La agresión sufrida por la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, en la Universidad Austral el 8 de abril generó reacciones de condena transversal. Y con justa razón, si luego de recibir golpes y ser insultada por su origen étnico debió estar retenida por más de dos horas y luego escoltada por la PDI para poder salir del recinto. Sin embargo, la pregunta pertinente no es qué ocurrió ni por qué condenarlo, sino por qué seguir calificando este tipo de hechos como excepcionales o inesperados.
Desde al menos 2008, cuando la entonces ministra de Educación Mónica Jiménez recibió un jarrazo de agua durante una protesta estudiantil, los recintos educacionales en Chile empezaron a salirse de cauce. La agresión no produjo consecuencias significativas para quienes la perpetraron ni abrió un debate sostenido sobre los límites de la movilización. Lo que sí hizo fue bajar las barreras de lo tolerable, lo que con el tiempo terminó permitiendo las tomas masivas, las quemas de infraestructura pública y las retenciones o persecuciones de autoridades que vinieron después.
El reciente caso Lincolao introduce, sin embargo, una dimensión que agrava la inconsistencia de quienes han tolerado o relativizado este patrón durante años. Lincolao no solo es mujer, es mapuche también. Dos características que la izquierda ha reivindicado con especial énfasis como identidades que merecen protección frente a la discriminación y la violencia. E incluso así, no solo fue agredida física y verbalmente, sino insultada de manera explícita por su pertenencia étnica.
Es imposible no imaginar lo que hubiera ocurrido bajo un gobierno de signo opuesto con una ministra con las mismas características personales, pero de militancia de izquierda. La respuesta habría sido cualitativamente distinta. Por lo mismo, lo que llama la atención en este caso no son solo las condenas con “pero”, sino el silencio de quienes en gobiernos anteriores encabezaban movilizaciones y exigían consecuencias cuando ocurrían cosas similares.
Por la selectividad de la reacción es que la violencia estudiantil en Chile no puede ser entendida como el resultado de individuos que actúan fuera de control. Son, por el contrario, prácticas que operan dentro de un ecosistema político que las tolera, las valida retóricamente cuando conviene y las sanciona de manera selectiva cuando no.
En 2021, durante las protestas de Panguipulli, la entonces diputada Catalina Pérez se preguntó “¿cómo quieren que no lo quememos todo?”, con edificios estatales ardiendo como telón de fondo. Después se retractó, pero no por haber transgredido un límite ético, sino por haberle “dado material a la derecha”.
Lo anterior no es un detalle anecdótico, sino el fondo del argumento.
La izquierda chilena construyó durante años una narrativa donde el gobierno de derecha representa una amenaza para la democracia, los derechos fundamentales y las conquistas sociales. Pero entendió también que para que esa narrativa sobreviva requiere evidencia de terreno que la sostenga. La violencia estudiantil cumple esa función. Condenarla de manera consistente y sin matices implicaría debilitar el argumento central que da sentido a su propia oposición. La tolerancia selectiva, en ese contexto, no es una debilidad ni una contradicción. Es una lógica política.
Al menos así quedó expuesta con claridad en una entrevista a Gabriel Boric en CNN Chile en 2025, cuando sostuvo que la ausencia de grandes movilizaciones durante su gobierno era evidencia de gobernabilidad, de su capacidad de canalizar el malestar.
El argumento, sin embargo, se vuelve en su contra. Si la movilización ocurre cuando la derecha gobierna por falta de respuestas, y no ocurre cuando gobierna la izquierda, la conclusión no es que la izquierda gobierna mejor. Es que el ecosistema de movilización no responde al malestar social en abstracto, sino al color político del gobierno de turno. La gobernabilidad que Boric reivindicó no fue un logro institucional. Fue una ventaja estructural que la derecha, por definición, no puede tener.
El costo de esa asimetría es alto y está bien documentado.
Lo que comenzó en octubre de 2019 como una protesta estudiantil por el alza de la tarifa del metro derivó en al menos 3.000 millones de dólares de pérdidas económicas estimadas por la Dipres, una crisis de derechos humanos denunciada por organismos internacionales y una desviación de la agenda pública que consumió al menos cuatro años en dos procesos constituyentes fallidos.
El estallido no fue un evento imprevisible precipitado por una chispa casual. Fue el resultado acumulado de años de retórica que validó la violencia como respuesta legítima al descontento político y de una institucionalidad que nunca estableció consecuencias proporcionales.
El efecto sobre la política pública es menos dramático, pero igualmente concreto. La reforma educacional del segundo gobierno de Bachelet fue en parte forzada por movilizaciones que operaron fuera del proceso legislativo, como mecanismo de presión directa sobre el Ejecutivo y el Congreso. El resultado fue una reforma que no mejoró los indicadores que la justificaban y que generó costos de implementación que el sistema educacional sigue absorbiendo. La presión callejera no produjo mejor educación. Produjo una reforma diseñada para responder a la presión.
No es ningún misterio por qué, a pesar de la falta de resultados, las movilizaciones y la violencia que traen siguen siendo funcionales.
Durante años la izquierda convenció a su base de que el modelo económico era intrínsecamente injusto y que la derecha era su expresión política más directa. Ese relato funciona bien como oposición. El problema es que cuando se traduce en gobierno y en política concreta, el enemigo desaparece y quedan los problemas reales, que son más complejos y más difíciles de resolver que lo que el relato prometía. La reforma educacional y los dos procesos constituyentes no fracasaron por falta de voluntad. Fracasaron porque fueron diseñados para ganar una disputa moral, no para resolver un problema genuino.
Lo que ocurre, en definitiva, es que ese relato no necesita producir soluciones para sobrevivir. Necesita conflicto. La violencia estudiantil lo provee. No es un medio para conseguir cambios. Es una demostración de que el conflicto existe y de que la causa es urgente. Las etiquetas cumplen la misma función. Calificar al gobierno de Kast como ultraderecha no es un diagnóstico político. Es la señal que activa el relato. Sin un enemigo de esa magnitud, la tolerancia con la violencia no tiene justificación moral, la gobernabilidad de Boric no tiene mérito propio, y la causa pierde urgencia. La agresión a la ministra Ximena Lincolao no fue una sorpresa. Fue una consecuencia.
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