobierno del presidente Boric como un marco suficiente y amplio para enfrentar la crisis delictual, por supuesto señalando que sobre esa base desarrollará estrategias operativas específicas en materias como combate al narcotráfico y crimen organizado.
Lejos de las hipérboles sobre la “capitulación” del gobierno de Boric frente a la crisis de seguridad, ahora se reconoce implícitamente el hecho irredargüible de que en los años que siguieron a la mutación experimentada por el gobierno pasado después del plebiscito de septiembre 2022, la seguridad pasó a ser prioridad gubernamental y, aunque algunos de sus partidarios no lo hubieran querido, se le recordará como el gobierno que aprobó más normativas legales que aumentaron efectivamente la capacidad del Estado para combatir la delincuencia.
Es que se gobierna en prosa, y las pretensiones refundacionales, la idea de que todo comienza con nosotros y nadie ha hecho lo que había que hacer, caben en versos poéticos, pero la prosa exige continuidad y reconocimiento de los acontecimientos y protagonistas que te preceden en el ejercicio del poder. Aunque decepcione a algunos de sus partidarios más fervientes, es el único camino que no tiene garantizado el fracaso.
Hay pruebas indiciarias de que el gobierno está abandonando la poesía de campaña e ingresando plenamente a la prosa del ejercicio realista de gobernar. Pero son sólo indicios, que conviven todavía con hipérboles diagnósticas y promesas incumplibles. Todavía insisten en su objetivo completamente ilusorio de expulsar a 300 mil migrantes irregulares, resistiéndose a asumir que más temprano que tarde el país tendrá que regularizar a aquellos que llevan años, tengan trabajo y no hayan cometido delitos, a menos que quiera eternizar el problema que representa para la propia seguridad la existencia de cientos de miles de personas fuera de la legalidad.
Las próximas semanas veremos en el trámite senatorial de la Ley de Reconstrucción si definitivamente el gobierno pasa a escribir su historia en prosa o continúa en la lírica para contentar a los suyos. Se juega en la disyuntiva de buscar acuerdos para que la rebaja del impuesto corporativo, el acortamiento de los plazos para emprender grandes iniciativas de inversión, el fomento al empleo formal y el alivio a los adultos mayores en el pago de contribuciones, entre otras cosas, se aprueben con mayorías amplias que les den estabilidad futura, o concentrarse simplemente en recuperar el voto de su senador encaprichado y convencer a los dos senadores salidos de la Democracia Cristiana para poder imponer sus puntos de vista sin modificaciones.
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