Ingresar
5 min
Claudio Martínez (PS), que renunció a la dirección de Gendarmería luego de la Fuga del Siglo, hoy trabaja como director regional de Patrimonio Cultural en Ñuble. Pero sigue pendiente de los temas de penitenciaría. Siendo un hombre de la Concertación, hoy defiende la idea de Kast de volver a hacer de Punta Peuco un recinto para presos uniformados.
-El gobierno confirmó estar evaluando una modificación para que el penal Punta Peuco vuelva a ser solo para exfuncionarios de las Fuerzas Armadas. ¿Estás de acuerdo?
-La segregación y segmentación son parte de los criterios de un buen manejo de recinto carcelario. Una cárcel especial para cierto tipo de preso, no se puede interpretar como si fuera un privilegio.
-En noviembre de 2025, Boric quiso poner fin a Punta Peuco como penal especial para victimarios de la dictadura y lo convirtió en un penal común. ¿Por qué te opones a que los culpables de crímenes de lesa humanidad tengan las misma condiciones que otros presos?
-La razón básica es la seguridad. Imaginemos lo que hubiese ocurrido en esos años si alguno de estos presos sufriera un atentado. Además, hay una voluntad política explícita de respetar los derechos humanos de los violadores de derechos humanos, de los criminales de lesa humanidad. Eso fue un principio rector durante la Concertación que orientó la construcción de esa cárcel.
-Tú viviste ese proceso. ¿Cuáles fueron los mayores obstáculos?
-El gobierno del Presidente Aylwin inició el proceso y lo continuó el Presidente Frei. La Concertación había sido extremadamente crítica de la violación de los derechos humanos. Por lo tanto, la premisa era que no podíamos nosotros responder con las mismas armas. Era un principio ético superior.
-A fines de 1994, cuando Ricardo Lagos era ministro del MOP se negó a firmar un decreto que autorizaba la construcción del penal de Punta Peuco.
-Para financiar la construcción, primero, se hizo un trato directo. Se asignó con toda la reserva del caso a una empresa. Tenían que firmar un decreto de emergencia el ministro de Justicia, el ministro de Hacienda y el ministro de Obras Públicas para ejecutar la obra. Ricardo Lagos se niega a firmar esto y dice: “no estoy dispuesto a firmar una cárcel de cinco estrellas para Manuel Contreras”. El conflicto se resolvió a través de Gendarmería, que le permitió construir su propio recinto carcelario. Por lo tanto no hubo necesidad de obra pública. Fue hecho a la medida de Lagos.
-La administración Kast, apartándose de la doctrina Boric, es partidaria de no mezclar población civil con exfuncionarios de las Fuerzas Armadas condenados por delitos de derechos humanos.
-El gobierno de Boric argumentó que no van a haber privilegios, que todos los chilenos son iguales. Por lo tanto todos tienen que ir a una cárcel común, cual fuera su condición. A mi juicio, se contradice con los criterios de segregación que hoy día siguen vigentes.
Pensar que una cárcel tiene privilegios porque es una cárcel en la cual hay un determinado perfil de preso es más bien una posición ideológica, no penitenciaria. Me parece una posición lógica que se vuelva al régimen original, porque resguarda la vida de estas personas, que es una obligación de Gendarmería y del Estado.
-¿Crees que estos violadores de derechos humanos en una cárcel común se vean amenazados?
-Evidentemente que en la cárcel común pueden correr un cierto riesgo. Hay que ser realistas en esto, no hay que ser ingenuo. Gendarmería no puede resolver las desigualdades sociales pretendiendo una igualdad al interior de los recintos carcelarios. Eso es ilógico. No tiene sentido.
-Dices que no es un privilegio. ¿Y Capitán Yáber?
-Es lo mismo que capitán Yáber, donde va cierto tipo de personas. Se podría interpretar también que Capitán Yáber es un privilegio. Y no es así. Recordemos que cuando Manuel Monsalve va inicialmente a la cárcel de Rancagua y ahí se ve amenazada su seguridad, se le trasladó a Yáber.
Insisto: las políticas de segregación y segmentación de los presos no pueden considerarse un privilegio, sino que obedecen a una política básica de seguridad de los presos. Segmentar no es un privilegio, es una medida lógica de una política penitenciaria sana.
-¿Qué te parece que no haya un sistema parecido a Yáber para mujeres?
-Ahí hay un problema un poco más práctico: son menos las mujeres involucradas. Como hay un volumen muy pequeño, no se ha tomado la decisión de construir una cárcel especial. Ese tema se conversó. Entiendo que hay un cierto acuerdo y en la cárcel de mujeres que está en Vicuña Mackenna se va a construir una parte especial para este tipo de mujeres con un determinado perfil.
-Hay fuertes señales de corrupción en Gendarmería. ¿Qué tan grave es?
-Los hechos demuestran que no es exagerado, sino que es real. El traspaso de Gendarmería al Ministerio de Seguridad Pública es una medida absolutamente necesaria hoy día, ya que el crimen organizado ha infiltrado el sistema penitenciario. Debiera abrir la puerta o debiera ser el puntapié inicial también de una reforma y de una reestructuración de gendarmería. Buena parte del crimen organizado funciona dentro de las cárceles.
-Los presos violadores de derechos humanos que están con enfermedades terminales. ¿Corresponde que se fueran a sus casas a morir tranquilamente?
-Yo sostengo que los crímenes que ellos cometieron son de tal gravedad, que no solamente han afectado a las víctimas, sino que hacen víctima a toda el entorno de ellas, a las familias. Entonces, yo creo que en ese caso hay que ser extremadamente prudente y probablemente verlo caso a caso.
Ver esta publicación en Instagram
