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La discusión sobre fondos no reclamados no es un tema administrativo menor. También es una discusión sobre confianza y sobre la capacidad de los sistemas previsionales de cumplir efectivamente su propósito: transformar ahorro en protección social para las personas y sus familias.
Cuando se habla de pensiones, el debate suele centrarse en cobertura, suficiencia o rentabilidad. Sin embargo, existe otro aspecto igual de relevante para la legitimidad de los sistemas previsionales: ¿qué ocurre con los ahorros que no son reclamados por sus titulares o beneficiarios?
Ya sea porque una persona fallece y su familia desconoce la existencia de esos recursos, porque existen registros desactualizados o porque un trabajador nunca solicita su pensión pese a cumplir la edad legal de jubilación, el desafío de identificar oportunamente a los afiliados y asegurar que los fondos lleguen efectivamente a quienes corresponden se ha transformado en un tema cada vez más relevante para los sistemas de capitalización individual.
A medida que estos sistemas maduran y aumenta el número de personas que transita hacia la etapa de retiro, el fenómeno de las cuentas no identificadas y beneficios no reclamados adquiere mayor visibilidad. De acuerdo con la Nota de Pensiones N°91 de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones, FIAP, esta problemática está asociada a factores estructurales como la informalidad laboral, la migración, la baja educación previsional y trayectorias laborales fragmentadas, donde muchas veces las personas pierden trazabilidad de su propia historia contributiva.
El análisis comparado entre países muestra además que no existe una única solución.
En Chile, las AFP realizan cruces permanentes de información con el Registro Civil, el Servicio de Impuestos Internos y otras instituciones públicas para identificar titulares y beneficiarios. Además, existen campañas de actualización de datos, plataformas de consulta de afiliación y mecanismos de revisión de cuentas inactivas. Mientras no se identifica al titular, los fondos continúan invertidos y generando rentabilidad. Solo en última instancia podrían pasar al Estado mediante proceso judicial.
Costa Rica establece un plazo de diez años para reclamar estos recursos. Cumplido ese período, los fondos son transferidos al Régimen No Contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social.
México enfrenta una situación particularmente desafiante debido a la alta informalidad y a la existencia de millones de cuentas con expedientes incompletos. Sin embargo, ha avanzado en herramientas biométricas y expedientes electrónicos para fortalecer la identificación de afiliados. Además, incluso si los recursos pasan al Fondo de Pensiones para el Bienestar, estos mantienen carácter imprescriptible y pueden ser reclamados posteriormente.
Uruguay, por su parte, cuenta con uno de los sistemas más estrictos en materia de identificación. Las cuentas individuales no pueden abrirse sin validación previa con registros oficiales, reduciendo significativamente el riesgo de cuentas sin titular identificado.
Detrás de estas diferencias existe un desafío común: mantener la trazabilidad previsional de las personas en mercados laborales cada vez más dinámicos, informales y móviles. Y es precisamente ahí donde las administradoras de fondos de pensiones cumplen un rol fundamental.
La experiencia internacional muestra que este desafío será cada vez más relevante en los próximos años. El envejecimiento de la población, la migración y las nuevas formas de empleo exigirán sistemas previsionales capaces de seguir acompañando a las personas a lo largo de trayectorias laborales más fragmentadas y menos lineales.
Por eso, la discusión sobre fondos no reclamados no es un tema administrativo menor. También es una discusión sobre confianza y sobre la capacidad de los sistemas previsionales de cumplir efectivamente su propósito: transformar ahorro en protección social para las personas y sus familias.
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